Semana clave para la Reforma a la Justicia en el Congreso

La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, punto controvertido en el segundo debate de la plenaria del Senado.

Luego de que por falta de cuórum y por diferencias en torno a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura se aplazara la votación en segundo debate de la Reforma a la Justicia en la plenaria del Senado, esta semana será clave para el proyecto de acto legislativo gubernamental.

Al respecto, la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero Restrepo, ha dicho que lo que hace que valga la pena la iniciativa es la transformación del sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial, con la idea de “corregir la desarticulación que existe entre los órganos de gobierno y las jurisdicciones, entre sus funciones”.

Este nuevo sistema estaría conformado por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, como órgano articulador, que reemplazaría al Consejo Superior de la Judicatura; por la Dirección General de la Rama Judicial, para fijar políticas y ejecutarlas; y por la Comisión de la Carrera Judicial, que tendría autonomía administrativa y presupuestal.

Probidad, transparencia, eficiencia y seguridad son los ideales a los que le apunta la reforma la justicia, según Borrero, “para fortalecer la justicia, garantizar la independencia de la Rama Judicial y beneficiar a la ciudadanía con una justicia cercana, pronta y cumplida”.

Una de las controversias que se dio en torno a la Judicatura fue protagonizada en el pleno de la cámara alta por la Alianza Verde, pues según el senador Iván Name, no es necesario crear la Comisión Interinstitucional sino hacer una reingeniería del Consejo Superior. No obstante, la ministra se mantuvo en que si se quiere ganar eficiencia administrativa en la justicia, el camino es el que propone el Ejecutivo.

Eficiencia

El punto de gobierno y administración de la Rama Judicial, de acuerdo con el Ministerio, busca mejorar la eficiencia de la Rama Judicial en cuanto a gestión y distribución de los recursos en materia tecnológica, de infraestructura y capacitación de funcionarios y empleados judiciales; de articulación de las necesidades entre las jurisdicciones y la administración judicial; de impulso financiero para mejorar el servicio y el acceso a la justicia; y de garantía constitucional para el incremento anual del presupuesto de la Rama Judicial.

En este punto, el Consejo Directivo tendrá la función de definir las políticas que ejecutará la Gerencia de la Rama Judicial.

A su vez, la Gerencia Jurídica estará encargada de la administración y ejecución presupuestal. Y la Comisión de Carrera Judicial se encargará del ingreso, ascenso y retiro de los empleados de la Rama Judicial y de elaborar las listas de candidatos para magistrados al Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Habrá además priorización de las decisiones por necesidades de los jueces de primera instancia, se elevará a rango constitucional la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial con funciones de planeación estratégica y se crearán órganos independientes y especializados como la Dirección General de la Rama Judicial.

Descongestión

En cuanto a medidas de descongestión, la cartera del derecho espera que con el punto de acceso a la justicia y medidas para superar la congestión se logre una justicia cercana al ciudadano, pronta y cumplida.

La idea es desjudicializar asuntos para que sean resueltos por particulares o autoridades administrativas, garantizar que las sentencias de unificación de las altas cortes sean aplicadas por los jueces y reforzar los métodos alternativos de solución de conflictos como la habilitación de arbitraje legal.

Confianza

Frente al ítem de la seguridad jurídica, el Ejecutivo ha expresado que su fin primordial es crear mayor certeza y confianza en la justicia.

Sobre el cómo se logrará, de acuerdo con el articulado, fortaleciendo el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, esperando que la detención preventiva en establecimiento carcelario sea máximo de 12 meses y en casos excepcionales hasta 18 meses.

De igual forma, fijando límites para la liquidación de los perjuicios e intereses en las condenas contra el Estado, publicando las sentencias solamente cuando estén firmadas y notificadas a las partes y estableciendo la obligatoriedad del precedente de las altas cortes para que los casos iguales tengan la misma decisión.

Calidad

Al intentar implementar el punto de probidad y calidad en la reforma a la justicia, el Gobierno pretende trabajar en la calidad de la enseñanza del derecho y en la promoción de incentivos para que los más honrados, honorables y probos lleguen a la Rama Judicial y así la magistratura sea el final de la vida profesional.

Para ello se aumentarán los requisitos para ser magistrado de alta corte en edad, es decir 50 años mínimo y con una experiencia de 25 años mínimo.

Así mismo, se establecerán inhabilidades por dos años para litigar luego del cese de sus funciones y cuatro años para participar en cargos de elección popular, se fortalecerá el control de los aforados y se reducirán las facultades electorales de las altas cortes.

Finalmente, se dará fortaleza también al proceso de elección de los magistrados de las altas cortes, mediante audiencias públicas de confirmación con participación de la ciudadanía y se aumentará a 12 años el periodo de la magistratura en las altas cortes.

Las opiniones

Muchas voces se han escuchado a favor y en contra del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, entre ellas la del ex candidato presidencial y líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

“Abrigo la esperanza de que no se malogre una vez más la reforma a la justicia dándoles la razón a quienes de tiempo atrás sostienen la tesis de que en Colombia no es posible abordar estos temas sino mediante una constituyente. (…) En varios aspectos positivos se ha avanzado, pero lo sustancial, es decir aquellas disposiciones que contribuirán de verdad a tener una justicia al servicio del ciudadano, pronta, eficaz y segura, todavía no se ve en el proyecto”, dijo el exvicepresidente.

Por su parte, desde las toldas rojas, partido en el que se han escuchado fuertes críticas al articulado, el parlamentario liberal Víctor Ortiz, advirtió que “la reforma a la justicia no es cercenando la autonomía de las altas cortes ni menoscabando el mecanismo de la acción de tutela”.

Y el exministro de Justicia, Enrique Gil Botero, ha sido un duro detractor de la iniciativa: “El proyecto de reforma a la justicia no resuelve en absoluto los temas de la justicia. Estamos frente a un ‘reality’ de reformas constitucionales y sus argumentos son pobres y desarticulados”.

Por ahora, el pleno de la cámara alta retomará la discusión el próximo martes y en el recinto se sabrá qué futuro le espera a la reforma.

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