POR OSCAR MONTES
@LEYDELMONTES
Ya es hora de que Colombia reglamente y regule la operación de las plataformas tecnológicas de transporte en el país.
Por un lado hay una Colombia que se resiste a instalarse en ese nuevo escenario mundial y por otro lado hay una Colombia que considera que llegó la hora de dar –¡por fin!– el salto al siglo XXI y dejar atrás el siglo XX con todas sus limitaciones en materia tecnológica.
La costumbre muy colombiana de politizar todo y de encontrar el mínimo pretexto para armar un bochinche, nos tiene enfrentados al tratar de hallar al culpable por la partida de Uber: los amigos del gobierno de Juan Manuel Santos señalan a Iván Duque de ser el responsable y los amigos de Duque descargan toda la responsabilidad en Santos, que tampoco hizo nada por solucionar el problema en sus 8 años de mandato. Los contradictores de Duque sostienen que reglamentar la operación de Uber en Colombia le quedó grande y sus amigos sostienen que el Gobierno no ha hecho nada distinto a acatar los fallos judiciales.
Mientras unos y otros se señalan mutuamente, lo cierto es que en Colombia seguimos nadando en un limbo legal en lo que tiene que ver con reglamentar y regular la operación de las plataformas tecnológicas relacionadas con el transporte no solo de Uber, sino de otras modalidades como las patinetas eléctricas, que también siguen sin reglamentación.
No deja de ser paradójico que mientras varias ciudades colapsan por la carencia y el mal estado de las vías, así como por la sobrepoblación de carros particulares y la ineficiencia del transporte público, los gobiernos de varios países, incluyendo Colombia, siguen sin encontrar salidas ingeniosas y amigables que permitan la operación de diversas modalidades de transporte a partir de la utilización de tecnologías útiles y novedosas.
Parece increíble que mientras decenas de países en el mundo y de América Latina ya han regulado la operación de este tipo de plataformas tecnológicas, en Colombia sigamos sin dar el debate con la altura y transparencia suficiente, que permita a millones de personas disponer de este servicio. Para ello –claro– quienes están detrás de estas herramientas también deben entender que por muy poderosas que sean no pueden estar por encima de las normas que rigen en cada país.
La culpa –si de buscar culpables se trata– de la partida de Uber de Colombia la tiene no solo el gobierno de Duque, sino también el de Santos, que tampoco hizo nada para reglamentar su operación. De manera que tan culpable es Duque como lo es Santos. “El limbo jurídico” en el que navegan Uber y otras plataformas tecnológicas de transporte es de ambos gobiernos.
La inseguridad jurídica de la que se queja Uber no nació con Duque. ¿Por qué razón los gobiernos de Santos y de Duque no hicieron nada por regular la operación de Uber? ¿Por qué razón ni Santos ni Duque tomaron medidas que permitieran la operación en el país de sistemas de movilidad alternativos, así como de diversas plataformas tecnológicas de transporte?
Ello no tiene nada que ver con acatar o desacatar fallos judiciales, que –curiosamente– lo que dicen es que hay que reglamentar la operación de este tipo de plataformas.
De cualquier manera, el “caso Uber” evidencia en toda su dimensión el rezago colombiano en lo que tiene que ver con la economía colaborativa. Estamos a años luz de poner a funcionar con eficiencia uno de los principales motores de la economía mundial. Y no solo no lo estamos poniendo a funcionar, sino que hay sectores interesados en que ningún gobierno encienda dichos motores. Solo hay que ver el alborozo con que fue recibido el anuncio de la partida de Uber por parte del gremio de los taxistas, quienes en su gran mayoría insisten en apostarle a su posición cuasimonopólica, al tiempo que se resisten a abrir el debate sobre la calidad de su servicio, así como a iniciar las transformaciones que permitan su optimización.
¿Qué hacer ante la pregunta: Uber o no Uber?
