LA LEY DEL ‘MONTES’ | Sí hay Quinto malo

Por Oscar Montes

@LeydelMontes

¿Qué hay detrás de la testarudez del Consejo Nacional Electoral de no revocar la candidatura de Quinto Guerra a la Alcaldía de Cartagena, como piden Procuraduría y juristas?

Los únicos que creen que Antonio Quinto Guerra no está inhabilitado para ser alcalde de Cartagena son los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes contra toda evidencia decidieron autorizar su candidatura abiertamente ilegal. Lo mismo piensan –obviamente– sus padrinos políticos, que han defendido su postulación con uñas y manos, a sabiendas de que ella representa una enorme ganancia en términos económicos y electorales.

Nadie más piensa que Quinto Guerra –avalado por el Partido Conservador– está habilitado para ser alcalde de Cartagena, en las elecciones atípicas del próximo 6 de mayo. El argumento más contundente lo esgrimió de forma implacable y certera la Procuraduría General de la Nación, organismo que hizo llegar al CNE un concepto en el que plantea las razones del impedimento y que tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que Quinto Guerra se desempeñó como contratista tanto de la Gobernación de Bolívar como del Ministerio de Vivienda un año antes de su inscripción como candidato a la Alcaldía.

El concepto que el Ministerio Público hizo llegar al CNE es de una contundencia tan demoledora que lo asalta a uno las dudas acerca de cuáles son las verdaderas razones de la mayoría de los magistrados del alto tribunal electoral para no revocar la inscripción de Guerra. Es tan descarada y arbitraria la decisión que hay quienes consideran que navega por las oscuras y profundas aguas de la sospecha.

Los hechos objetivos resultan incontrovertibles. Dice el Ministerio Público en su concepto, lo siguiente: “Cinco meses antes del 15 de abril de 2018, fecha que se había fijado inicialmente para la jornada electoral y fue postergada por el Ejecutivo para el día 6 de mayo del presente año, el candidato cuestionado estaba ejecutando contratos con el departamento de Bolívar y con el Ministerio de Vivienda, por lo que se encontraba vigente la celebración de los mismos”.

Para el Ministerio Público, Quinto Guerra, por ser contratista de Cartagena un año antes de inscribir su candidatura, gozaba de un privilegio que hoy lo pone en clara ventaja ante sus competidores. Es decir, como contratista dispuso de una serie de gabelas de las que carecen sus rivales, entre ellos Andrés Betancourt.

El Partido Conservador, considera, sin embargo, que la inhabilidad a la que se refiere el Ministerio Público carece de fundamento.

Uno de los magistrados del CNE que salvó su voto en la controvertida decisión es Armando Novoa, quien considera -al igual que el Ministerio Público- que la candidatura de Guerra debe ser revocada: “El candidato cuestionado sí está inhabilitado, porque el contrato suscrito con el Ministerio de Vivienda en octubre de 2017 no es una adición del contrato inicial, sino un nuevo contrato dentro del periodo que lo inhabilita para aspirar al cargo”.

Pero más allá de las consideraciones legales que comprometen la legitimidad de la candidatura de Quinto Guerra a la Alcaldía de Cartagena, lo cierto  es que tanto su aspiración, como un posible triunfo suyo serían nefastos para la ciudad. Detrás de él ofician como padrinos políticos los mismos personajes siniestros que llevaron a la Alcaldía de la ciudad al desaparecido Campo Elías Therán y a Manuel Vicente “Manolo” Duque, destituidos ambos por la Procuraduría General por celebrar contratos de forma abiertamente ilegal.

Quinto Guerra será, como los dos anteriores, una especie de marioneta que servirá a los intereses de sus padrinos políticos y  también tendría que ser destituido por el Ministerio Público. Eso lo saben muy bien quienes se han empecinado en llevarlo a la Alcaldía, pese a su protuberante inhabilidad, entre ellos la poderosa familia García Zuccardi, en cabeza del exsenador Juan José García, y los también excongresistas William Montes y Vicente Blel, condenados por la Corte Suprema por “parapolíticos”.

