Casi mil líderes sociales asesinados tras el desarme de las Farc

Casi mil líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, según un informe divulgado este lunes por tres organizaciones civiles.

«Desde que se suscribió el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC–EP hasta el 15 de julio de 2020, 971 personas (entre) líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia», detalla el documento.

La Cumbre Agraria, Étnica y Popular; la fundación Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica divulgaron esa cifra y exigieron hoy al Gobierno fortalecer las medidas para proteger a los líderes, así como no minimizar su situación.

«Hay que ir hasta el fondo del problema para no solamente tener una ruta de investigación sino una prevención, una garantía de derechos y entender que los homicidios de los líderes y defensores son la punta más atroz de un fenómeno agresivo», dijo durante la presentación del informe el director de Indepaz, Camilo González Posso.

Disputas sin tregua

Los crímenes cometidos en este periodo se concentraron año tras año principalmente en los departamentos del Cauca, Antioquia, Córdoba, Nariño, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Caquetá y Caquetá, que abarcan la mayor parte del país.

En estos territorios confluyen varios factores que agravan las condiciones de las organizaciones sociales, como las disputas estructurales por tierras y por recursos naturales, los cultivos ilícitos, el narcotráfico y actividades minero-energéticas.

Además, son zonas en las que las FARC tenían gran presencia por lo que tras su desmovilización se han agudizado los conflictos entre narcotraficantes y paramilitares que se disputan el control territorial.

El informe también resalta que en estas regiones, muchas de ellas zonas de frontera y con visibles ejercicios de resistencia, «ha habido una presencia prolongada del Estado en acciones de guerra y lucha contra las drogas con una débil institucionalidad civil».

Otra situación que convierte a estos lugares en blanco de los grupos armados ilegales es que gran parte de ellos son territorios étnicos históricamente abandonados por el Estado en los que hay zonas de Reserva Forestal y baldíos en disputa para megaproyectos minero-energéticos y agroindustriales.

«Se ataca a las comunidades por la defensa que ellas hacen del territorio. El empoderamiento social es lo que choca con los intereses de apropiación tradicional y violenta», explicó González al referirse al hostigamiento del que son víctimas los líderes.

Conflictos agrarios

Más del 60 % de los crímenes citados en el estudio fueron atribuidos a actores no identificados y el resto a grupos narcoparamilitares, disidencias de las FARC, miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a la fuerza pública.

Los liderazgos más amenazados, subraya el documento, son los de las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales, que en el periodo evaluado fueron víctimas de 681 de todos los asesinatos.

Los «conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 70,13 % de los homicidios», mientras que del liderazgo relacionado con la erradicación o sustitución de cultivos de coca se registraron 97 crímenes, el 10 %.

Según la investigación, a pesar de las denuncias de las comunidades y las alertas emitidas por organismos internacionales y nacionales, como la Defensoría del Pueblo, el riesgo y la amenaza para los líderes colombianos no se detiene.

En lo corrido de 2020 las organizaciones han contabilizado 171 asesinatos, cifra que contrasta con el informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos que el pasado 9 de julio dijo que este año el Gobierno ha contado 37 homicidios de líderes sociales y que otros 49 estaban en proceso de verificación.

Las organizaciones explicaron que para la elaboración del informe se basaron en noticias, comunicados o denuncias públicas sobre asesinatos de personas calificadas como líderes y que, según las fuentes, fueron cometidos por su condición de defensoras de los derechos de las comunidades.

«Además de visibilizar la grave crisis humanitaria que atraviesa el país, buscamos que las instituciones actúen sobre el esclarecimineto de los hechos», aseguró el vocero de Marcha Patriótica, Cristian Delgado.

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