LA LEY DEL MONTES | Uribe ante la justicia

POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

La indagatoria al expresidente servirá para probar qué tan politizada está la Justicia y qué tan judicializada está la política.

A muy pocos colombianos sorprendió el llamado a indagatoria de Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera al propio Uribe, cuyo enfrentamiento con ese alto tribunal lleva más de 12 años, pues viene desde los tiempos de su primer mandato. La guerra del ex presidente con la Corte Suprema es despiadada. Y es nefasta para un país que observa impávido como por cuenta de ella se politizó la Justicia y se judicializó la Política.

Pero además es una guerra que se hereda. Que lo diga el joven presidente Iván Duque, quien deberá asumir la Jefatura del Estado el próximo 7 de agosto, con el riesgo inminente de que su mentor político y jefe máximo de su partido termine preso por orden de la Corte Suprema, tribunal que con dicha decisión le acaba de enviar un mensaje demoledor con la pretensión de condicionar su permanencia en la Casa de Nariño. La Corte Suprema -¡qué duda cabe!- le está midiendo el aceite al nuevo Presidente de la República, quien tuvo como una de sus banderas como candidato la creación de una sola Corte, que ponga fin -entre otras cosas- a la proliferación de altos tribunales.

De manera que la comparecencia de Uribe ante la Corte Suprema es la crónica de una indagatoria  anunciada y esperada. La mitad del país espera que lo condenen y la otra mitad espera que lo absuelvan. De hecho, ya hay medio país que lo condenó y medio país que lo absolvió, sin que todavía Uribe y sus abogados hayan podido controvertir las pruebas que dice tener la Corte en su contra y sin que el ex presidente haya sido vencido en juicio.

Pero pretender que el proceso de Uribe no sea político es pedir demasiado. Ninguna decisión que tenga que ver con el expresidente podrá abstraerse de una alta dosis de politización, mucho menos si se relaciona con la posibilidad de que pierda su libertad. La propia Corte Suprema contribuyó de manera grave a que el proceso contra Uribe tenga un componente político demasiado alto. La decisión de llamarlo a indagatoria, por ejemplo, estuvo precedida de un período de “aclimatamiento”, al que contribuyeron periodistas y políticos detractores y enemigos del ex presidente, quienes se encargaron de ambientar la decisión.

De hecho, en plena campaña presidencial circuló el rumor de que la Corte Suprema había ordenado la captura de Uribe y que solo era cuestión de horas para que se materializara la decisión. Una serie de “trinos” de la senadora Paloma Valencia, en los que alertaba sobre la medida, habrían evitado lo que -al parecer- era una decisión tomada. Un senador del Centro Democrático con quien hablé sobre ese episodio me contó que -en efecto- alguien que estuvo en la sala con los magistrados de la Corte Suprema, y que presenció el debate interno que se produjo en el alto tribunal, debido a la trascendencia de la decisión, les informó sobre la medida que adoptarían los togados. “Ese día algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte dijeron que Uribe tendría que ir preso”, me informó el congresista, bajo absoluta reserva de su identidad.

Una de las protagonistas centrales de la historia -o al menos del capítulo más reciente del enfrentamiento entre Uribe y la Corte- es la ex fiscal Hilda Niño Farfán -detenida en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá por, al parecer, beneficiar a paramilitares. En una declaración que rindió ante la Fiscalía en mayo pasado, Niño habló de un supuesto complot para perjudicar a los hermano Uribe Vélez (Álvaro y Santiago). Este último procesado penalmente por su presunta participación en la creación del grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”. No obstante, los testimonios de Niño han sido desestimados por la Corte Suprema, pues considera que ella “se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra Santiago Uribe”, según declaración del propio tribunal.

La ex fiscal Niño sostuvo ante la Fiscalía que detrás del proceso contra el ex presidente Uribe hay una poderosa “red criminal”, de la que harían parte el ex director de Justicia y Paz, Carlos Villamil, quien actuaría bajo orientaciones del ex magistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, del ex fiscal general, Eduardo Montealegre, y del ex director del CTI, Jorge Perdomo, todos ellos enemigos declarados del ex presidente Uribe.

Todos estos testimonios -los favorables y los no favorables a Uribe- deben ser sometidos a una valoración jurídica desprendida de cualquier prejuicio. Es necesario que el proceso quede blindado contra cualquier sesgo ideológico, tanto de detractores como de defensores, algo que no será fácil de lograr, puesto que a Uribe se le odia o se le quiere. La Corte Suprema de Justicia -envuelta a su vez en su propia tragedia, que tiene que ver con el llamado “cartel de la toga”, en el que figuran ex magistrados investigados como el propio Bustos- debe tratar de mantenerse al margen de esta especie de Tsunami de cuentas por cobrar y malquerencias. ¿Qué hay detrás del llamado a indagatoria a Álvaro Uribe?

Llamado a indagatoria a Uribe, ¿por qué ahora?

Con el material que tiene la Corte Suprema contra Álvaro Uribe lo más natural es que lo llame a indagatoria. Se trata de una situación procesal previsible. Lo raro no es que lo llame ahora, sino que no lo hubiera llamado antes. No se trata -pues- de maldad o mala intención, como suponen los amigos y allegados al expresidente. Con muchas menos pruebas, la Corte Suprema metió presos a Ñoño Elías y a Mario Uribe, para solo citar dos casos de congresistas detenidos por orden del alto tribunal.

