El choque de cifras por asesinato de líderes

Líderes sociales advierten que los crímenes bajaron porque los defensores tienen miedo y  ya no denuncian. Según Indepaz, van 10 defensores asesinados en 2020.

Una paradoja parece resultar el hecho de que el presidente Iván Duque reporte la reducción en un 25% de los asesinatos de líderes sociales en 2019 y que, al mismo tiempo, se conozcan con desazón al menos cuatro asesinatos de estos defensores de derechos humanos sin que hubieran transcurrido aún los primeros 10 días de 2020.

De acuerdo con los registros de prensa, al 8 de enero pasado ya habían asesinado a cuatro líderes en Putumayo y Huila. El lunes pasado la lideresa Gloria Ocampo cayó acribillada en una vereda del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Y en la noche del miércoles fueron asesinados, también en veredas de Puerto Guzmán, otros dos campesinos que tenían relación con las labores de sustitución de cultivos ilícitos: Gentil Hernández y Óscar Quintero. Las víctimas de los crímenes las completó esa misma aciaga noche del miércoles el nombre de la lideresa Mireya Hernández, en Algeciras, Huila.

Sorprendió de esta seguidilla de homicidios las similitudes entre unos y otros: sicarios motorizados que abordan a las víctimas cerca de sus casas y descargan sus armas de fuego en las humanidades de los líderes.

En medio de este hilo de sangre, también en Puerto Guzmán, el líder social Arturo Tovar se salvó pidiendo ayuda al Ejército, que lo acompañó y evacuó, junto a su familia, hacia Mocoa, tras denunciar un intento de asesinato en su propia casa.

No obstante, según el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, son en realidad 10 los líderes asesinados en lo que va corrido de enero. Además de los cuatro mencionados anteriormente, Indepaz incluye en la luctuosa lista a Carlos Cardona, muerto en Ituango, Antioquia, el 2 de enero; Cristian Caicedo, en Guapi, Cauca, el 3; Virginia Silva, Páez, Cauca, el 7; Carlos Quintero, Puerto Guzmán, el 8; Emilio Campaña, Puerto Guzmán, el 8, y Anuar Rojas, Niquí, Chocó, el 9 de enero.

Según la ONU se registraron 86 asesinatos el año pasado y 303 desde la firma de la paz en noviembre de 2016, y un total de 365 desde el inicio de ese mismo año; Indepaz registra 250 homicidios en 2019, 23 de ellos en diciembre; y de acuerdo con la ONG Somos Defensores hubo 110 crímenes el año pasado.

Por su parte, el presidente Iván Duque, tras la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el jueves, reportó que durante 2019 los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se redujeron en un 25% con respecto a 2018, pero advirtió: “Esa cifra, por supuesto, a nosotros no nos llena, para nada, de complacencias”, poniendo de presente que la meta es llegar a cero casos violentos.

Sistema de protección 

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo a EL HERALDO que los mecanismos dispuestos para enfrentar este flagelo han servido para “controlar el homicidio de líderes” y producto de ello es la disminución del 25% en los crímenes.

“La Comisión de Garantías de Seguridad es un espacio en el que se hace seguimiento a la política pública para revisar las acciones emprendidas con el ánimo de desmantelar las organizaciones criminales que son las que atentan contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de la acción comunal y también aquellas personas que están en proceso de reincorporación”, dijo.

También reportó la jefa de la cartera política que la reestructuración de la Unidad Nacional de Protección se ha traducido en “logros tales como haber bajado los tiempos en los cuales se hace la revisión de la protección y aumentar en términos generales por encima del 23% la protección de líderes y por encima del 63% la protección colectiva”.

Frente al cuestionamiento de si está funcionando el sistema de denuncias y de si los líderes están pudiendo hacerlas sin ningún tipo de coacción de sus verdugos, la funcionaria asegura que “el sistema de denuncias tiene varias vías, lo puede hacer la Defensoría, cualquier autoridad territorial, organizaciones sociales o a nivel individual. Lo cierto es que está probado, por ejemplo, con lo que pasó en Bojayá que hay la posibilidad de hacer las denuncias, que opera el sistema y que responde el Estado”.

Así mismo, reiteró Gutiérrez que tras las investigaciones de la Fiscalía y las sentencias de los jueces, que serían los mismos grupos ilegales (disidencias o residuales de Farc, el Eln, Clan del Golfo) “los responsables que están detrás de estos riesgos”.

“Ya no se denuncia”

El líder social cordobés Andrés Chica aseguró a este diario que la reducción de homicidios que registra el Ejecutivo se da a raíz de que “en el territorio ha habido una mayor dominancia de estos grupos, lo que ha llevado a que en la cooptación la gente haya preferido dejar de denunciar, y por eso vemos que pareciera que no pasa nada, pero hay combates todos los días, la gente se volvió a silenciar como otrora cuando las AUC. No ha habido una acción que límite o que contrarreste, sino que el control en el territorio de los grupos armados es absoluto”.

Señaló el director de la organización social Cordoberxia que en diciembre pasado “en el sur de Córdoba todas las acciones comunales hicieron fiestas con regalos, ron y comida, comprados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –Clan del Golfo–, y la gente está creyendo que ya son los amigos de la comunidad”.

