El mejor ejemplo de lo que pasó con las marchas del 9 de abril es el caso del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien desfiló a nombre de las víctimas de la guerra y mucha gente pensó que lo había hecho para respaldar los diálogos de La Habana, que podrían terminar perdonando todos los delitos cometidos por los jefes de las Farc.
De hecho, el procurador general, Alejandro Ordóñez, consideró que Montealegre le abrió la puerta a la impunidad que, según él, contempla el llamado Marco Legal para la Paz, iniciativa que aprobó el Congreso de la República, pero que, curiosamente, tampoco tiene el visto bueno de los voceros de las Farc, quienes prefieren que lo aprobado en la Isla sea refrendado por los colombianos en una Constituyente. Las marchas, de cualquier forma, no tuvieron ni el alcance ni la magnitud de las alcanzadas por otras que se organizaron en el pasado, entre ellas, la que rechazó las prácticas de las Farc, como el secuestro, durante el gobierno de Álvaro Uribe y que sacó a las calles a más de 14 millones de colombianos.
En esta oportunidad no solo Uribe no la respaldó, sino que se opuso a las mismas, con el argumento de que era un respaldo a la impunidad de los jefes guerrilleros. El gobierno, con Juan Manuel Santos a la cabeza, tampoco fue claro en su convocatoria, pues pretendió convertir lo que era una marcha para solidarizarse con las víctimas en una especie de plebiscito a favor de los diálogos de La Habana e, inclusive, en un espaldarazo a su reelección.
A la postre, el Gobierno quedó con el sabor amargo de que las marchas tuvieron más pueblo que Unidad Nacional, que era lo que quería Santos, quien no recibió la carta blanca que esperaba para seguir con los diálogos de manera incondicional.
El Gobierno: mensaje confuso con resultados confusos
El presidente Juan Manuel Santos pretendió convertir la marcha del 9 de abril en un plebiscito a los diálogos de La Habana y, de contera, medirle la temperatura a su futura aspiración reeleccionista. Y ello contribuyó a confundir no solo el mensaje de convocatoria, sino los resultados de la marcha. De hecho, hubo quienes se quedaron en sus casas porque pensaron que al marchar el 9 de abril se estaba respaldando, no a las víctimas de la guerra, sino a sus victimarios, que no son otros que los guerrilleros con quienes negocia el Gobierno en La Habana.
A no ser que el Gobierno haya comprado el cínico discurso de Iván Márquez y compañía, según el cual las Farc también son víctimas de la guerra. Pero, además, el Gobierno creyó que los diálogos cuentan con el respaldo unánime de todos los colombianos, lo que, evidentemente, no ocurre, pues existe un considerable porcentaje de colombianos-más del 80%- que no sólo no creen en el éxito de las conversaciones, sino que desconfía de la voluntad de paz de las Farc.
La estrategia del Gobierno de sumarse a la convocatoria para tratar de neutralizar el éxito que obtendría Marcha Patriótica, tampoco resultó acertada, pues no solo no logró su cometido, sino que quedó matriculado con un movimiento político que despierta desconfianza en un sector influyente del país, que lo señala de ser patrocinado por las Farc. De hecho, el mismísimo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, salió a decir el 9 de abril en la mañana que Marcha Patriótica recibe dineros de las Farc, producto de actividades narcotraficantes. A la postre, ni el Gobierno se anotó el hit que Santos esperaba, ni sus opositores lograron el hecho político que habría sido el fracaso absoluto de las marchas.
Fuerzas Militares: ni deliberantes ni beligerantes
El comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, debió salir públicamente a desmentir a quienes pretendían involucrarlas en las marchas como actores principales de las mismas. Una cosa es que buena parte de las víctimas porten el uniforme de las Fuerzas Militares y otra muy distinta que sean utilizadas para obtener réditos políticos.
No está de más que quienes así se comportan entiendan los verdaderos alcances del discurso del presidente Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria de Bogotá en mayo de 1958, donde expresó con contundencia que los militares colombianos no son “ni deliberantes, ni beligerantes”.
Involucrar a las Fuerzas Militares en asuntos internos de los partidos y los gobiernos de turno podría convertirse en el más grave error del país en los últimos años, pues es el típico caso de las historias que todos sabemos cómo comienzan pero nadie sabe cómo terminan. Solo tenemos que mirarnos en el espejo de Venezuela para saber lo que podría pasar.
Las Farc: respaldar diálogos no significa apoyo a Márquez y Cía
Si Santos pretendía convertir las marchas en un plebiscito a favor del Gobierno, las Farc aspiraban a que las mismas fueran un gran respaldo a la negociación de La Habana. Y no fue así. El hecho de que los colombianos en su inmensa mayoría quieran la paz no significa que estén dispuestos a tragarse el sapo de la impunidad, que significaría una negociación sin castigo a los jefes guerrilleros, como pretenden Márquez y compañía, quienes, inclusive, llegaron a afirmar que no estaban dispuestos a pagar “un minuto de cárcel”.
Para un amplio número de colombianos, haber marchado el pasado 9 de abril habría significado tanto como un premio a quienes ni siquiera están dispuestos a pedir perdón por sus atrocidades. En ese sentido el mensaje fue todo lo contrario: nosotros los colombianos no estamos dispuestos a otorgar beneficios a quienes no están dispuestos a pedirlo. Pero, además, la marcha evidenció la falta de olfato político de quienes consideran que pueden actuar por encima del Derecho Internacional Humanitario y de toda la normatividad que castiga los delitos de Lesa Humanidad.
En ese sentido el mensaje es de doble vía, pues compromete a quienes violan las normas existentes, lo mismo que a quienes, desde el Ejecutivo, pretenden otorgar beneficios que podrían superar las penas fijadas por tribunales nacionales e internacionales. La convocatoria de los jefes guerrilleros desde La Habana, al igual que la del Gobierno, también resultó confusa y excluyente, pues puso la discusión en los términos de que quienes no apoyaban la marcha tampoco respaldaban los diálogos. Es decir, al excluir a las víctimas de la guerra -la razón de ser de las marchas-, centraron la convocatoria en los diálogos, que son, ya lo hemos visto, no solo controvertidos, sino con resultados inciertos.
Procurador y Fiscal: otra de las tantas guerras de la paz
El procurador general, Alejandro Ordóñez, y el Fiscal, Eduardo Montealegre, terminaron enfrentados por cuenta de los alcances de las marchas del 9 de abril. Mientras el primero se abstuvo de participar en la misma, el segundo fue uno de los abanderados del acto. Ordóñez considera que el Marco Legal para la Paz -respaldado por Montealegre- premia a los jefes guerrilleros y convierte a Colombia en un país “paria”, mientras que el Fiscal General considera que el Gobierno y sus negociadores tienen el legítimo derecho de llevar a cabo una negociación que permita poner fin al conflicto armado.
Hoy Procurador y Fiscal están en orillas opuestas, paradójicamente, por cuenta de un tema que debería servir para unir a todos los colombianos en la búsqueda de un propósito común, como es alcanzar la paz. Llama la atención que el motivo de la controversia -el Marco Legal para la Paz- ni siquiera es considerado por las Farc, pues éstas le apuestan a una Asamblea Nacional Constituyente.
Análisis
Óscar Montes
La Ley del ‘Montes’
@leydelmontes