Una discusión seria y profunda para mejorar la Justicia Transicional, pide Duque al Congreso

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BOGOTA, 17 de marzo_ RAM_ El presidente Iván Duque Márquez hizo una nueva y vehemente defensa a las objeciones que le formuló la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y le pidió al Congreso de la República que tenga una discusión seria y profunda para mejorar esa justicia transicional y consolidar una paz que una a Colombia.

El congreso debe decidir libremente y a conciencia sobre estas objeciones, expresó Duque tras explicar, entre otras cosas, que lo que se pretende es que haya realmente una manifestación clara en esa Ley Estatutaria que precise la responsabilidad de los victimarios para reparar, material, económica y moralmente a las víctimas, en el propio sentido derivado de que son ellos quienes tienen esa primera responsabilidad y por supuesto, la responsabilidad subsidiaria del Estado.

Los pronunciamientos los hizo el primer mandatario en el Taller Construyendo País que celebró este sábado en Mitú, la capital del Vaupés.

Tras señalar que algunos han querido decir que está fracturando los acuerdos de paz, o la Nación, reiteró lo dicho la víspera en la zona territorial de reintegración de las exFarc en el Cesar: Todo lo contrario, si la hubiera querido fracturar, hubiera objetado toda la ley.

Añadió que lo que se han hecho son precisiones sobre “algunos elementos para que el Congreso enriquezca, en nombre del país, y nos permita a nosotros ver una justicia transicional con genuina verdad, con genuina justicia, con genuina reparación y con genuina no repetición”.

En este sentido afirmó que “no se puede limitar la acción de la justicia ordinaria, si no hay un elemento de precisión a partir del cual se sabe que inicia la competencia de la justicia transicional” y agregó: Hacer esa precisión es para garantizar justicia, investigación, en nuestro país”.

Así, habló de la extradición, porque lo que se ha dicho es que todas las conductas que ocurran después de la firma son propias de la justicia ordinaria.

Eso, dijo, requiere que quede claro, para que no se límite la cooperación judicial de Colombia con otros Estados. Y creo que una precisión de esa naturaleza lo único que nos da es una justicia más fuerte, más efectiva, más coherente, que brinda más confianza.

En el mismo sentido citó los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y advirtió que las personas que reincidan, que repitan sus actos criminales, deben perder todos los beneficios, para que haya un mensaje claro de que no se puede hacer tolerancia.

Primero, que queremos realmente ver una manifestación clara en esa Ley Estatutaria que precise la responsabilidad de los victimarios para reparar, material, económica y moralmente a las víctimas, en el propio sentido derivado de que son ellos quienes tienen esa primera responsabilidad y por supuesto, la responsabilidad subsidiaria del Estado.

Pero ese principio es para proteger a las víctimas, para dignificarlos y para que las víctimas sepan que está clara en toda la legislación esa responsabilidad de quienes les perpetraron tanto daño.

En segundo lugar, nosotros hemos procurado defender la responsabilidad que ha tenido la Oficina del Alto Comisionado para la Paz desde hace muchos años, para poder evaluar los listados de quienes están en los procesos y evitar que entren colados.

Y eso es muy importante para garantizar verdadera justicia, y esa atribución debe continuar. Hacer esa precisión fortalece la justicia, no la debilita.

En tercer lugar, lo que se busca es que la acción penal no quede solamente limitada a quienes están bajo el criterio de máximos responsables, sino que también si hay responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, no se pueden dejar de investigar, en función de la justicia y el derecho de las víctimas.

Y que solamente puede cesar la acción penal cuando se han surtido y se han agotado las investigaciones necesarias por esas conductas.

No hacer esa precisión, dejaría un gran plano de incertidumbre jurídica y dejaría a muchos expuestos de inmediato a la Corte Penal Internacional.

Y quiero también precisar algo: no se puede limitar la acción de la justicia ordinaria, si no hay un elemento de precisión a partir del cual se sabe que inicia la competencia de la justicia transicional.

Hacer esa precisión es para garantizar justicia, investigación, en nuestro país.

Y desde luego no puedo dejar de mencionar lo referente al artículo 153, que lo que busca nuestra objeción es precisar para que no lleguen otras personas y se vinculen a un proceso con la supuesta intención de dar verdad, pero con el verdadero propósito de eludir la justicia de otros Estados.

Esas objeciones son precisas, son constructivas, en nada afectan a las personas que están en el proceso de reincorporación, y lo que buscan realmente es que tengamos esa justicia transicional que les dé confianza a todos los colombianos.

Por eso aquí ni hay fracturas, ni hay desafíos de la institucionalidad. Lo que queremos todos los colombianos es que tengamos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición. Y no dejaremos de perseguir ese objetivo.

Yo también quiero precisar que en la alocución hace 8 días, le dijimos a Colombia, que queremos presentar un acto legislativo para corregir algunos aspectos mirando hacia adelante en lo que tiene que ser una justicia transicional de verdad.

Por eso, el primer punto que hay que dejar claro es que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no pueden ser competencia sino de la justicia ordinaria, porque no puede haber beneficio o tratamiento diferenciado alguno ante semejante atrocidad, ante semejante acto deleznable que genera rechazo moral y ético de todos los colombianos.

Lo otro que queremos precisar, que también es importante para engrandecer la justicia, es que las personas que reincidan, que repitan sus actos criminales, deben perder todos los beneficios, para que haya un mensaje claro de que no se puede hacer tolerancia mucho más, cuando se ha dado un aspecto diferenciado de generosidad por parte del Estado colombiano, de la sociedad colombiana.

Y lo tercero es que los delitos que se venían cometiendo antes de la firma de los acuerdos, y siguen cometiéndose, deben ser responsabilidad de la justicia ordinaria.

Precisar esos aspectos nos fortalece como nación, nos fortalece en la justicia y no podemos dejar de buscar todos los días lo que más le convenga a nuestro país para sembrar confianza en la ciudadanía, queridos amigos.

 

Estamos a tan sólo 6 artículos de dar ese paso.

 

Y espero que el Congreso de la República tenga una discusión profunda, sensata, constructiva.

Y el Gobierno, por supuesto, estará ahí disponible para atender cualquier pregunta o interrogante. Pero debe decidir libremente el Congreso sobre estas objeciones, a conciencia.

Y puede tener la plena certeza el pueblo colombiano que nosotros no haremos nada para coartar la libertad y la decisión que debe tener el Congreso de la República, porque aquí tenemos todos que obrar como colombianos, no como militantes de partidos, buscando lo que más le sirva a este país, apreciados amigos.

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