Procuraduría pide medida de aseguramiento para políticos implicados en caso Aida Merlano

La Procuraduría General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los diputados, concejales y exconcejales que presuntamente participaron en los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

La medida cobija a los actuales diputados del Atlántico Jorge Luis Rangel Bello y Margarita Ballen Méndez; los actuales concejales Juan Carlos Zamora y Aissar Gregorio Castro Bravo; el exconcejal de Barranquilla Aissar Alberto Castro Reyes, y el exconcejal de Soledad, Atlántico, Vicente Carlos Támara Chamorro, y la excandidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás, quienes supuestamente participaron en los delitos contra el sufragante y, al parecer, siguieron participando en la “empresa delictiva”, porque después de haber sido realizado el allanamiento en la denominada ‘Casa Blanca’ el pasado 11 de marzo, siguieron pagando a las personas que supuestamente les “compraron el voto”.

Según el representante de la Procuraduría, ellos participaron en una “empresa que tenía un orden jerárquico, que tenía como cabeza a la electa senadora Aida Merlano, quien está privada de la libertad, y ellos eran los coordinadores, luego venían los líderes y por último los votantes”.

Para comprobar lo anterior, sostuvo que en el allanamiento se encontraron documentos en los que a los implicados se les asignaron unos líderes y una cantidad de dinero para “invertir en el proceso electoral”. Dio detalles de cómo estaban distribuidos y el dinero que cada uno recibió para el proceso electoral, por ejemplo, “a Aissar Castro se le asignaron 350 líderes y 954 millones de pesos; a Margarita Ballen, 170 líderes y 799.930 millones de pesos; a José Rangel, 334 líderes, 1318 votantes y más de 1000 millones de pesos; a Vicente Támara, 55 líderes, 661 votantes y 128 millones de pesos; y a Juan Carlos Zamora, 353 líderes, 3463 votantes y 1704 millones de pesos.

El delegado de la Procuraduría, David De Aguas, argumentó que tras las investigaciones y de conocer que en la denominada ‘Casa Blanca’ operaba una empresa encaminada en la presunta compra de votos y como de ella también hacen parte los implicados, estaba en concordancia con la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario, porque considera que existen motivos que pueden seguir cometiendo los delitos que se les imputan.

Ahora resta que la defensa de los implicados exponga sus argumentos para que el Juez tome la decisión si acoge la petición hecha tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría, de enviarlos a un centro de reclusión.

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