Procuraduría investiga funcionarios por no prevenir asesinatos de líderes

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en el marco de la Mesa por la Vida, que adelantó el presidente Iván Duque con líderes sociales de Apartadó (Antioquia), anunció que la entidad que preside abrió 30 investigaciones disciplinarias a funcionarios públicos entre los que estarían mandatarios locales, y precisó que esto se dio por no tomar medidas para evitar el asesinato de defensores de derechos humanos.

“Seguimos avanzando en más de 30 investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos que violan derechos humanos, que han estigmatizado a los lideres sociales y que han puesto en riesgo sus vidas. Hoy estamos expidiendo una circular para que alcaldes y gobernadores se comprometan con la protección y con la integridad física e intelectual de los líderes sociales y defensores de derechos humanos”, sostuvo Carrillo.

Según el procurador no se puede seguir permitiendo que alcaldes y gobernadores sean insensibles frente al asesinato de líderes sociales porque tienen compromisos y también responsabilidades disciplinarias, en caso de que no dispongan recursos para proteger la vida de los defensores de derechos humanos.

“Hay campañas que tienen que realizar para evitar la estigmatización de los líderes. No solo basta con que asistan a los funerales, sino que prevengan efectivamente esta masacre en el país”.

De acuerdo con Carrillo, hay sectores con pautas de sistematización, debido a que hay patrones de aniquilamiento de los defensores sociales, y añadió que Antioquia es la segunda zona en términos de asesinatos de líderes sociales.

La vicefiscal, María Paulina Riveros, aseguró que la Fiscalía ha podido determinar que en el caso del Urabá antioqueño el asesinato de líderes sociales tiene relación con el conflicto de tierras.

“Se trata de un tema evidente de reclamación de tierras. Confluyen en este caso varios sujetos como grupos armados organizados tales como el Clan del Golfo, empresarios que se niegan a la devolución de tierras a sus legítimos propietarios, y otra serie de grupos armados que han entrado en conflicto por la tenencia y posesión de la tierra”, dijo Riveros.

La vicefiscal aseguró que hasta el momento hay 150 personas capturadas y cerca de 200 vinculados a los procesos penales relacionados con asesinatos de líderes sociales. Según la Defensoría del Pueblo desde 2016 hasta la fecha, se han asesinado 343 defensores de derechos humanos.

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