¿Dónde están la ignorancia y la mezquindad?

Gloria Zamora Patiño

Mayo 21 de 2020

Me tomó varios días hacerme consciente que el nudo que sentía en mis tripas era algo más que la ansiedad, consecuencia de soportar este confinamiento forzado a que nos obliga un microscópico organismo. Debió pasar algunas semanas para percatarme que la indignación que sentía lo era por llegar a la convicción que este mundo obtuso le sigue haciendo más caso a los mercaderes de la miseria y a los mezquinos pregoneros del odio, que a quienes abogan por una vida buena y digna para todos, y no una existencia concupiscente a costa de las angustias de las mayorías empobrecidas y miserables.

Y es que con pocos días de diferencia, en las últimas semanas conocimos de hechos y decisiones que tienen la capacidad de hacernos sentir en una representación absurda de una realidad que se repite y que, la verdad sea dicha, nos deja perplejos, no por increíbles, que todo puede suceder en este Macondo, sino porque manifiestan que transitamos caminos regresivos y desandamos lo que pensamos que habíamos avanzado.

Crisis en la Amazonia, “atendida” con total desconocimiento de la realidad poblacional y territorial, lo que forzó la tutela interpuesta por varios actores, en contra del presidente Duque y su gabinete, señalando las contradicciones e inconsistencias del accionar gubernamental en esta pandemia, por lo que solicitan la expedición urgente de normas especiales para la atención de la emergencia y proponen una hoja de ruta.   Pero esta crítica situación no es sino la prolongación de la ya existente en esta región afectada por los incendios forestales y la apropiación de la tierra por foráneos, lo que motivó que 25 niños recurrieran a otra tutela, por razón de las amenazas a sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua. La Corte Suprema en un fallo histórico la resolvió favorablemente hace dos años, reconociendo como sujetos de derechos, tanto a la Amazonia como a las generaciones futuras que merecen disfrutarla, y dio órdenes precisas al Gobierno nacional para protegerla, conservarla, mantenerla y restaurarla. Esperamos que la nueva decisión judicial permita enderezar el camino de las acciones para hacer frente a la emergencia sanitaria en esta región que afecta de manera grave e irreversible a 65 pueblos indígenas.

Los ciudadanos del montón, más hambrientos hoy que hace un par de meses,  por causa de esta crisis sanitaria, pasaron a ser ahora eventuales “atenidos”. En un desliz verbal más, que de alguna manera debe reflejar sus más profundas convicciones, la vicepresidenta, como cualquier tía regañona califica a los más afectados por esta crisis, de ser unos pedigüeños que deben seguir aguantando, y a los trabajadores los invita a no ser desagradecidos por tener un trabajo formal. Y hasta razón tiene señalando esto último, por cuanto el desempleo ya alcanza los dos dígitos, y más de la mitad de la población económicamente activa se desempeña en la informalidad, no gozan de especial protección del Estado y solo agradecen por la posibilidad de llegar a casa con el dinero del alquiler diario y con panela y pan para sus hijos.

Atenidos sí resultaron ser los 77 grandes empresarios  que estiraron la mano para ponerla sobre los recursos de la línea de crédito subsidiados del agro, Colombia Agro Produce,  a quienes el gobierno generosa  y eficientemente, rompiendo con sus mismas normas y regulaciones, u omitiendo hacerlas, les entregó millonarios recursos. De acuerdo con el informe de la Contraloría delegada para asuntos agrarios, “de los $226.000 millones colocados en esta línea de crédito hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales”. A finales del mismo mes, cuando se hizo pública la alerta del organismo de control, “nueve empresas reversaron los préstamos a los que habían accedido, regresando recursos por $58.753 millones”. Tal vez se les removió la memoria de lo ocurrido hace una década con Agro Ingreso Seguro y sus excéntricos beneficiarios, que luego apoyaron la campaña del mismo ministro que los benefició.

Como lo señala la Contraloría, “esta línea no fue focalizada por productos, regiones y en pequeños productores para atender la situación de emergencia y contribuir con la producción y con la sostenibilidad alimentaria”.  A esto respondía el presidente de FINAGRO, con débiles argumentos, como que  “es normal que los créditos sean solicitados con mayor rapidez por los grandes productores”.