Lo que sí llama la atención es la manera como se ambientó la decisión y la forma cómo los enemigos de Uribe capitalizaron políticamente la medida de la Corte Suprema. ¿Quién filtró las piezas procesales? Por cuenta de la Ley 600 de 2000, todas las partes tienen derecho a conocer el proceso. Es decir, a ellas tendrían acceso los defensores de Uribe, los del representante Hernán Prada y también el delegado de la Procuraduría. Es obvio que ni los defensores de Uribe, ni los de Prada van a filtrar información que perjudique a sus clientes.

Aquí la sospecha recae sobre la Corte Suprema y sobre los funcionarios de la Procuraduría. Dado los antecedentes del enfrentamiento entre Uribe y la Corte, es apenas natural que los reflectores se enfoquen en esta última. Esa supuesta falta de garantías es una de las razones que habría llevado a Uribe a renunciar a su fuero como congresista para asumir su defensa ante la justicia ordinaria.

Conclusión: el clima de confrontación entre Uribe y la Corte Suprema, así como los antecedentes de “choque de poderes” entre ellos en el pasado, hizo que una decisión natural, basada en pruebas recaudadas, como es la de pedirle explicaciones a Uribe por su comportamiento como senador, mediante un llamado a indagatoria, se convirtiera en el hecho político más trascendental del país en los últimos años.

Magistrado Barceló, ¿bueno o malo?

El magistrado ponente José Luis Barceló, es un veterano funcionario de la Rama Judicial. Hecho en el Ministerio Público y en la propia Corte Suprema de Justicia, es un funcionario de carrera y un juez en todo el sentido de la palabra.

“Es uno de esos jueces que absuelve o condena como la imagen de la Diosa Temis, con los ojos vendados, para no ver el rimbombante apellido del procesado”, me dijo un exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, quien conoce muy bien al magistrado encargado de adelantar la investigación contra Uribe. En otras oportunidades, Barceló ha adoptado decisiones que han beneficiado al propio Uribe.

Prueba de su imparcialidad es que la izquierda -esa misma que hoy lo alaba- no hace mucho lo denostaba por una supuesta cercanía con los militares, deducción a la que llegan -¿llegaban?- en su fanatismo irracional por cuenta de que el magistrado Barceló es egresado y profesor de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá.

Ese mismo Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que hoy actúa en el proceso de Uribe, no ha escatimado ofensas cuando las decisiones de Barceló y de la Corte les han disgustado. Su sesgo ideológico -tan cínico como perverso- ha contribuido, sin duda, a minar los cimientos de la Administración de Justicia en Colombia, pues la vara con la que miden las decisiones judiciales depende de que tanto los beneficia o los perjudica.

¡Unos y otros, dejen que la Justicia actúe!

El proceso al que está vinculado Álvaro Uribe tiene consecuencias políticas. Ya lo hemos dicho y es necio negarlo. Pero lo que no podemos perder de vista es lo que hay detrás de todo este proceso, que no es otra cosa que el juzgamiento al paramilitarismo en el país.

Ese es el bosque que hay que ver detrás de los árboles. Punto. Pero para ello primero debemos reconocer y enfrentar la instrumentalización de la Justicia, con todas las consecuencias que ello tiene: por un lado están los uribistas, señalando de corruptos y vendidos a los magistrados; mientras que por el otro están los antiuribistas, haciéndole barra a la Corte y anunciando marchas de celebración si capturan a Uribe, aupando toda clase de decisiones judiciales sin parar mientes en las garantías procesales que todo sindicado tiene bajo el amparo de la Constitución Nacional.

Lo que todos a una, como en Fuenteovejuna, deberían hacer es solidarizarse con el drama personal del procesado y dejar que la Justicia avance en sus investigaciones y pesquisas. Si hay pruebas que ameriten la detención y condena del procesado, que así sea.

Pero si -al contrario- las pruebas indican que el sindicado es inocente y que lo que procede es su absolución, que así sea. Y que -de ser esto último- quienes estuvieron detrás de este criminal montaje, así como de la persecución despiadada contra Uribe, reciban todo el peso de la Ley. Su actuación no puede estar cubierta con el manto de la impunidad.

Iván Cepeda, ¿manipuló o no a testigos?

La decisión de la Corte Suprema tiene que ver con la denuncia interpuesta en 2012 por Álvaro Uribe contra Iván Cepeda por ofrecer, al parecer, prebendas a exparamilitares para que declararan contra él y contra su hermano Santiago, vinculándolos con grupos paramilitares.

Uribe suministró dos nombres: Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, con quienes Cepeda se habría entrevistado en sus sitios de reclusión en múltiples ocasiones. Uribe sostuvo que Cepeda “manipulaba testigos en su contra”. La Corte investigó y en febrero pasado precluyó el caso contra Cepeda, pero al mismo tiempo concluyó que el senador del Polo era víctima de un plan para incriminarlo en una supuesta “manipulación de testigos”.

Por eso compulsó copias contra Uribe, bajo los cargos de soborno y fraude procesal. De acuerdo con la investigación de la Corte, el abogado Diego Cadena – defensor de paras y narcos en varios procesos- y el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Prada, habrían tratado de presionar a Monsalve para que grabara un video en el que se retractaba de sus señalamientos contra los hermanos Uribe Vélez.

Cualquiera que sea la decisión, al final del proceso, el país debe tener la madurez para asimilarla. Es hora de dejar de pensar que la Justicia es justa cuando condena a los enemigos y es injusta cuando los absuelve. Lo que hay que tener muy presente -ahora y siempre- es que la Justicia es lo único que nos defiende de la barbarie y nos distingue de la estolidez.

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