Envían a la cárcel al general (r) Jorge Romero por supuesta corrupción

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión de enviar a la cárcel al general (r) Jorge Romero, capturado por supuestos hechos de corrupción en 26 contratos firmados entre el 2016 y el 2017, cuando comandó la Cuarta Brigada en Medellín. El general fue enviado a la Escuela de Caballería.

El magistrado creyó en la tesis de la Fiscalía que asegura que el general Romero podría obstruir el proceso en libertad pues, según algunas intercepciones reveladas por el ente acusador, algunos de sus subalternos están tratando de acceder a la investigación o, incluso, torpedearla sacando documentos de la Cuarta Brigada. Especialmente, dio credibilidad a los testigos que han declarado sobre los hechos en la Fiscalía.

“Ha habido seguimiento a investigadores. Una agrupación paralela está actuando para desviar a la Fiscalía. Para el tribunal es claro que este cúmulo de elementos permite llegar a conclusiones como que ha habido sustracción de documentos, seguimiento a investigadores fiscales, hay un conocimiento anticipado de las diligencias que se van a realizar en un tiempo determinado, y todo llega a su momento de mayor intensidad justo cuando la Fiscalía está en cumplimiento de determinados actos procesales. El tribunal concluye que hay evidencia indicativa que se debe tratar de evitar que se siga obstruyendo a la justicia”, dijo el magistrado.

La Fiscalía dijo en su momento que el actual comandante de la Cuarta Brigada, el general Juvenal Díaz, le ordenó al teniente coronel Jesús Armando del Río, comandante del batallón de Servicios, que le encargara al ayudante del comandante del general Romero copia de todos los soportes de la información que obtuvo la Policía judicial en esta investigación.

Por su parte, la abogada de Romero dijo que, en la Brigada, la responsabilidad del general era solo operacional, que no tiene nada que ver con la parte administrativa que es la que contrata. Aseguró que Romero no firmó ninguno de los 26 contratos con presuntas irregularidades.

Además, que la parte administrativa le correspondía al segundo comandante o jefe de Estado Mayor, que en 2016 era Heiber Norberto Dueñas, hoy testigo de la Fiscalía y en el 2017, por Juan Carlos Guerra.

Según la Fiscalía, los 26 contratos sumaron 3.296 millones de pesos y se los dieron a tres contratistas a cambio del 10% del valor de los mismos. Por ello, la Fiscalía dice que existió una organización criminal en la Cuarta Brigada que se apropió de los recursos públicos y por eso le imputó cargos al general por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho y concierto para delinquir. Sin embargo, el oficial se declaró inocente por lo que el caso irá a juicio.

El magistrado tomó la decisión de dictar medidas de protección especiales a dos de los testigos en contra del general, que son militares activos y que habrían sido abordados el fin de semana por sus superiores. Le ordenó al comandante general de las fuerzas militares que proteja su vida e integridad.

Finalmente, el magistrado le pidió a la Procuraduría que se investigue alguna falta disciplinaria por parte de militares activos por esos hechos.

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