Procuraduría pone al descubierto el “cartel de los embargos” en la salud

Bogotá, 12 de junio_ RAM_. La existencia de uno o varios “carteles” integrados supuestamente por jueces y abogados, dedicados a embargar los recursos de la salud, puso al descubierto la Procuraduría General de la Nación. Operan especialmente en las ciudades de Sincelejo, Valledupar y Mocoa, capitales de los departamentos de Sucre, Cesar y Putumayo, respectivamente.

“Pese a la prohibición constitucional y legal, actualmente medio billón de los recursos para la salud se encuentra embargados”, señaló el ministerio público, al pedir a la Fiscalía, la Contraloría y la Judicatura “acciones penales, fiscales y disciplinarias contra jueces, abogados y particulares vinculados con estos carteles”.

La Procuraduría advierte que aunque la Constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son inembargables, actualmente 500 mil millones de pesos permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como contratistas y trabajadores.

 

Agrega que de este monto 300 mil millones de pesos corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales.

El Ministerio Público subraya que encontró que en Sincelejo, Mocoa y Valledupar jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud.

Para el caso de Sincelejo se pudo identificar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó el embargo de cerca de $11.000 millones de pesos, que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado y el monto de esas deudas no superaba los $4.000 millones de pesos.

En total al Hospital Universitario de Sincelejo por vía judicial le han embargado más de $20.000 millones de pesos. En el departamento de Sucre los embargos a la salud superan los $30.000 millones de pesos.

En comunicación al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Sanabria, la Procuraduría remitió copia del informe preventivo sobre la vigilancia a los procesos de embargos aplicados a los recursos del sistema de salud, que sirvió de base a la entidad para iniciar acciones disciplinarias.

Como parte de las medidas para hacer frente a estos carteles, el ente de control emitió una circular en la que ordena a los procuradores judiciales del país intervenir en los procesos donde se haya ordenado o se pida el embargo de los recursos de la salud, para advertir sobre la prohibición legal y, si es del caso, solicitar las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

La Procuraduría recordó que el fin último de estos recursos es su circulación en el sistema de salud, y no terminar como depósitos judiciales, existiendo otros medios para garantizar el pago de esas acrecencias.

 

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