Reiteró por ello el líder social que “a la gente la han silenciado, (…) está dominada y organismos como nosotros y otras organizaciones se están quedando sin insumos porque la gente ya no quiere denunciar”.

Por último, denunció Chica que a la par de estos amedrentamientos a la población hay connivencia entre miembros de la fuerza pública e integrantes de las organizaciones criminales: “Tan así es la connivencia que lo que se ha visto es que por un lado va la tropa del Ejército, en los Bajos de Santa Rosa –en Valencia, Córdoba–, y a menos de 10 minutos hay un retén de las Autodefensas Gaitanistas. (…) Lo más grave para el tema sociopolítico y sociocomunitario es que el escalón más bajo está siendo cooptado por el Clan del Golfo y han quitado los presidentes de la acción comunal que fueron de la comunidad e imponen allí a los directivos suyos”.

ELN y disidencias

César Niño, coordinador del Centro de Seguridad y Democracia de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, ve un desfase entre los reportes oficiales que dan cuenta de la reducción de crímenes y lo que realmente ocurre en los territorios.

“Hay que tener en cuenta que los indicadores tienen unos grandes problemas de interpretación, y que es posible que se reduzcan los números de asesinatos, pero no se está midiendo la calidad de las políticas públicas para evitar este tipo de asesinatos. Es decir, hay una gran brecha entre los reportes oficiales y la realidad del país”, indicó.

En diálogo con este medio, el analista de seguridad advirtió que “lo que sucede con el asesinato a personas que elevan banderas de derechos humanos, del medio ambiente, de asuntos sociales, de causas colectivas, tiene que ver con que se ha formado un nuevo cartel de crimen organizado dedicado a eliminar, asesinar y por supuesto a borrar de todo tipo de espacio público tanto a excombatientes de las Farc como a líderes sociales que buscan una causa colectiva”.

Niño señaló al Eln y las disidencias como dos de las “manos negras” detrás de la matanza.

Las cifras de Indepaz

El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, le dijo a este periódico que la situación de asesinatos y amenazas contra defensores de derechos humanos sigue siendo crítica.

“Cualquier mensaje que pretenda mostrar una buena situación o disminuir la urgencia de una respuesta, es equivocado. Se necesita tener una lectura completa de la situación sin desconocer el impacto positivo de la firma de los acuerdos de paz con la disminución radical de muertes y violencia asociadas al conflicto armado”, señaló.

Citó el exministro las cifras al respecto de la Defensoría: se han presentado amenazas en 334 municipios con un aumento del 10% con respecto al año anterior. En cuanto a homicidios de líderes la cifra se mantiene casi igual si se comparan registros durante los 16 meses del gobierno Duque (368) con los últimos 16 meses del gobierno Santos (361).

Para el economista las medidas anunciadas por el Ejecutivo de creación de zonas estratégicas, zonas con planes territoriales, aumento de presencia militar y lista de cabecillas con orden de captura, “se han mostrado insuficientes, especialmente porque le dan continuidad a las mismas recetas de guerra que se usaron antes de la firma de los acuerdos de paz”.

De hecho, advirtió, “en algunas regiones esa política de seguridad es como gasolina para un incendio: a los campesinos, indígenas y negros que están pidiendo en Tumaco, Cauca, Catatumbo y Putumayo planes territoriales y de sustitución de cultivos se les aplica la erradicación forzada, y son más de 300 mil personas de esas economías lanzadas a la pobreza sin ninguna respuesta social inmediata. En Chocó, Bajo Cauca y Catatumbo los grupos narcoparamilitares y el Eln siguen imponiendo el terror, y la presencia de más fuerza pública no muestra hasta ahora los resultados anunciados”.

Investigaciones

El fiscal general (e), Fabio Espitia, afirmó que de 365 líderes sociales asesinados reportados por la ONU desde 2016, se ha esclarecido un 52,32% de esos hechos.

Y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, reportó que de los 31 objetivos de los carteles de los más buscados por crímenes de líderes sociales se ha materializado la captura de 12 de ellos. Así mismo, añadió, han sido detenidos 74 autores materiales de crímenes de líderes sociales, 25 coautores y 10 autores intelectuales.

No obstante, la organización Somos Defensores, en su más reciente informe, cuestiona los reportes de las pesquisas al respecto y asevera que “la Fiscalía insiste en mostrar un porcentaje alto de esclarecimiento en las investigaciones de asesinatos de líderes y lideresas sociales, lo cual, además de no ser cierto, como se mostró una vez más en este informe, deja un gran interrogante: ¿Por qué tales resultados no se reflejan con el desmonte de los grupos de crimen organizado, que por el contrario, se fortalecen en los territorios?”.

Concluye la ONG en el documento que el Gobierno y en general el Estado “coinciden en una visión reduccionista de la criminalización del liderazgo social. De un lado, lo circunscriben al problema del narcotráfico y la minería ilegal, desconociendo asuntos históricos asociados a las disputas por el uso y tenencia de la tierra”.

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