El interés de los padrinos políticos de Quinto Guerra no es, pues, el de servir a Cartagena: es servirse de Cartagena o poner Cartagena a su servicio. Con ellos también están un grupo de empresarios cuyos intereses particulares están por encima de los de la mayoría de los cartageneros.

Todos van por el botín que representan una serie de contratos multimillonarios, entre los que se destacan megaobras y concesiones que se vencen, como la del alumbrado público, el proyecto de drenajes pluviales y las avenidas de Manga y la del Bicentenario. Es decir, lo que está en juego es un mundo de plata, que mal administrada o dejada en manos de corruptos, serviría para enriquecer aún más a unos pocos y empobrecer más a la inmensa mayoría de los cartageneros.

Y es que la tragedia que vive Cartagena está ligada de forma directa con la corrupción de buena parte de su clase política. Ahí radica el origen del mal que tiene postrada a La Heroica. La ciudad ha tenido en menos de 18 meses, seis alcaldes, incluido “Manolo” Duque, suspendido por la Procuraduría General por autorizar obras sin contar con licencias de construcción, entre ellas el edificio Portal II de Blas de Lezo. En la actualidad ocho concejales tienen detención domiciliaria por haber elegido de forma irregular a la contralora de la ciudad.

Estos son claros ejemplos de la forma cómo la clase dirigente ha sido inferior al reto de superar la miseria de los barrios marginales de la ciudad, acabar con la desgracia social que significa la prostitución infantil, así como volverla mucho más competitiva para proyectarla al futuro. Cartagena no merece su suerte actual, pero también es claro que el comportamiento electoral de sus habitantes no ha sido el más responsable ni el más maduro. ¿Qué suerte le espera a Cartagena, ante un triunfo de Quinto Guerra?

Un candidato en problemas, será un alcalde emproblemado

No hay ninguna razón para pensar que –de ganar la selecciones atípicas el próximo 6 de mayo– Antonio Quinto Guerra termine su mandato. Las protuberantes ilegalidades en las que incurrió al momento de inscribirse, hacen presagiar la misma suerte que corrieron dos de sus antecesores: Campo Elías Therán (desaparecido) y Manuel Vicente Duque, suspendido del cargo en mayo del año pasado, debido a las irregularidades en el seguimiento y control de construcciones de obras en la ciudad, entre ellas la del edificio Portal II de Blas de Lezo, cuyo derrumbe causó la muerte de 21 personas. Quinto Guerra, será, pues, un Alcalde destituido. Eso lo saben muy bien sus padrinos políticos y financieros, cuyo único interés es ejercer control sobre un funcionario que llegará muy debilitado al Palacio de la Aduana, luego del escarnio al que ha sometido su candidatura. Esa condición de debilidad es la que más les conviene a sus padrinos para poder manipular y controlar todas y cada una de sus decisiones. Ese ha sido su comportamiento durante muchos años. Para ellos el problema no es legal, sino de tiempos. Solo necesitan de pocos meses para definir y concretar una serie de contratos multimillonarios, entre ellos varias megaobras y concesiones cuyas licencias deben ser renovadas. Para decirlo en plata blanca: lo que está en juego en Cartagena en estos momentos –más que la elección de un Alcalde– es la definición de grandes contratos con muchos ceros a la derecha.

¡Este es el negocio, socio!

