Asesinato de Alexander Parra es una «estrategia de aniquilamiento», dice Farc

El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) responsabilizó al Gobierno nacional por el asesinato de Alexander Parra, esposo de la candidata al concejo de Mesetas, en el antiguo espacio territorial Mariana Páez, en el Meta.

Aseguró que es una estrategia de aniquilamiento de esa colectividad, por cuanto 177 excombatientes y familiares han muerto violentamente desde la firma de los acuerdos de paz.

Pastor Alape, vocero del partido Farc, al tiempo que rechazó el crimen dijo que no hay garantías de seguridad y políticas para cumplir el mandato establecido en el acuerdo de paz en cuanto a participación política, pero advirtió que siguen trabajando en la campaña a pesar de los obstáculos por la posición del gobierno y del partido de gobierno.

Se configura como una estrategia de aniquilamiento del partido Farc y sobretodo de desmonte de los Acuerdos. Aquí vemos una campaña no solo contra líderes en proceso de reincorporación, sino también lideres defensores de derechos humanos y  todos los que están empujando el cambio en los territorios”, enfatizó Alape.

Acotó que lo ocurrido en Mesetas  se da en el marco de la campaña electoral a dos días de las elecciones y  “hace parte de las condiciones particulares de los organismos de seguridad, lo que históricamente ocurre en Colombia”.

Añadió que el partido Farc exige que se busquen los autores intelectuales  y no al autor material de estos asesinatos, al considerar que detrás de estos hechos hay poderes locales y económicos regionales “que están interesados en que no se avance en los procesos de reincorporación y paz”.

Alape añadió que Parra (cuyo nombre en la guerrilla era ‘Orlando Fierro’) estaba comprometido con el proceso  de construcción de paz en una función del Consejo Nacional de Reincorporación y  promotor del Consejo Territorial de Reincorporación, y que su muerte “la entendemos como parte de la campaña política que estamos desarrollando”, recalcó Alape.

También denunció que la candidata al Concejo de Tame, perteneciente al antigua espacio territorial de Filipinas, le tocó salir y movilizarse en vehículo particular porque el esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se negó a acompañarla a Tame.

“Y ella asumió su responsabilidad en el marco de la participación política a pesar que no tenemos garantías para participar en política”, indicó.

Alape llamó la atención al señalar que la seguridad para los miembros del partido Farc no sólo debe tener un enfoque militarista, sino -dijo- sobre los derechos humanos y de reconciliación.

De nada sirve un soldado o un policía en el territorio, cuando desde el gobierno se está promoviendo la polarización y se está estigmatizando a sectores políticos y sociales”, concluyó Alape.

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