“No podemos permitir que esto siga pasando”: Alfamir Castillo, tras atentado en su contra

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Alfamir Castillo es madre del joven Darbey Mosquera Castillo, víctima de ejecución extrajudicial por parte de integrantes del Batallón de Contra Guerrilla No. 57 «Mártires de Puerres» del Ejército Nacional. Ayer, sobre las 9 de la noche, fue objeto de un atentado contra su vida entre Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca, luego de regresar de la finca de su hija.

“Tomé la decisión de ir con mi esposo a la finca de mi hija porque queríamos desestresarnos por las amenazas que he recibido recientemente. Partimos con mis dos escoltas a las 4 de la tarde y regresamos después de las 8 de la noche. En el sector de Aguaclara ocurrió el atentado. En carro blindado en que viajábamos recibió tres impactos de bala, dos en vidrio donde yo me encontraba y uno en la parte donde iba uno de mis escoltas”, cuenta Castillo en entrevista con El Espectador.

Enseguida, narra la señora Castillo, se abrazó con su esposo y los dos escoltas respondieron al ataque. “La reacción de los muchachos fue muy buena. Uno de ellos, el copiloto, abrió la puerta e hizo dos disparos, mientras que el conductor vio a dos personas en una moto. Sin ellos no sé qué hubiese pasado”, afirma la madre de Darbey, quien después se dirigió a la estación de Policía de Candelaria. “Al llegar vieron los disparos en el carro y tomaron mis datos”.

El ataque contra Alfamir Castillo se produjo el mismo día en que recibió dos amenazas de muerte en su teléfono. La primera fue a las 4:50 de la tarde: “no creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo la muerte te ronda y tu no lo crees, ni tus escoltas van a poder salvarte vieja h.p. todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar… muere… muere… muere…”. La segunda amenaza fue a las a las 6:46 p.m.: “esto es un ultimátum vieja h.p. ya sabemos todo y tienes miedo pero ni por mil esquemas de seguridad te vas a salvar de nosotros, tu insolencia a mi comandante la vas a pagar con sangre y la salida de nuestros hombres son nuestra mejor arma…muere… muere… muere”.

“Las amenazas a mi celular y contra mi vida son por el hecho de visibilizar el caso de mi hijo, quien fue asesinado por parte de integrantes del Batallón de Contra Guerrilla No. 57 del Ejército. A raíz de esto he venido recibiendo amenazas. Un día, antes de llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), me hicieron una amenaza muy fuerte. La de ayer se la remití a mi abogado. En las últimas semanas he recibido cuatro amenazas, pero llevo ocho años así”, relató la señora Castillo.

Ante esta situación, su abogado, Germán Romero, advirtió que “la JEP, pese a que en noviembre del año pasado se le solicitó estudiar la concesión de medidas cautelares, no ha hecho absolutamente nada, ha dejado abandonada a doña Alfamir (…). Creemos que existe un desprecio por parte de la JEP hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como se vio en las audiencias de septiembre y octubre del año pasado”. Ella, además de compartir la posición de su abogado, manifiesta que “varios de los militares han salido en libertad por cuenta del Proceso de Paz y con nosotros, las víctimas, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo quedamos y dónde quedamos? La JEP no nos ha tenido en cuenta como víctimas porque nos ha expuso a esto, a que nos asesinen”.

“¿Esta es la realidad que está viviendo Colombia?”, se cuestiona la señora Castillo, quien se queda sin palabras cuando intenta hacer una lectura sobre su situación. “Se desmorona una familia y se rompe todo el tejido familiar. Uno se queda sin pensar. Hasta el momento no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que hay que seguir visibilizando esta situación.No podemos permitir que esto siga pasando”, concluye.

Hoy, por intermedio de su abogado, interpuso la respectiva denuncia de lo sucedido ante la Fiscalía en Bogotá. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de rechazar el atentado de ayer contra la madre de una víctima de ejecución extrajudicial por el Ejército, pide adoptar de manera urgente medidas de protección para garantizar su vida y su integridad. La solicitud fue hecha a la Unidad de Investigación y Acusación, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, al órgano de gobierno de la JEP, a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía.

En el mismo sentido, ONU Derechos Humanos le solicitó a la Fiscalía investigar de forma urgente los móviles de este ataque, así como identificar y sancionar a los responsables.

“La protección de la vida y la integridad de las víctimas de crímenes de lesa humanidad es un imperativo de derecho internacional que exige la pronta actuación y la debida diligencia de las instituciones concernidas. Confiamos en la actuación decidida de las autoridades de la JEP, la UNP y la Policía para evitar que estas amenazas se materialicen y para disuadir a los enemigos de la paz que esperan silenciar la voz de las víctimas en su búsqueda de justicia”, dijo Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al conocer sobre el ataque.

Alfamir Castillo, beneficiaria de medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es víctima en el proceso judicial que se sigue contra el general (r) Mario Montoya ante la JEP por el caso de los llamados falsos positivos. El nuevo sistema de justicia transicional. El nuevo sistema de justicia transicional rechazó el atentado y le pidió a la Unidad Nacional de Protección fortalecer su esquema de seguridad y a la Fiscalía investigar los graves hechos contra su vida.

TOMADO DE EL ESPECTADOR

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