Se frustra aprobación de ley que permite al Gobierno dialogar con ELN

BOGOTA, 13 de noviembre_ RAM_ La aprobación de la ley de orden público, que es la que le otorga herramientas al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones de paz, no pudo avanzar en el Congreso.

Aunque este proyecto tiene mensaje de urgencia, las mesas directivas de la Comisión Primera de Senado y Cámara levantaron la sesión debido a la ausencia del Gobierno Nacional y de los ponentes.

La iniciativa permitiría, eventualmente, continuar las conversaciones con la guerrilla del ELN. Sin embargo, algunos congresistas se han opuesto a la iniciativa argumentando que se incluyeron nuevos artículos que imponen condiciones adicionales que impedirían lograr la paz con cualquier grupo ilegal.

El senador Roy Barreras dijo que esta ley “le quita al presidente de la República sus capacidades, crea un consejo de seguridad nacional inédito, e impide cualquier forma de diálogo. La ley 418 siempre se ha prorrogado gobierno tras gobierno, pero trae unos artículos nuevos que destruyen cualquier posibilidad de acuerdo de paz y la institucionalidad encargada de la implementación”.

Uno de los ponentes, el representante Álvaro Hernán Prada, respondió que defenderán el proyecto tal y como lo presentó el Gobierno, para enviarle un mensaje claro a la guerrilla del ELN.

“El presidente Iván Duque quiere entregar un mensaje a los colombianos, sobre que la ley 418  es la herramienta que tiene hoy la negociación con el ELN, si esa norma no se prorroga, hasta aquí llegará ese proceso”, indicó.

Dijo además que los ponentes llegaron tarde a la discusión de la iniciativa por una reunión que sostenían con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para hablar del tema.

El artículo nuevo propuesto por el Gobierno establece las siguientes condiciones como requisito para el desarrollo de un proceso de paz:

 

Liberación de secuestrados.

Cese de actividades criminales.

Terminación de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Cese del reclutamiento de niños y jóvenes menores de 18 años.

Cesar los ataques contra la infraestructura del país.

 

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