Denuncian que la JEP está legislando en causa propia

Los congresistas Horacio Serpa y Hernán Penagos, ponentes del proyecto que establece el procedimiento del sistema de justicia transicional, tras cuestionar los protocolos que la JEP ha venido expidiendo en las últimas semanas.

El senador del Partido Liberal, Horacio Serpa, y el representante de la U, Hernán Penagos, ponentes del proyecto de ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz lanzaron una grave denuncia en la que afirman que los magistrados de dicho organismo transicional estarían tratando de legislar en causa propia.

Ambos congresistas, quienes tienen a su cargo exponer ante el Legislativo la iniciativa que reglamenta aspectos técnicos de la JEP, cuestionaron los protocolos que recientemente se han emitido desde allí y que, afirman, no son propios de su labor. “Vemos una serie de normas que nos parece que son de procedimiento y la competencia es exclusivamente del Congreso”, dijo Serpa.

A su turno, el representante Penagos agregó que lo que se está haciendo allí es intentar sustituir las facultades que, por norma constitucional, le fueron otorgadas al Congreso. “Así que mal hace la JEP al estar haciendo reglamentos incluyendo, por ejemplo, el fenómeno de la extradición que hoy deben ser tramitadas ante el Congreso”, reiteró el congresista de la U.

Penagos se refiere, en concreto, al protocolo 001 de 2018, emitido por la Sección de Revisión que contiene el trámite de las solicitudes relacionadas con la garantía de no extradición, como quedó establecido en el Acuerdo de Paz. Allí, se hace alusión directa al caso de ‘Jesús Santrich’ y se indica que para el mismo habrá dos fases: una previa y otra de conocimiento.

“Si bien la JEP debe avanzar, eso no significa ni le da competencias para sustituir las competencias que hoy le están dadas al Congreso. Es que el procedimiento no es otra cosa que un Código que debe expedir el Congreso y que ni siquiera el presidente de la República puede hacerlo mediante decreto”, agregó Penagos.

En el protocolo previamente mencionado, se indica que la Sección de Revisión tendrá un plazo máximo de 120 días para resolver de fondo la solicitud de extradición, aunque aclara que la garantía de no extradición no aplicará a los integrantes de la exguerrilla de las Farc que hayan delinquido con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.

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