Pliego de cargos a Juan Pablo Bocarejo por semaforización en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, porque habría incurrido en una violación al principio de planeación durante la licitación y adjudicación del contrato de semaforización inteligente de la ciudad.

Para la Procuraduría, el funcionario al parecer no adoptó las acciones para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, tras no haber liderado, controlado y dirigido el proceso de licitación pública en debida forma.

Esa entidad también formuló pliego de cargos a otros dos funcionarios de la Secretaría de Movilidad por la misma contratación, cuyo monto suma más de 173 mil millones de pesos.

Se trata de la directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, Carolina Pombo Rivera y la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo.

La licitación para modernizar la red semafórica de la ciudad ha pasado por las últimas tres administraciones de Bogotá sin que hasta ahora haya una solución final a la vista para hacer realidad la llamada “semaforización inteligente”, que ordene la circulación en la ciudad y mejore los tiempos de viaje.

Los semáforos que tienen en líos disciplinarios al Secretario Bocarejo

De acuerdo con la investigación, el patrimonio en la ciudad pudo estar en riesgo al no definirse con antelación la destinación de 503 controladores semafóricos existentes en la ciudad, avaluados en más de 13 mil millones de pesos y compatibles con sistemas modernos de semaforización.

El organismo de control advierte que estos dispositivos corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil, lo que demostraría una aparente falta de planeación en la etapa precontractual del proceso.

La licitación tampoco definió qué destino se le dará a la red de cable de cobre con la que opera actualmente el sistema, ni a los equipos que hacen parte de las dos centrales de semaforización que no van a ser integradas al nuevo esquema.

“Es motivo de gran preocupación el hecho de que no se sepa cuánto vale la red de cobre que actualmente comunica la red semafórica existente, lo que representa un riesgo para la integridad del patrimonio público”, señaló la Procuraduría en el pliego de cargos.

Para ese organismo de control, la Secretaría de Movilidad tenía la obligación de calcular el valor de esos elementos y definir cuál sería su destino una vez entrara en funcionamiento el Sistema de Semaforización Inteligente, SSI.

El órgano de control también investiga las razones que llevaron a la Secretaría de Movilidad a adjudicar el contrato sin tener diseñado aparentemente el sistema de comunicaciones para la nueva red, ya que se constató que este dependerá por completo el funcionamiento del SSI.

“En tales condiciones está claro que existía una buena posibilidad de que el contrato de SSI se empezara a ejecutar sin tener un sistema de comunicaciones que le sirviera de base”, advierte la Procuraduría.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta aparentemente cometida por el funcionario como una falta disciplinaria gravísima a título de dolo.

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