JEP estudiará acciones de diferentes empresas en el marco del conflicto

El estudio de 3.960 sentencias emitidas por las Salas Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, llevó a la Fundación Forjando Futuros, a la conclusión que 46 de ellas, ordenan a 33 empresas a hacer restitución de tierras o a la suspensión de contratos o títulos mineros. Esto por cuenta del despojo de predios que existió en el marco del conflicto armado que se presentó en al menos nueve departamentos del país.

Para la fundación está claro que los patrones de despojo se presentaron por cuenta de la adquisición de predios de las personas que fueron víctimas del conflicto, además de que las acciones criminales les permitieron obtener la concesión de títulos mineros o hipotecas, por lo que los magistrados en sus sentencias determinaron que ninguna de las empresas “acreditó la buena fe exenta de culpa”.

Lo que llama la atención de las sentencias estudiadas por la fundación es que todas tienen la misma similitud: el desplazamiento forzado, que fue provocado por masacres, enfrentamientos entre bandas criminales u homicidios, esto sin contar que en algunos eventos, en medio del cautiverio les obligaron a las víctimas a suscribir documentos para transferir la propiedad.

La información que se encuentra consignada en un documento de 210 páginas reposa en los despachos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Gerardo Vega, quien preside la fundación, en una entrega formal le allegó el material con el que se pretende establecer responsabilidades sobre los despojos de los que fueron víctimas los campesinos.

Lo que llama la atención es que entre las 33 empresas vinculadas en esos procesos, se encuentra Argos S.A., en su contra se han proferido cinco sentencias en las que se les ordena la restitución de tierras a varias víctimas.

Según la fundación, la empresa cementera se hizo acreedora a tales predios, luego de que en 1997 se registrara la toma del control del territorio de grupos paramilitares, en el municipio del Carmen de Bolívar. Las acciones criminales, de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), abrieron la brecha a que campesinos vendieran a muy bajo precio sus propiedades mediante escrituras públicas que fueron registradas en las Oficinas de Registro a pesar de las medidas de protección que se encontraban en las certificados de libertad y tradición.

Acción que, a juicio de la fundación, fue aprovechada por la empresa cementera durante 2010, valiéndose de la Sociedad Fiduciaria Fiducor S.A. para comprar los predios que habían sido abandonados y vendidos en medio de un contexto de violencia.

Sin embargo, lo que dice el documento es que tales negociaciones se hicieron por medio de intermediarios, y que la entidad cementera no tomó las precauciones pertinentes, en razón a los estudios de compra, “no basta con realizar un estudio formal de legalidad basado en el estudio de los títulos a través de un abogado”, se lee en una de las providencias copiadas al documento entregado a la JEP.

En ese caso, mencionan los magistrados que el comprador del predio debe tener un conocimiento antes, teniendo en cuenta que hubo “actos de violencia con anterioridad”.

En el informe entregado a la Jep, la fundación también dejó en evidencia que uno de los predios abandonados fue adquirido por el exsenador Otto Nicolás Bula Bula, hoy procesado por el entramado de corrupción con la firma brasileña Odebrecht.

“Otto Nicolas Bula Bula, adquiere el predio abandonado en el 2008 mediante contrato privado, no registrado”, dice el documento, que también explica que entre un particular, Cementos Argos y Fiducor completaban más de 150 predios en su poder, teniendo en cuenta que la cementera acumulaba seis propiedades.

En ese caso, la fundación explicó que la tipología de los despojos fue de carácter jurídico, pues entre la entidad y personas particulares “se aprovecharon de las condiciones de violencia que se padecía en la región para adquirir los predios a bajos precios que se encontraban abandonados”.

El informe explicó que los despojos se dieron por cuenta de la masacre del Salado, la masacre Jesús del Monte, masacre Caño Negro, masacre en Hato Nuevo y múltiples bombardeos de la Fuerza Pública, y que los causantes de los hechos fueron perpetrados por los frentes 35 y 37 de las Farc, además de los actos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las AUC.

Otra de las empresas, que según la fundación, debe responder por tales despojos es Ecopetrol, en este caso los magistrados de la Jurisdicción de Tierras han proferido una sentencia que ordena la restitución a víctimas, de las cuales se extrae el patrón de despojo y abandono con que actuaron los
paramilitares.

La fundación dejó claro que Ecopetrol sin ser opositora principal, ni despojadora directa, la empresa terminó beneficiando al último propietario del predio ‘La Virginia’, despojado directamente por ‘El Bloque Centauros’ de los paramilitares.

En este caso, la fundación le dijo a la JEP, que durante 1997 en Acacias (Meta), hacía presencia el Frente Centauros, bajo el mando de Miguel Arroyave y hacía parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), mismos actores del conflicto armado que despojaron a varios campesinos de sus predios.

“En el caso de los reclamantes Alférez Fernández, lo que se dio fue un típico despojo directo sobre el predio ‘La Virginia’, ubicado en la vereda San isidro de Chichimene, municipio de Acacias, departamento del Meta, pues el Frente Centauros de los paramilitares, secuestra al propietario al que después asesina y desparece, y le hace firmar papeles que después convierte en poder para que se suscriba el 14 de noviembre de 1997, la escritura pública en la notaría 12 de Bogotá, trasfiriendo la propiedad a José Gregorio Carvajal Ramírez (condenado por narcotráfico) y Edgar Álvarez Rico”, dice el documento.

Sobre el predio restituido, dijo la fundación que Ecopetrol, se opuso a que esta fuera restituida, cancelando la servidumbre eléctrica de 10.925 metros cuadrados.

Por lo mismo, la entidad aclaró que esta “no se opone a la procedencia de la restitución sino a que se cancelen las servidumbres que sobre el inmueble se han constituido a su favor, por cuanto no tienen relación con los hechos de violencia que dieron lugar al despojo, sino que se impusieron de buena fe siguiendo el procedimiento previsto”.

Ecopetrol, Argos, la Empresa Fondo de Ganadero de Córdoba, la Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, Sociedad Agroservicios San Simón, entre otras entidades tienen sentencias en su contra por despojos en el marco del conflicto armado, y si bien las entidades no tienen relación directa con tales hechos ni tampoco se han opuesto a una reparación, ahora sus procesos están en manos de la JEP, que será la encargada de esclarecer los hechos ocurridos.

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