Uno de los grandes negocios en los que se ha embarcado Cartagena es el de la protección costera, que tiene como propósito mitigar la grave erosión marina que afecta a la ciudad. Para su realización el Gobierno Nacional aportó $100.000 millones y se espera que el Distrito aporte unos $60.000 millones. Los créditos para la realización de esta serie de obras –entre ellas la construcción de siete espolones– ya fueron firmados por la banca internacional. Pero la gran apuesta de Cartagena, de la que depende su desarrollo y su futuro urbanístico es el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que no se actualiza desde el 2001. El POT definirá la nueva Cartagena y ello incluye redefinir algunas zonas estratégicas de la ciudad, tanto en materia turística, como industrial y comercial. El caos urbanístico de la ciudad –donde urbanizadores piratas hacen lo que les de la gana– no da espera. Las otras grandes obras que deben realizarse y que deberán pasar por el despacho del nuevo alcalde de la ciudad son las que tienen que ver con el deterioro medioambiental de la ciudad. Para ello deben intervenirse los cuerpos de agua que son fundamentales para Cartagena, como la ciénaga de La Virgen, la Bahía de Cartagena y el caño de Juan de Angola. El llamado Plan Maestro de Drenajes –que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias que viven a orillas de caños y canales de la ciudad– también está pendiente. Su costo es del orden de los $1,5 billones. Es decir, se trata –¡qué duda cabe!– de “meganegocios” bien carnudos en los que tienen interés grandes contratistas. ¡Estos son los negocios, socios!

¿Y los votantes? Bien, gracias

La elección de alcaldes que no cumplen con la idoneidad ni cuentan con la preparación necesaria para ejercer el cargo es una de las constantes de Cartagena en los últimos años. El desespero, la ignorancia y la manipulación de los votantes se suman a la hora de escoger a quien esté al frente de los destinos de la ciudad. Y ese peligroso cóctel se traduce en administraciones mediocres y cooptadas por la corrupción. El discurso irresponsable y populista –que lleva a esos candidatos a prometer lo que jamás van a cumplir– cautiva a unos electores fácilmente manipulables y comprables. Ahí está el secreto para que la ciudad haya tenido cualquier cantidad de alcaldes de cuyos nombres nadie quiere acordarse. Los demagogos de ocasión, quienes les dicen a los electores lo que ellos quieren oír, aunque sepan muy bien que jamás cumplirán sus promesas, se han encargado de postrar cada día más a Cartagena en el fango donde se encuentra. El discurso promesero y facilista encuentra tierra abonada en los sectores más marginados de la ciudad, cuyos habitantes se “cobran” con el voto favorable a los populistas, tantos años de olvido y humillación por parte de una clase política cínica y excluyente. Esta es la triste realidad de la ciudad más hermosa de Colombia. Punto. Esta es la cruel situación que atraviesa quizás la ciudad con mayor desigualdad social de Colombia, donde hay una postal con hoteles de cinco estrellas que se vende al mundo, pero donde también hay niñas de escasos 11 años que viven en la miseria, que están embarazadas o ejercen la prostitución infantil.

¿Qué hacer ante la crítica situación?

El nuevo alcalde tendrá un mandato de apenas 20 meses. Los dos principales aspirantes a la Alcaldía son Antonio Quintero Guerra y Andrés Betancourt González, joven aspirante que ha desarrollado su campaña en medio de una guerra sucia desatada por su principal contendor. Betancourt ha realizado una valiosa labor en los sectores independientes de la ciudad, interesados en llevar a cabo un verdadero proceso transformador en Cartagena. Quinto Guerra -su principal rival- cuenta con el apoyo de buena parte de la clase política de la ciudad, que ha defendido su candidatura con uñas y manos ante el Consejo Nacional Electoral, organismo que terminó cediendo a sus pretensiones el pasado viernes. Pero una Alcaldía de Guerra ni siquiera duraría 20 meses. La sanción que le impondría la Procuraduría se relaciona con la comisión de una “falta gravísima”, contemplada en el artículo 48, numeral 17 de la Ley 743 de 2000. “Actuar u omitir –dice el numeral 17– a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”. En este caso, el funcionario elegido en esas condiciones será objeto de “destitución e inhabilidad general”. ¿Así o más claro? Candidato, padrinos y electores están notificados de la suerte que los espera. De ellos depende si siguen en su desbocada carrera contra una decisión que está más que anunciada.

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