Destituyen e inhabilitan por 12 años al exgobernador del Vichada

Sergio Andrés Espinosa Flórez, gobernador del departamento entre 2012 y 2015, era investigado por la Procuraduría por irregularidades en la construcción de la sede del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables de la Amazonía y Orinoquía (Ciner).

Las irregularidades encontradas en la construcción de la sede del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables de la Amazonía y Orinoquía (Ciner), que tuvo un costo superior a los $23 mil millones de pesos, llevaron a que la Procuraduría sancionara e inhabilitara por 12 años a Sergio Andrés Espinosa Flórez, gobernador del Vichada entre 2012 y 2015. El Ministerio Público estableció que, en la licitación pública, la administración departamental incluyó requisitos y condiciones que restringieron la participación de oferentes.
Entre esas exigencias se encontró que la Gobernación del Vichada “estableció que la experiencia en construcción de las empresas interesadas no podía acreditarse a partir de contratos diferentes a los obtenidos mediante una licitación o con obras privadas”. Esto, según el Ministerio Público, desconoció que la experiencia de los ingenieros civiles o arquitectos se logra a partir de los conocimientos en proyectos de construcción tanto en entidades públicas o privadas.

El Ministerio Público aseguró que dichas exigencias no eran objetivas, proporcionales ni relacionales, por lo que impidieron la participación de otros proponentes que contaban con experiencia en construcción por medio de contratos diferentes a una licitación. “El entonces funcionario desconoció que en el sector público se pueden contratar obras mediante la figura de selección abreviada, en casos donde se declara desierta una licitación, o de manera directa cuando se cumplen los requisitos para declarar la urgencia manifiesta”, precisó el órgano de control.

El contrato para la construcción de la sede del Ciner en ese departamento fue firmado el 3 de octubre de 2013 con el Consorcio Ciner–Vichada, por un valor de $23.592 millones con un plazo de ejecución de 18 meses. En su fallo, el Ministerio Público aseguró que el hoy exgobernador vulneró principios de transparencia y responsabilidad de la contratación, y calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

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