La vacuna candidata contra la COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford ha comenzado a ser probada en Brasil, el segundo país del mundo más afectado por la pandemia y donde los casos de coronavirus podrían superar los 10 millones debido a la elevada subnotificación.
El alto nivel de infección del virus en el país, donde el número de casos podría ser hasta diez veces mayor que el registrado en las estadísticas oficiales, ha convertido a Brasil en el primer país en iniciar las pruebas en humanos, fuera del Reino Unido, para comprobar la inmunización contra el SARS-COV-2.
Con más de 51.000 muertos y 1,1 millones de infectados confirmados oficialmente, Brasil es el segundo país del mundo con más casos y decesos por COVID-19, situándose tan solo por detrás de Estados Unidos.
Mientras la gran mayoría de países del mundo temen ya la llegada de una segunda ola del virus, el patógeno continúa expandiéndose por Brasil, principalmente por el centro-oeste y el sur del país, un avance que no ha frenado a los gobernadores de los diferentes estados a la hora de proseguir con la desescalada iniciada a comienzos de mes.
La reapertura de la economía ha encendido las alertas entre los especialistas, quienes temen que en las próximas semanas puede haber un rebrote en algunas de las zonas donde se había logrado contener el virus, como en el sudeste o el norte.
Pese al creciente aumento de casos, las cifras recogidas por el Gobierno reflejan tan sólo «la punta de un iceberg», según precisó Medronho, catedrático de Epidemiología de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
«Hoy tenemos más de un millón de casos y puedo afirmar que es muy probable que los casos reales estén en cerca de 10 millones. Estamos tan solo viendo la punta de un gran iceberg que está sumergido y no estamos evaluando», agregó.
Su teoría fue reforzada por una investigación divulgada hoy por la alcaldía de Sao Paulo, la cual concluye que en la capital paulista podría haber ya más de 1,1 millones de infectados del nuevo coronavirus, la misma cifra registrada por el Gobierno en todo Brasil.
La investigación, basada en la realización de pruebas serológicas para detectar anticuerpos de COVID-19 en una parcela de la población, mostró que los contagios en Sao Paulo, la ciudad más poblada del país, con 12 millones de habitantes, son casi diez veces superiores a los 120.000 casos registrados oficialmente.
Aunque las autoridades garantizan que ya ha habido una estabilización de los casos en Sao Paulo, la situación podría empeorar en las próximas semanas como consecuencia de la flexibilización de las medidas de aislamiento social.
Según explicó el médico, la mayoría de países europeos decidió reabrir la economía cuando la tasa de contagios era inferior a 1, mientras que en Brasil muchos estados y municipios están reabriendo con una tasa de 1,8.
«Infelizmente en nuestro país el problema no es solo el virus, también padecemos otra infección que es la baja política en función de las elecciones (municipales) de final de año. Los gestores están más interesados en ganar votos que en salvar vidas», comentó.
Bolsonaro, obligado a usar tapabocas
El principal promotor de la reapertura económica en el país es el presidente Jair Bolsonaro, uno de los gobernadores más escépticos sobre la gravedad de la pandemia y quien ha llegado a tildar el virus de «gripecita».
El líder de la ultraderecha ha circulado a menudo por Brasilia sin la máscara, contrariando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y ha comparecido en actos junto con sus seguidores, llegando incluso a abrazarlos en público.
Pero un juez federal determinó este martes que el presidente deberá usar la máscara preventiva contra el coronavirus cuando esté en público o, en caso contrario, deberá ser multado en la suma de 2.000 reales (unos 400 dólares), como ocurre con todo ciudadano que reside en el Distrito Federal.
Hace diez días, esa sanción le fue aplicada al ahora exministro de Educación Abraham Weintraub, quien acudió a unas manifestaciones en las que «bolsonaristas» radicales exigían el «cierre» de la Corte Suprema y el Congreso mediante una «intervención militar» y lo hizo sin la máscara preceptiva.