Pros y contra de la consulta anticorrupción

Por: Oscar Sevillano

La consulta anticorrupción promovida en su mayoría por integrantes del Partido Verde, con el apoyo de políticos como Rodrigo Lara, Jorge Robledo, Luis Fernando Velasco, y que cuenta con el respaldo ciudadano de diferentes personajes como María Cecilia Botero, Julián Román, Marcela Carvajal,  Daniel Samper Ospina, Vicky Hernández, Tatiana Rentería, Santiago Soto, Cony Camelo, etc.,  incluye siete puntos, con respuestas de Si y No, entre los que destacan la reducción de salarios para altos funcionarios (como congresistas), el límite de tres periodos para ser elegido en el Senado u otras corporaciones de elección popular, la obligatoriedad de la rendición de cuentas de estos funcionarios y la publicación de sus declaraciones de bienes, renta y conflictos de intereses.

Cada uno de los siete puntos que contiene el tarjetón de la consulta han dado de que hablar desde el momento en que esta fue aprobada y se le dio vía libre para su realización. El primero de ellos por ejemplo,  habla de reducir el salario a los congresistas y a los altos funcionarios,  que hoy se encuentra en $31.331.821 pesos y que en la escala salarial de la función pública se ubica por debajo del sueldo del presidente de la república, fijando un tope de 25 salarios mínimos para altos cargos.

Este tema ha generado una fuerte discusión a nivel nacional,  porque hay quienes opinan que podría desatar tsunami en los sueldos de otros funcionarios, especialmente en la rama judicial. La LEY 4 DE 1992 contempla que  los magistrados de Altas Cortes, el Procurador, el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Registrador devenguen  lo mismo que los congresistas. La remuneración de algunos Funcionarios de la Fiscalía y de las entidades que pertenecen al judicial se encuentra atada a las cabezas, y por eso la reducción podría afectarlos – aunque eso dependería de cómo la  implementen el Congreso y el Gobierno. El otro asunto es que el hecho de ganar un salario alto, no hace corrupta a la persona que lo devengue.

Pregunta además si está de acuerdo con limitar a tres períodos la participación de una persona en una corporación de elección popular. Con esto se estaría evitando la presencia de congresistas vitalicios en el senado y la cámara de representantes, sin embargo, también impide la continuidad de parlamentarios que se han destacado con su labor y que merecerían seguir ocupando la curul como Jorge Robledo por ejemplo.

Prohíbe también que personas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, puedan cumplir su sentencia en guarniciones militares y de policía. No es claro si esto tendría retroactividad. De ser así, tendría efectos en casos como el de Samuel Moreno por ejemplo.

Otra implicación importante es que aumenta las sanciones a los contratistas corruptos. Para esto el Estado a través de los órganos de control debe fortalecerse en lo local, que es en donde se presentan mayores desfalcos en los recursos públicos. Un reciente informe de la Misión de Observación Electoral – MOE, revela  que entre 1991 y 2017, un total de 443 alcaldes fueron condenados por temas de corrupción, por encima de senadores (17) y representantes a la cámara (43).

Busca además mayor participación ciudadana en la asignación del presupuesto público, para lo cual el Estado deberá reglamentar el llamado y la manera en cómo se harán las audiencias públicas, para que estas no terminen en un sin número de convocatorias en donde mucho se discute y poco se decide.

La tercera pregunta busca que todas las entidades públicas tengan que usar los llamados pliegos tipo, que son requisitos estándar de contratación según el objeto de lo que necesita el Estado. Con esto se evitarían los pliegos hechos a la medida del contratista que quiere beneficiar un funcionario corrupto, que es una de las formas más usuales de quedarse con plata pública.

También obliga a los altos funcionarios la presentación de la declaración de renta y a la rendición de cuenta. El problema con este punto,  es que la divulgación del patrimonio que poseen determinadas personajes de la vida pública nacional, podría no estar acompañada de una total transparencia. Siempre habrá el riesgo de ocultamiento de bienes.

El mayor reto de la consulta anticorrupción es lograr la participación de un total de 12.300.000 votos.

 

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