Definitivamente las leyes y sus vericuetos se aplican a los de ruana y no a los de cuello blanco, y siempre será más agradable para los funcionarios de este corte, atender y resolver con amplias sonrisas las solicitudes de los que tienen poder y lo demuestran, antes que a los nauseabundos trabajadores de la tierra que no cuentan ni con una mínima cuenta en un banco, pero que son quienes nos garantizan a los citadinos que tengamos comida en la mesa.

“El pobre está acostumbrado a aguantar hambre….por un mes no se va a morir…”, le chateaba un concejal de la costa norte a otros dos funcionarios que estarían buscando una jugosa mordida de un contrato de entrega de mercados en esta emergencia, según denuncia de un periodista.

La ministra del interior, que se excusa de ponerle la cara a las regiones alegando ser demasiado vieja para moverse a los territorios, es muy enfática a la hora de defender el nombramiento como coordinador del tema de víctimas, del hijo de uno de los más temidos actores de la guerra interna, por su crueldad y los numerosos asesinatos y otros delitos que se le imputan.

A quién con sentido común se le puede ocurrir que será el mejor interlocutor con las víctimas del conflicto?  Creo que nadie cuestionaría que lo vinculen como asesor en asuntos en los que seguramente sería competente. Lo que es evidente es que no se pusieron en los zapatos de las víctimas a la hora de tomar tal decisión. A menos que quieran convertir este tema en otro motivo de polarización y de señalamientos que en nada beneficia a las víctimas reales del conflicto y que solo las revictimiza.

A quiénes se les ocurre considerar que los mejores oyentes de las demandas y requerimientos de los pueblos indígenas son aquellos que manifiestan, “yo odio a esos hps” o “deberian morirse esos indios”?  Dónde es dable pensar que funcionarios que se sientan a concertar con las autoridades indígenas y representantes de sus organizaciones, dándoles trato de enemigos cuya eliminación sería deseable, pueden siquiera acercarse a una comprensión elemental de su función como servidores públicos?

Es lo que ocurrió con las autoridades indígenas del Cauca, sobre los cuales se expresaron los funcionarios del nivel central, en medio de un espacio de concertación, afirmando que, “Ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida”.   Y son tan miserables que el 20 de mayo implementaron la decisión de 127 autoridades indígenas del CRIC, y entregaron gratuitamente toneladas de comida cultivada en sus tierras, a familias vulnerables de Popayán y a indígenas que no han podido regresar a sus territorios. Desde los territorios indígenas con clima frío trajeron productos como papas, fresas, ollucos y hortalizas; los territorios  con clima cálido, donaron guineos, plátanos, yucas y naranjas. Haciendo más de 5.000 entregas de alimentos suplían la obligación de las autoridades locales ante la crisis humanitaria urbana.

Me pregunto si la ignorancia y la mezquindad se encuentra en las parcelas y los territorios de los indígenas que llevan en minga de comida del campo a la ciudad, los alimentos que no les proporciona la institucionalidad a los más desprotegidos, o en los escritorios y las mentes obtusas de funcionarios que brillan por su soberbia y su ignorancia de la realidad que los circunda, y que desde una visión etnocéntrica miran el mundo de los “otros” como inferior y despreciable. A casi 30 años de la Constitución del 91 esta sociedad debería preguntarse por los avances logrados en esta materia.

Poco atenidos y muy creativos han sido los indígenas del Cauca en la búsqueda de alternativas que mitiguen la situación de hambruna y abandono de los más pobres, a través de las ferias de trueque que se regulan por la necesidad y no por la equivalencia monetaria de los productos que se intercambian.

Reprochable también la respuesta  del ministerio del Interior y de las TIC que por medio de mensajes, y con la vieja receta de que se trata de acciones individuales, escurren el bulto de la responsabilidad que tienen las entidades en la selección, nombramiento y capacitación permanente de sus funcionarios, máxime cuando de poblaciones vulnerables se trata.

Existe un deber de diligencia por parte de los nominadores y contratantes de estos funcionarios y servidores públicos, que deben ser idóneos para cumplir con los fines constitucionales del Estado, que en este caso hace relación a la protección y garantía de la diversidad cultural y étnica representada por estas poblaciones que son sujetos colectivos de derechos, y al deber de realizar acciones afirmativas que eliminen las prácticas discriminatorias, o las reduzcan, dado que se reconoce que han sido históricamente excluidos y han recibido un trato desigual e inequitativo.

 

Compartir: