La Ley del Montes | ¿Cocalombia?

POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

Nunca antes el país había estado tan inundado de coca. Cifras de la ONU son escandalosas y prueban la magnitud de la tragedia.

El informe dado a conocer por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), basado en el monitoreo anual realizado a las áreas de cultivos ilícitos del país, cayó como un mazazo en la cabeza de quienes guardaban la esperanza de que la llamada “guerra contra las drogas” podría dar mejores resultados a partir del año pasado, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que “ahora sí” las cifras disminuirían.

Nada de eso ocurrió. Todo lo contrario: el área de cultivos ilícitos se incrementó, pues Colombia pasó de tener 146.000 hectáreas sembradas en 2016 a 171.000 en 2017. Es decir, en 12 meses Colombia sembró 25.000 nuevas hectáreas de coca, cifra que -por ejemplo- corresponde al total de hectáreas sembradas en Bolivia. Es decir, Colombia tiene hoy siete veces más hectáreas cultivadas de coca que Bolivia, país que hasta algún tiempo tenía mayor territorio sembrado con hojas de coca. De ese tamaño es la magnitud de la tragedia.

Como era de esperarse, las estadísticas generaron pánico en quienes están al frente de la lucha contra los cultivos ilícitos, empezando por la propia ONU, organismo internacional que nunca antes en sus monitoreos había llegado a tal cantidad. La cifra más alta había sido en 2001 con 145.000 hectáreas. En estos momentos hay coca en cifras astronómicas en Nariño, Putumayo, bajo Cauca, el Catatumbo y en Cauca. Es allí donde se concentra el 90 por ciento de los cultivos, según la ONU. El caso de Nariño es el más alarmante, pues concentra el 27 por ciento del total de hectáreas cultivadas del país y en ese departamento lo que más preocupa es el área rural de Tumaco, donde operan disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Guacho, asociadas con algunas Bacrim.

Es un hecho incuestionable que durante los ocho años de gobierno de Santos, los cultivos ilícitos no pararon de crecer y hoy le toca a Iván Duque buscarle solución a un problema que su antecesor desatendió. No de otra forma se explica el crecimiento progresivo y sostenido de los cultivos ilícitos.

Para analizar el tratamiento que ese asunto tan delicado y complejo recibió por parte de Santos, una sola cifra sirve de muestra: el año pasado -cuando se sabía que los cultivos ilícitos estaban creciendo- solo fue intervenido el 14 por ciento del total del área sembrada con coca en el país. Es decir, hubo un 86 por ciento desatendido o no intervenido. A ello se suma que hubo quienes siguieron sembrando coca -aún después de la firma de los acuerdos con las Farc- convencidos de que serían beneficiarios de subsidios, así como favorecidos con los programas de sustitución de cultivos, algo que no quedó claro en los acuerdos de La Habana.

Pero así como están disparados los cultivos de coca en Colombia, también está creciendo de forma alarmante el consumo interno de estupefacientes y todo tipo de drogas ilícitas. Está pasando lo que se preveía: con tanta coca cultivada y tanta cocaína producida, la demanda interna crecería, con las consecuencias letales que ello tendría, en especial para nuestros jóvenes.

La crudeza de estas cifras fue una de las razones que tuvo en cuenta el presidente Duque para proponer el decomiso de la llamada dosis mínima incautada en manos de los consumidores. La iniciativa, que causó polémica nacional, es producto del crecimiento extraordinario del consumo, como consecuencia del crecimiento exponencial tanto de cultivos de coca, como de producción de cocaína.

El tema ocupa primerísimos lugares en la agenda que desarrollarán Duque y Donald Trump en su encuentro en Washington en noviembre próximo. Ambos están alarmados con lo que sucede. De hecho, el 95 por ciento de la cocaína que es incautada en Estados Unidos proviene de Colombia, lo que llevó a Trump a considerar la posibilidad de desertificar al país. ¿Qué hacer ante la gravedad del asunto? ¿Qué piensa hacer el presidente Duque para disminuir de forma drástica los cultivos ilícitos?

Colombia no está haciendo la tarea

Quienes creían que Colombia podría ser un escandaloso productor de cocaína, sin mojarse ni mancharse con su consumo, estaban muy equivocados. No se puede producir sin consumir. Punto. No toda la cocaína que se procesa en Colombia va a parar a las narices de los gringos, quienes la aspiran por toneladas. También se queda mucha en Colombia, donde la demanda es creciente, en especial entre nuestros jóvenes.

El año pasado, la producción potencial de cocaína en Colombia fue de 1.379 toneladas, cifra muy superior a las 1.053 toneladas de 2016. La regla es muy simple: más cultivos de hoja de coca se traducen en más cocaína y más cocaína significa más consumidores. Más consumidores tanto allá como acá. Mientras el complejo asunto del consumo de drogas ilícitas no involucre a todos los gobiernos del mundo, en lo que tiene que ver con su legalización, empezando por Estados Unidos, Colombia no tiene otra opción que la de hacer muy bien su tarea, que no es otra que la de erradicar los cultivos ilícitos y combatir las organizaciones criminales dedicadas al multimillonario negocio.

No hacerla -o hacerla mal, como ocurrió con Santos- significa exponer al país a una situación extrema, que se traduce en más muertes violentas, más asesinatos de líderes sociales, más “vendettas” entre bandas criminales, más deforestación y mucha más corrupción, como lo estamos viendo y padeciendo.

¿Y las Farc? Bien, gracias

Mientras pocos sabe el paradero de Iván Márquez y Romaña, entre otros antiguos jefes de las Farc, Timochenko, tiene que ponerle el pecho al fuego amigo que recibe de algunos camaradas, como Joaquín Gómez, convertido en vocero de los inconformes dentro de la “guerrillerada” desmovilizada. Márquez y Romaña mandan mensajes desde sus nuevos y desconocidos aposentos, diciendo que “siguen firmes”, pero que hay muchos asuntos que deben aclararse antes de salir a poner la cara.

Entre esos asuntos que tienen que aclararse debería estar el de los cultivos ilícitos, del que son directamente responsables, no solo porque en sus tiempos de combatientes se beneficiaron del negocio del narcotráfico, sino porque fueron ellos quienes embarcaron a miles de campesinos en esa misma actividad ilícita. Hoy que ese “chicharrón” se creció, también deberían proponer y buscar salidas al grave asunto. Lavarse las manos no es lo correcto.

Pero, además, en su compromiso con “la verdad” -uno de los pilares de la negociación de La Habana- los ex jefes de las Farc deberían suministrar las rutas por donde salen toneladas de cocaína hacia mercados internacionales y que ellos conocieron en sus tiempos de jefes subversivos.

El Estado nunca llegó

No es justo pedirles cuentas a los ex jefes guerrilleros sin llamar la atención del gobierno que negoció con ellas. Lo que ocurre es responsabilidad de ambas partes. Las comunidades que están directamente relacionadas con los cultivos ilícitos no pueden quedar abandonadas a la buena de Dios. Son -según la ONU- cerca de 120.000 hogares que viven de la coca y que requieren con urgencia de la intervención del Gobierno para integrarlos a la economía del país.

La única forma de que ellos abandonen lo que hacen es que tengan una oferta más atractiva, no tanto en rentabilidad -algo que resulta imposible- como en seguridad para toda la familia. Más que plata, necesitan garantías. La verdad triste y dolorosa es que las Farc se fueron de los territorios y el Estado nunca llegó.

Llegaron las Bacrim y los disidentes como Guacho a ofrecerles seguir en lo mismo, pero intimidándolos con sus fusiles. Pretender involucrar a esas comunidades en programas como la sustitución de cultivos, diseñados desde mullidos sillones de oficinas bogotanas, cuando esas familias carecen de las mínimas garantías de supervivencia, es desconocer una cruel y lamentable realidad. Hoy lo peor que puede hacer el gobierno de Duque revictimizarlas y abandonarlas a su suerte.

Presidente Duque debe nombrar nueva cúpula militar

A las bandas criminales y a las llamadas disidencias de las Farc hay que darles golpes contundentes y certeros. No es con shows y titulares de prensa como van a doblegarlos. El episodio cantinflesco de la supuesta persecución a alias Guacho, que terminó con un chorro de babas por parte del comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, quien involucró directamente a los presidentes de Colombia y Ecuador, que salieron a hacer anuncios sobre la suerte del jefe guerrillero, no puede repetirse.

Ese “oso” hace mucho daño a la credibilidad, tanto del Gobierno como de las Fuerzas Militares. Ya es hora de que el Presidente nombre su cúpula militar. La actual fue designada por Santos y no por Duque. Un Presidente requiere de una cúpula militar y de un Director de la Policía de su absoluta confianza. Ningún Presidente gobierna con cúpula militar ajena.

Los generales deben dar un paso al costado para que lleguen los nuevos comandantes a cumplir nuevas misiones y mostrar mejores resultados. Los batallones, brigadas y divisiones necesitan con urgencia nuevas voces de mando y nuevos retos. Uno de ellos es combatir de forma implacable a los disidentes de las Farc y a las bandas criminales.

 

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