Plenaria de Cámara debate sobre el abuso sexual infantil en el país

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La ministra de Justicia puso de presente que la política criminal del Estado «debe ser la resocialización, porque el individuo objeto de esta sanción debe ser preparado para que no pueda ocurrir la reincidencia».

La plenaria de la Cámara de Representantes adelanta este miércoles un candente debate de control político sobre el abuso sexual infantil que, lamentablemente, es un flagelo que en estos momentos suele ocupar las primeras planas en el país.

La citante, la representante Ángela Sánchez, del Partido Cambio Radical, expuso al inicio de la audiencia que este «compromete a los 15 millones de niños que viven en Colombia» y pasó a revisar las escalofriantes cifras del abuso sexual en Colombia: «En los últimos 10 años no ha disminuido la violencia sexual contra menores. En el año 2018 se registraron 22.794 exámenes medicolegales realizados por presunto abuso sexual. (…) Semanalmente, 438 niños, diariamente 64 casos y cada hora seis niños son abusados. Y el 75% de casos ocurre en las viviendas, donde se suponen que deber ser cuidados».

Frente a los niveles de impunidad al respecto, la legisladora indicó que el año pasado se dispusieron 37.779 investigaciones por estos delitos sexuales contra menores, «pero, de ahí, condenas se han presentado solamente 2.657».

Intervino también la representante atlanticense Martha Villalba, de La U, autora del proyecto de cadena perpetua contra asesinos y violadores de niños, para advertir que «no es un capricho querer defender los derechos fundamentales de los niños: es un mandato constitucional».

A su vez, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, puso de presente un porcentaje inquietante sobre las denuncias de estos delitos atroces: «Solo el 20% de los casos de abuso en Colombia son denunciados».

Entre tanto, la parlamentaria del Centro Democrático, Margarita Restrepo, reiteró la necesidad de aplazar el debate de cadena perpetua para después de las elecciones regionales del próximo 27 de octubre para que no se busquen réditos electorales con la iniciativa: «Los niños son el fin y el principio de cada colombiano, son sagrados, no pueden ser instrumento para el fin de algunos congresistas».

En respuesta, el barranquillero César Lorduy, de Cambio Radical, ponente del acto legislativo de la cadena perpetua, en respuesta a la legisladora uribista, recordó que el propio presidente Iván Duque ha expresado su respaldo al articulado, por lo que criticó: «No sabía que el presidente de la República podía ser tachado de demagogo por miembros de su propio partido, asunto que yo rechazo».

Uno de los citados, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, puso de presente que en la primera encuesta nacional de violencia contra niños y adolescentes «hemos encontrado que cuatro de cada 10 jóvenes colombianos han dicho sufrir violencia cuando eran niños, los niños violencia física sobre todo y las niñas sicólogica y sexual».

Dentro de esa encuesta, agregó, el 15% de entrevistados «tuvieron violencia sexual en su niñez o adolescencia», para lo que, señaló, «una atención con una política de salud mental debe ser una prioridad del país».

Indicó además que en el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual hay 10 mil profesionales entrenados porque «la persona víctima de violencia sexual cuando llega a urgencias lo que espera es que todos los sectores de la cadena hagan su mejor esfuerzo».

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó ante el pleno que desde su cartera se trabaja en la prevención, el reporte, el acompañamiento y en conseguir competencias ciudadanas y éticas, «porque no solo es la denuncia sino trabajar desde la edad temprana con maestros y niños, para que se respete la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa».

Y la ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello, dijo que no siempre las leyes sirven para sancionar los comportamientos sociales y agregó que se analiza en medio de estos casos de violencia sexual contra niños si se están incrementando los delitos o si se están visibilizando cada vez más los casos.

«Hay que hacer una estructuración sobre la prevención, pero además se requiere un análisis de la atención, para después pensar en la judicialización», porque «cuando hablamos de política criminal estamos hablando de la respuesta que el Estado debe dar, y lo que se trata es de buscar combatir la criminalidad a través de varias estrategias», dijo la jefa de la cartera del derecho.

Concluyó Cabello Blanco que dicha política criminal se dirige a que uno de los elementos básicos para tener un modelo penal integral basado en la dignidad humana debe ser la resocialización, porque el individuo objeto de esta sanción debe ser preparado para que no pueda ocurrir la reincidencia».

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