Análisis Ley del Montes | La mala hora de la JEP

POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

El máximo tribunal de los acuerdos de paz atraviesa su peor momento y la escogencia de Martha Lucía Zamora como Secretaria Ejecutiva afecta mucho más su credibilidad.

Lo que sucede con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es el mejor ejemplo de que todo lo que empieza mal, termina mal. La JEP comenzó mal y podría terminar peor. Desde sus inicios, cuando fue concebida en La Habana, como el modelo de justicia transicional que permitiría el juzgamiento de quienes tuvieron que ver con el conflicto armado, tanto combatientes como civiles, la JEP fue sometida a todo tipo de cuestionamientos, en especial por su poder ilimitado y por la escogencia de sus magistrados.

De todas las entidades surgidas de la negociación entre el Gobierno y las Farc, la JEP ha sido la más criticada. Tantos reparos terminaron por afectar el único patrimonio que debe tener un tribunal de Justicia: su credibilidad. Hoy pocos colombianos creen en la imparcialidad y la independencia de la JEP. Los hechos y los mismos protagonistas se encargaron de minar la poca confianza que despertaba esa jurisdicción especial, que es la columna vertebral que sostiene la implementación de los acuerdos de La Habana.

Los hechos más recientes terminaron por darle la razón a aquellos que dudaban de la transparencia y la idoneidad de quienes conforman la JEP. Uno de los más sonados fue la intempestiva renuncia de su Secretario Ejecutivo, el ex magistrado Néstor Raúl Correa, quien abandonó el cargo dando un portazo y denunciando las presiones a las que fue sometido por varios de los magistrados de la JEP, quienes querían o quieren tener el control de la entidad.

La salida de Correa -nombrado por las Naciones Unidas y ratificado por el Comité de Escogencia (grupo de notables que seleccionó a todos los magistrados de la JEP)- produjo un tsunami en la entidad, pues se trataba del funcionario que debía poner en marcha al superpoderoso tribunal de Justicia.

El Secretario Ejecutivo de la JEP es sin duda el funcionario más poderoso e influyente de ese organismo. Debe responder por decisiones administrativas, que van desde la compra de lapiceros y computadores, hasta la contratación de asesores para los magistrados, pasando por la adquisición de vehículos blindados para todos ellos y la dotación de todas las oficinas de la entidad. Pero también conoce de los repartos de los procesos, tramita las actas suscritas con los excombatientes de las Farc y con miembros de la Fuerza Pública, así como con particulares que quieren resolver su situación ante ese tribunal especial de paz. Es decir, el Secretario Ejecutivo es el funcionario “superpoderoso” en la “superpoderosa” JEP.

Un cargo tan apetitoso se convierte en un puesto apetecido. Apenas se sentó en la silla de la Secretaría Ejecutiva, a Correa comenzaron a lloverle presiones de los magistrados de la JEP, quienes se sintieron excluidos de la repartición de la torta y exigieron una mayor participación. La vocera de los reclamantes fue la propia presidenta de la JEP, Patricia Linares.

La danza de los millones llevó a la Contraloría General a pedir cuentas de recursos administrados, que ascienden -según el organismo de control- a 4.7 millones de dólares, casi todos provenientes de organismos internacionales, que creyeron en la paz con las Farc. En su renuncia, Correa sostiene que no firmó ninguno de los contratos y que los multimillonarios recursos fueron manejados con transparencia por parte de la ONU, que fue el organismo que los administró.

En lo que sí ha sido contundente y reiterativo Correa es en lo que tiene que ver con las presiones que recibió por parte de los magistrados de la JEP. Ante la Comisión Primera del Senado -donde se llevó a cabo un debate de control político a la JEP- afirmó que los magistrados designados exigían el nombramiento de cinco magistrados auxiliares para cada uno de ellos, con un salario mensual cercano a los 30 millones de pesos. En plata blanca eso significa crear 800 nuevos puestos de trabajo para una entidad que en un año y medio después de haber sido creada no ha citado a un solo jefe de las Farc para que rinda testimonio.

Pero si la salida de Correa produjo ruido, la llegada de su sucesora podría armar un escándalo mayor. En efecto, la llegada de Martha Lucía Zamora a la Secretaría Ejecutiva de la JEP alborotó el avispero, por cuenta de sus antecedentes en la Rama Judicial y sus controvertidas decisiones cuando se desempeñó como fiscal. Zamora fue quien mantuvo preso al ex diputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, al señalarlo injustamente de haber tenido participación directa en el secuestro y posterior asesinato de 11 de sus compañeros en la Asamblea Departamental.

Se desempeñó como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia en tiempos de Eduardo Montealegre y fue también funcionaria de confianza de Viviane Morales, cuando ésta ocupó la Fiscalía General. Al salir Montealegre de la Fiscalía General, Zamora hizo campaña para que Juan Manuel Santos la postulara en la terna para que la Corte Suprema la eligiera como Fiscal, pero no la incluyó. Su afinidad política y su amistad con Gustavo Petro, la llevó a ocupar la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, durante la administración del hoy candidato presidencial de Colombia Humana.

La JEP, ¿qué tan legal y qué tan legítima?

Todos los académicos y tratadistas que se ocupan de leyes, normas y ordenamientos jurídicos, coinciden en que es tan importante la legitimidad como la legalidad. La primera se conquista y la segunda se impone. Punto.

En el caso de la JEP es evidente que tiene una larga y extensa tarea para construir legitimidad. Desde de su creación la JEP ha sido mostrada por sus detractores como un tribunal diseñado a la medida de las Farc. Es decir: no es un tribunal para todos los actores del conflicto, sino para uno de dichos actores.

