La deforestación amenaza territorios biodiversos que deben ser protegidos

Por. Gloria Zamora Patiño

Los colombianos sacamos pecho cuando se trata de hablar de los primeros lugares que ocupamos en el mundo por razón de la riqueza de biodiversidad que tenemos. Y como si esa fuera una fotografía estática, nos dejamos de percatar que a pasos acelerados vamos perdiendo especies de flora y fauna, y por supuesto, diversidad de culturas, por motivo de la alteración de sus hábitat y por la deforestación que convierte regiones especialmente frágiles en potreros; llevamos meses escuchando noticias alarmantes especialmente sobre la región amazónica.

Funcionarios del gobierno nacional así como ambientalistas independientes coinciden en señalar que la devastación de la selva es atribuible en primer lugar a la apropiación ilegal de las tierras para la especulación inmobiliaria, seguido de la apertura de carreteras, la ganadería, el cultivo de coca, la explotación minera y los cultivos de cacao y de palma.

Lo cierto es que desde años atrás se vienen denunciando negocios de especulación inmobiliaria en la altillanura y ahora en la amazonía y que para muchos resultan sospechosas las olas de incendios que terminan abriendo enormes manchas de potreros en la selva.

La salida de las FARC de vastas extensiones donde no había presencia estatal -y aún hoy no hay institucionalidad sólida-, ha abierto un boquete  por donde están entrando grandes capitales, proyectos de infraestructura sin consulta y consentimiento previo de sus habitantes ancestrales, explotación minera, cultivos agroindustriales y ganadería que exigen la deforestación de vastas extensiones de la selva para ampliar sus áreas.

Nos alegra que los territorios ocupados por las FARC se liberen para investigar nuestro patrimonio biodiverso, pero tememos que los controles ambientales que imponían no son sustituidos por mecanismos y órganos de control institucional en esas zonas. Cada año se muestran cifras del incremento desmedido de la deforestación en nuestras selvas y parques naturales, sin que veamos una respuesta estatal clara para detenerla.

El año anterior la Amazonía concentró el 65% del total nacional, con 144.000 hectáreas de selva devastada, y se afirma que el 60% de esta tragedia “es provocada por incendios causados por colonos y campesinos movidos por la especulación de tierra, dinero y coerción de grupos al margen de ley”.  Una eficaz presencia institucional debería incluir, por ejemplo,  una información masiva y oportuna sobre las nuevas condiciones y normas que deberían servir como talanqueras para la tumba de bosques y selva, como que la adjudicación de tierras solo se asigna a quien no haya deforestado después de 2010, y los incentivos para cultivos de coca aplican solo para quienes sembraron antes de 2016.

De acuerdo con la Estrategia de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques en Colombia se estableció una meta nacional de 50.000 has. deforestadas para 2020. Estamos a año y medio de cumplirse ese plazo y se ha multiplicado más de cuatro veces el objetivo propuesto, dado que el año pasado la devastación alcanzaba las 220.000 has.

Podemos afirmar que en estos años se incrementó el interés general por la protección de los recursos del ambiente, y un poco la conciencia ciudadana sobre el cambio climático, aunque adolecimos de una política ambiental sostenida y coherente. Miremos un solo ejemplo: la ampliación del parque nacional natural serranía de Chiribiquete, entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, es una medida acertada en la perspectiva de reducir los efectos negativos del cambio climático, de preservar las conexiones con la región andina y caribe, de proteger el recurso agua y el hábitat y modo de vida de diversos  pueblos nativos. Sin embargo esta medida será de escasa utilidad si esta reserva sigue siendo amenazada por todos sus costados con la tumba de la selva, la ampliación de la frontera agrícola y de los cultivos ilícitos, la praderización para meter ganado, la contaminación de suelos y aguas por la minería ilegal.

Distintas fuentes denuncian que el Guaviare concentra el 20% de la deforestación nacional y sobra lo que podamos decir del Caquetá, que solo en las sabanas del Yari ha sido afectada por la deforestación de más de 8.000 has. en el año 2016 y es camino de entrada a la serranía de Chiribiquete.

Hace un mes este parque natural fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, lo cual debería blindar las cuencas altas de los ríos Apaporis, Yarí, Vaupés y Guaviare, y en consecuencia garantizar la protección de pueblos indígenas  (Karijona, Uitoto, Tucano, Cubeo, Wanano, Desano, Pijao, Piratapuyo, Yukuna, Matapí, Tanimuka. Murui, Andoque, entre otros, así como de pueblos no contactados o en aislamiento voluntario), para quienes preservar su territorio significa pervivir como comunidades y culturas diferentes.

Otro enorme frente de deforestación parece conjurarse con la decisión de la administración Santos de no construir la carretera marginal de la selva, por considerarla contraproducente.  Sin embargo en el balance ambiental presentado, han declarado que la meta de deforestación cero no se cumplirá, lo cual constituye un atraso acumulado grave. Además el programa Visión Amazonia al parecer no logró cumplir con detener o reducir la deforestación en esa región, no se consolidó una efectiva presencia institucional y la fiscalía tampoco arroja mayores resultados en términos de ubicar y sancionar a los responsables duros que promueven la deforestación.

Funcionarios afirman que con el Sistema de Monitoreo, se ha avanzado en la caracterización de la deforestación en departamentos como Caquetá, Guaviare, Putumayo, sur del Meta, Guainía. Este último en 2016 perdió 2.752 hectáreas de bosque, una extensión similar a la de la isla de San Andrés.    Atender la deforestación en la amazonia es una cuestión de urgencia, que no da espera al lento andar de las burocracias. Muchos coinciden en que los diagnósticos están hechos y lo que hace falta es una decidida acción estatal que detenga este desastre, que según Natura, en cifras de 2016 equivale a perder 20 has. de bosque por hora.

Salvo destellos esporádicos, el tema ambiental sigue siendo la cenicienta en la agenda estatal. No podemos desconocer que organizaciones agrarias, sociales y ambientales han logrado ubicar estos temas en la agenda ciudadana, pero también es cierto que se le sigue mirando como un estorbo al modelo de desarrollo predominante y un palo en la rueda del crecimiento económico, lo que ha cobrado la vida de muchos líderes sociales.  Solo en el caso de Brasil se menciona que el 90% de los asesinatos de líderes sociales están relacionados con la defensa de la Amazonía en comunidades que se han enfrentado a la tala ilegal y otras formas de explotación que destruyen la selva.

Esperamos que el gobierno entrante sea consciente que en este tema actuamos contra reloj;  que no vuelva por el camino de subestimar la cuestión ambiental fusionando ministerios y reduciendo aún más la participación del sector ambiental en el presupuesto  general de la nación; que impulse la descarbonización de la economía y asuma los compromisos del Acuerdo de Paris, y que tenga la inteligencia de continuar con lo que ha mostrado ser eficiente y eficaz en la lucha contra la destrucción del bosque.

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