El gobierno de Iván Duque debe definir de una vez por todas la regulación y la reglamentación que deben regir las plataformas tecnológicas de transporte. Este complejo y delicado asunto es de su competencia. Seguir mirando por el retrovisor del gobierno de Santos es absurdo y cínico. Y en ese sentido lo peor que le puede pasar a Duque es mantener el actual limbo legal, que podría ocasionar la estampida de diversos emprendedores, quienes no estarían dispuestos a repetir la mala experiencia del “caso Uber”. Mas allá del anuncio de Uber de abandonar el país y de demandar a Colombia ante tribunales internacionales por, al parecer, violar las leyes del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, lo cierto es que hay de por medio la suerte de más de “80.000 socios conductores” y de más de 2.000.000 usuarios del servicio en el país. Es decir, se trata de un asunto con enormes implicaciones económicas, sociales y laborales. Ya no se trata de establecer quién tuvo la culpa, sino de encontrar soluciones efectivas a la crisis desatada por el anuncio de Uber.
El año pasado no fue el mejor en la corta vida de Uber. La multinacional enfocada a la movilidad y servicios a domicilio vivió una amarga experiencia al salir a bolsa, pues nunca llegó a convertirse en gran protagonista de la inversión mundial, como era la expectativa de sus dueños. De hecho, su salida a bolsa en mayo del año pasado con un precio de USD45 por título terminó cerrando un poco por encima de USD32. En general muy pocos “unicornios” tuvieron un buen año. La lluvia de millones de dólares nunca llegó. En Colombia, Uber se encontró con un enemigo muy poderoso y con músculo político: el gremio de los taxistas, que se encargó de atormentar a quienes prestaran y también a quienes hicieran uso de la plataforma tecnológica. Desde un comienzo Uber se estrelló con una hostilidad –especialmente en Bogotá– que atentó contra la buena prestación del servicio. Para rematar su mal año, en diciembre la Superintendencia de Transporte le impuso una multa por $414 millones y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) –en funciones judiciales– le ordenó cesar sus operaciones al perder una demanda en primera instancia por “competencia desleal” con la compañía de taxis Cotech.
La respuesta de Uber a la decisión de la SIC –en funciones judiciales, es decir en calidad de juez– de ordenar la suspensión del servicio en todo el país, fue la de anunciar que demandará al Estado colombiano ante los tribunales internacionales con el argumento de que se estaría violando el TLC con Estados Unidos. Sostiene Uber que otras plataformas similares que operan en el país no han recibido el mismo tratamiento y que por tal razón actúan sin ningún tipo de contratiempo. Es decir, Uber mostró los dientes y parece dispuesto a dar la batalla por defender sus derechos a operar en el país. De cualquier manera anunciar demandas contra Colombia no es precisamente una demostración de “vocación de entendimiento” en la búsqueda de futuros arreglos amistosos. Afirmar que Colombia adopta contra Uber “medidas arbitrarias y discriminatorias” tampoco contribuye a aclimatar un futuro acuerdo entre las partes.
Un país como Colombia, con una economía tan frágil y tan dependiente de mercados globalizados, lo mínimo que debe ofrecer a futuros inversionistas es “seguridad jurídica”, que no es otra cosa que la garantía de que su inversión será respetada y no estará sujeta a medidas o decisiones caprichosas de funcionarios de turno. Para decirlo en plata blanca: la seguridad jurídica es la que diferencia a un Estado serio de una “república bananera”. Punto. Si hay seguridad jurídica hay inversión, si no la hay no existe la menor posibilidad de que la haya. Los grandes inversionistas buscan gobiernos serios, reglas claras, baja tributación y garantías a la inversión. Si Uber –por ejemplo– dice que nada de eso hay en Colombia, muy seguramente ese discurso hará carrera a nivel internacional con las graves consecuencias que ello tendría para la economía nacional. Esa es la razón por la cual el gobierno de Colombia debería tratar de tender puentes de entendimiento para llegar a acuerdos que permitan la operación de Uber en el país, pero con reglas claras que sean acatadas por las partes. Y en ese sentido el capítulo dedicado a la tributación por parte de Uber –una de las quejas de los taxistas– es muy importante.