La conformación de la lista de magistrados que la integrarían no dejó tranquilo a nadie. Los nombres de buena parte de los magistrados que la conforman están acompañados de decisiones y declaraciones que los muestran como enemigos de las Fuerzas Armadas de la República, o del propio Establecimiento, así como de movimientos y partidos políticos. Varios de ellos han tenido una amplia trayectoria y militancia política en grupos de izquierda.

¡Cómo olvidar la militancia política de Adolfo Arango en el Polo Democrático, hasta el punto de ser su candidato al Senado! ¡Cómo pasar por alto las relaciones entre Iván González y el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, que logró colar a varias de sus fichas a dicho tribunal!

¿Alguien duda del odio visceral de ese colectivo a las Fuerzas Armadas de la República? Solo hay que leer los trinos de su ex presidente Alirio Uribe para saber lo que piensa del ESMAD, así como de soldados y policías. ¿Algún miembro de las Fuerzas Militares, que combatió a las Farc y le propinó varias bajas, podrá estar tranquilo sabiendo que en la JEP está sentada como asesora la esposa del senador Iván Cepeda? ¿Lo estarán militares y policías que han sido objeto de todo tipo de señalamientos por parte del senador del Polo Democrático?

Martha Lucía Zamora, escogencia inconveniente

No tiene buena presentación que quien fuera la Secretaria General del hoy candidato presidencial Gustavo Petro durante su desempeño como Alcalde de Bogotá, sea la nueva Secretaria Ejecutiva de la JEP.

No sólo no tiene buena presentación: tiene pésima presentación, pues la designación de Martha Lucía Zamora terminó por politizar aún más al alto tribunal. Su cercanía con quien figura en las encuestas como uno de los candidatos más opcionados para llegar a la Casa de Nariño despierta todo tipo de suspicacias.

Sus motivaciones políticas, su sesgo ideológico y su animadversión a las Fuerzas Armadas, podría comprometer sus decisiones futuras. ¿Qué pueden estar pensando en estos momentos los empresarios de “derecha”, que han sido cuestionados en la plaza pública por Gustavo Petro, al saber que el “súper poder” de la JEP será ejercido por una de las personas más cercanas al candidato de la izquierda? ¿Qué garantías tienen dichos empresarios de que “testimonios de terceros o de ex guerrilleros desmovilizados” no van a ser utilizados o instrumentalizados para afectar su patrimonio o hasta su propia libertad? ¿Quién garantiza que Zamora no se dejará llevar por sus veleidades ideológicas o sus motivaciones políticas y actuará de forma absolutamente garantista, que fue lo que no ocurrió en el caso de Sigifredo López, a quien mantuvo preso contra toda evidencia?

¿Por qué salió Néstor Raúl Correa de la JEP?

El verdadero lío con la salida de Néstor Raúl Correa como Secretario Ejecutivo de la JEP no está relacionado con asuntos de moralidad o malos manejos de recursos. Quienes lo conocen saben que se trata de una persona honesta y transparente. Su “tragedia” comenzó cuando no pudo satisfacer los egos de los señores “Magistrados” de la JEP, quienes -como nuevos ricos- una vez en sus cargos dieron rienda suelta a sus caprichos.

Por ejemplo: los señores magistrados quieren camionetas Toyota blindadas y no Renaults Logan, pues consideran que estas últimas no son dignas de transportar sus cuerpos lustrosos e imperiales. Hay más botones de las exigencias de los magistrados de la JEP que hicieron caer en desgracia a Correa.

Ellos quieren equipos de trabajo personales y personalizados de por lo menos 5 magistrados auxiliares, cada uno con una asignación mensual de 27 millones de pesos. ¡27 millones de pesos mensuales por sustanciar procesos, sin responsabilidad penal o disciplinaria alguna! Un Ministro, con todo lo que hace y por lo que tiene que responder, no llega a 15 millones mensuales.

Y si cada Magistrado de la JEP tiene cinco magistrados auxiliares, entonces ¿cuál será su trabajo como Magistrado Titular? ¿A qué horas piensa trabajar, pues no tendrá ni la mitad de la carga laboral que tiene un magistrado de la Corte Suprema o del Consejo de Estado? Conclusión: Correa salió porque les pidió a los magistrados de la JEP austeridad y trabajo, algo que -al parecer- muy poco les gusta.

Corte Suprema Vs JEP, choque de poderes

Los magistrados de la JEP por andar pendientes de carros dignos de ellos y de “nóminas maximalistas” han pasado de agache con asuntos importantes. El primero es la captura con fines de extradición que la Fiscalía ejecutó en contra de Jesús Santrich.

Más allá de si es responsable en USA de aquello por lo que lo solicitan o si unas meras conversaciones sobre una actividad ilegal son delito en Colombia, se supone que la competencia para decidir si los acogidos al proceso de paz siguen delinquiendo o no, es de la JEP.

La extradición es un mecanismo de cooperación internacional que en Colombia está asignado al conocimiento de la jurisdicción ordinaria y el concepto final le compete a la Corte Suprema de Justicia, “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”. Si ello es así, sorprende la tibieza de la presidenta de la JEP ante la ejecución de la orden de captura por parte de la Fiscalía.

Se pasaron por la faja a la JEP. Otro asunto delicado es la intención de la JEP de arrogarse competencias que no le corresponden. Un reciente comunicado de la Sala Penal de la Suprema le plantó cara a la JEP en su intención de asumir acciones de tutela en asuntos que no le competen.

No se sabe la respuesta de la JEP y de la magistrada Caterina Heick al reclamo de la Suprema, pero lo destacable es que ya están notificados. La Suprema no está dispuesta a tolerar veleidades totalitarias de una jurisdicción que tiene delimitadas sus competencias y está pendiente de definir sus procedimientos de manera legal.

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