Ante el presidente Iván Duque se posesionaron cinco de los magistrados que asumirán los cargos de las nuevas salas de instrucción y Juzgamiento en el marco de la garantía de la doble instancia para aforados.
A partir de ahora, cuatro de los seis magistrados que conforman la nueva Sala de Instrucción, asumirán las indagaciones preliminares e investigaciones como las que cursan contra los congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada por la presunta manipulación de testigos.
Estos cuatro magistrados de la Sala de Instrucción fueron elegidos de un listado de 90 profesionales y tras varias votaciones quedaron seleccionados por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Según el perfil entregado por la Corte, la nueva magistrada Cristina Lombana Velásquez es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia; Administración Pública en Ecole National D’Administration –ENA- y candidata a Magister en Derecho Penal de la Universidad EAFIT.
Se desempeñó como secretaria privada del despacho del fiscal general de la Nación en los años 1995 y 1996. Jefe de la oficina jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de interés Social y Reforma Urbana, Inurbe. Juez de instrucción penal militar en Medellín ostentando el grado de mayor.
Entretanto, el magistrado Francisco Javier Farfán Molina es abogado egresado de la Universidad de Los Andes y cuenta con dos especializaciones, una en la Universidad Externado de Colombia en Ciencias Penales y Criminológicas, y la otra, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid.
Fue abogado visitador de la Procuraduría General de la Nación, asesor en la Defensoría del Pueblo, en donde también fue defensor público de la OEA; director Nacional de investigaciones especiales y procurador primero delegado para la casación penal, de la Procuraduría General de la Nación.
En la Contraloría General de la República fue abogado asesor externo y conjuez en la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el magistrado César Augusto Reyes Medina es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás y en Docencia Universitaria de la Gran Colombia; se desempeñó durante 17 años como defensor público. Fue conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante tres años.
Ejerció la docencia en las universidades Santo Tomás y La Gran Colombia, y publicó los libros: ‘Manual general para operadores jurídicos’ y ‘Módulo de instrucción para defensores’.
Asimismo, el jurista Héctor Javier Alarcón Granobles es egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal y magíster en Educación de la misma institución. Fue oficial mayor en la Rama Judicial y ha sido abogado asesor en la Procuraduría General de la Nación, y abogado asistente y magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia.
Se desempeñó como profesor universitario en las universidades Santiago de Cali, Libre de Barranquilla y Militar Nueva Granada. Ha sido docente de las cátedras de procedimiento penal y penal especial.
Por otra parte, el presidente Iván Duque posesionó al magistrado que faltaba de los tres que conforman la nueva Sala de Juzgamiento de la Corte, que se encarga de fallar en primera instancia los procesos como el del exmagistrado Jorge Pretelt y el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
Quien era hasta hace unos días procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ahora es el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, doctor en Derecho; magíster en Ciencias Penales y Criminología; especialista en Derecho Público; especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, y abogado de la Universidad Externado de Colombia.
También es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con más de 24 años de ejercicio profesional en donde se ha desempeñado como asesor jurídico externo de LIME S.A., La Previsora, Fondo Rotatorio de la Policía Nacional; y socio fundador y abogado litigante, en el área penal, de “Caldas Vera Asociados”.
Fue magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; defensor delegado para la política criminal y penitenciaria en la Defensoría del Pueblo; por veinte años fue profesor titular de la Facultad de Derecho en el área penal de la Universidad Externado de Colombia. Y, en la Universidad Católica de Colombia, profesor de la especialización en Derecho Penal.