Unidad de Víctimas admite que aún falta mucho en reparación

Bogotá, 11 de junio_ RAM_Siete años después de la entrada en vigencia de la ley 1448 con la que se buscaba reconocer y reparar a las víctimas del conflicto en Colombia,  El Gobierno asegura que no se pueden desconocer los avances en la implementación de la misma.

La directora de la Unidad Nacional para las Víctimas Yolanda Pinto, precisó que a pesar de las críticas y denuncias por la lentitud en la atención de todos los afectados, se han entregado unos 5 billones de pesos en pagos de indemnizaciones.

“Hace siete años no teníamos 800 mil víctimas indemnizadas, hace siete años no teníamos 700 mil víctimas con acompañamiento sicosocial, hace siete años 1 millón 800 mil víctimas no habían recibido una oportunidad de generación de ingresos y de productividad”, señaló Pinto, esposa del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, tras haber sido secuestrado por las Farc  21 de abril del 2002.

La funcionaria también reconoció que a pesar de los avances “indudablemente falta por atender a muchas más”.

Reparación alcanza los 10 billones de pesos

En el 2015 la cifra de personas que se declararon como víctimas del conflicto en su mayoría por desplazamiento forzado, superaba los 8 millones. Un año después, una decisión de la Corte Suprema, ratificó que los desplazados debían también ser reparados en un hecho que desbordó las previsiones contempladas en un documento Conpes para financiar la aplicación de esa ley.

“De 8 millones 600 mil colombianos que declaramos ser víctimas del conflicto, siete millones deben ser reparadadas y aun falta mucho pues en el proceso de reparación a más de 3 millones de ellas, nos queda faltando muchísimo más”, agregó la directora de la Unidad.

Yolanda Pinto destacó finalmente que los dineros usados para la implementación de la ley corresponden al mismo Estado pues ningún actor al margen de la ley presente en el conflicto, ha entregado recursos para tal fin.

“800 mil víctimas indemnizadas han costado cinco billones y medio de pesos, cuatro millones de víctimas atendidas humanitariamente, han costado cuatro billones 300 mil millones de pesos”, puntualizó.

A finales de 2010 en una zona rural de El Patía, Cauca, la guerrilla de las Farc asesinó a cuatro integrantes de una misma familia, entre ellas dos adultos mayores, tras negarse al pago de una indemnización.

Fernando Vasquez, uno de las personas que se salvó de morir en ese mismo hecho, asegura que la ley de víctimas no funcionó.

“Para nosotros no ha servido para nada la ley 1448, nuestra familia fue asesinada en un pueblo del sur del Cauca y el Estado no ha hecho absolutamente nada por nosotros, yo arrimo a la oficina de víctimas de Popayán cada cuatro a seis meses y me dicen que hay que esperar”, dijo.

Odorico Guerra, es el representante de la mesa de víctimas en el Magdalena, departamento al que llegó luego de salir desplazado por parte de grupos ilegales. El líder destacó que en su caso si ha recibido reparación a través de la ley 1448.

“Claro que ha servido mucho, yo como víctima no me imaginé estar en los grandes escenarios en donde se discuten las políticas públicas de este país en beneficio para las víctimas en general”, dice.

La implementación de la ley 1448 en cifras

La Ley creó el Registro Único de Víctimas (RUV), que ha permitido consolidar una base de datos de todas las víctimas, directas o indirectas, de 12 hechos victimizantes. Hoy están incluidas en el RUV 8’679.002 personas, de las cuales 6’944.905 son sujetos de atención y reparación.

De las personas registradas, el 49.7% (4.316.127) son mujeres y el 49.5% (4.297.851) son hombres. Dicen pertenecer al sector LGBTI el 0.02% (2.522) y el 0.7% (62.502) no informa el género.

Con relación a las etnias, 208.807 declaran ser indígenas; 30.177, gitano Rrom; 10.217, raizales; 822.613, negro afrocolombiano; y 2.279, palenqueros.

La mayoría, 7.719.202 personas, son víctimas de desplazamiento forzado. Le siguen: homicidio, con 1.010.117 víctimas; amenaza, 430.565; desaparición forzada, 171.090; pérdida de bienes, 115.575; acto terrorista, 92.018; secuestro, 36.929; delitos contra la integridad y la libertad sexual, 26.253; mina antipersonal, 11.428; tortura, 11.009 personas. También hay víctimas de confinamiento, 9.803 personas, vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, 7.519; lesiones psicológicas, 7.603; abandono o despojo forzado de tierras, 6.552 y lesiones personales físicas, 6.147 personas.

Entre 2009 y mayo de 2018, la Unidad ha invertido un poco más de $5.0 billones en la entrega de 805.815 indemnizaciones administrativas. De estos recursos, 9.951 pagos por $182.702 millones fueron ordenados por procesos de Justicia y Paz.

Hoy existen 634 sujetos de reparación colectiva en todo el país, de los cuales 128 están implementando planes de reparación. Incluyen medidas para restablecer derechos colectivos, identidad cultural, organización política y social, así como recuperación de actividades y espacios de encuentro comunitario, cultural y deportivo, fortalecimiento de liderazgos y atención psicosocial, entre muchas otras.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, hasta mayo de 2018 habían sido restituidos 5.981 predios en beneficio de alrededor 38 mil personas. Ante los jueces, la Unidad de Restitución ha presentado algo más de 15 mil casos.

Desde el 2010 se han acompañado 260.818 hogares en retornos y reubicaciones, se han formulado 267 planes de retorno y reubicación y se han implementado 5.163 esquemas de acompañamiento familiares.

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