Van más de 940 desplazados en el Catatumbo desde octubre: Defensoría del Pueblo

La situación de desplazamiento en la zona del Catatumbo se debe a los combates que se han intensificado entre las guerrillas del ELN y el EPL desde el pasado mes de octubre.

Veredas como La Arenosa, Vega del Tigre y Las Vegas, Hoyo Pilón, La Trocha, Bella vista, San Luis y Los Milagros, en el municipio de Ábrego, registran unas 245 familias desplazadas. Es decir, unas 865 personas, que se ubicaron en los alojamientos temporales instalados por el Consejo Noruego para Refugiados y las administraciones municipales de Ábrego y la Playa de Belén.

Por otra parte, el reporte da cuenta de que el pasado 2 de noviembre un total de 80 personas, que conforman 21 familias, provenientes de las veredas Capellanía y Los Cascos, del municipio de la Playa de Belén, se desplazaron hacia el casco urbano del municipio de Ocaña como medida de protección.

Según se pudo conocer, hombres armados, que se identificaron como integrantes del EPL, llegaron hasta las veredas intimidando a la población y con un listado en mano les dieron media hora para salir del territorio.

Posteriormente, 27 personas decidieron movilizarse hasta la ciudad de Cúcuta, manifestando no sentirse seguros en Ocaña y buscando una mejor protección.

Desde entonces, un total de 945 personas han resultado afectadas por el desplazamiento. De estas, 405 son niños, niñas y adolescentes.

Este hecho ha ocasionado restricción en el sistema educativo para los menores, pues es imposible asistir a clases ante el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. A su vez, en gran número de habitantes se ha visto restringida la movilidad, debido a la inseguridad, pues los combates son constantes entre estas guerrillas.

El panorama deja ver que se requieren más alojamientos temporales que permitan atender esta emergencia de una manera efectiva e inmediata.

Este panorama hace que algunas personas deban alojarse en casas de conocidos o quizás a la intemperie, exponiéndose a dificultades climáticas y no permitiendo que haya intimidad o privacidad para las familias.

El panorama se agudiza ante la falta de una seguridad alimentaria de las familias que no pueden retornar a sus cultivos para la producción o comercialización y abastecimiento de productos para su sustento diario, sino que, por el contrario, esperan que lleguen las ayudas de los gobiernos municipales y cooperantes internacionales.

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