Burla a la justicia y recursos del Fondo Colombia en Paz

El Ojo del Halkón

Por: Rubén Darío Mejía Sánchez

Cada semana en Colombia hay temas de la tierra de Macondo, como dijera nuestro gran García Márquez, suceden cosas que muchas veces son difíciles de entender, pero que pasan, pasan y dos de esos temas son los que nos ocupan esta semana miradas con el ojo del Halkón.

Dos cosas simultáneas sucedieron en el país: la actuación de un fiscal falso, que sin sonrojarse avaló la libertad del líder de los camioneros Pedro Aguilar y lo hizo burlándose de la justicia, como dijera mi abuelo, en sus propias narices.

Y otro tiene que ver con los dineros del Fondo Colombia en Paz, dineros para el manejo del posconflicto que según los entes de control, están siendo mal manejados y como se creía eran para la implementación de la Justicia Especial para la Paz y todo lo que tiene que ver para el cumplimiento de los acuerdos de paz, parece se han manejado de manera fraudulenta.

En la I Cumbre Empresarial: Responsabilidad del Sector Privado con la Lucha contra la Corrupción, el Jefe del Ministerio Público aseguró, y con toda razón, “no hay territorios vedados ni fondos vedados para las instituciones de control en Colombia, para la Fiscalía, para la Contraloría no para la Procuraduría”.

Fernando Carrillo explicó que por su parte inició una indagación preliminar para analizar los contratos del Fondo Colombia en Paz y establecer si existe una alteración de honorarios, ineficacia o ineficiencia en el manejo de los recursos.

El Ministerio Público pidió también a la Fiscalía y a la Contraloría acompañarlo en la presentación de un pproyecto de ley que busca sanciones para las IPS y EPS que se nieguen a prestar los servicios de salud o que destinen los recursos a destinos diferentes de la garantía de los derechos de los colombianos.

Este escándalo de la malversación de los recursos del Fondo Colombia en Paz, fueron rechazados por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien pidió a los entes de control y a las entidades de justicia investigar lo sucedido y castigar con mano fuerte a quienes estén cometiendo esta clase de delitos.

Quise contar lo anterior para que los lectores se enteraran de lo que estoy hablando; pero lo que si quiero es poner el grito en el cielo y con llanto lastimero quejarme de la bajeza de algunas entidades y ciudadanos que están prestos a poner la piedra de tropiezo a la buena imagen del país y sin interesar que los recursos con los que se cuentan no son solo nacionales sino de ayudas internacionales estén yendo al despilfarro y a los bolsillos de ciertos inescrupulosos dejando muy mal parada la imagen del país ante el ámbito internacional.

Se roba en los municipios, en las ciudades capitales, en los departamentos y en el país y ahora se roban los recursos del Fondo de la Paz, lo que quiere decir que nada está protegido y estoy de acuerdo con el procurador Fernando Carrillo al decir que no hay nada vedado para investigar, porque hay que hacerlo y demostrarle al mundo y a nosotros mismos que no todos somos deshonestos, y que estamos en contra de la corrupción y que contamos con un país en donde se puede castigar, no solo a los maleantes comunes sino también a los de cuello blanco.

Ya el fiscal Néstor Humberto Martínez había advertido sobre la corrupción empresarial que según sus propias palabras, es uno de los delitos más perversos y es por eso que hizo un llamado al sector privado para que no obstruya las investigaciones sino que coadyuve a los progresos. Cuando le tocó el turno al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, fue enfático en decir que si no acabamos con la corrupción, la corrupción acaba con el Estado Colombiano y pidió al sector privado honrar la confianza depositada en él y no ampararse en normas privadas para su protección, no se quedó por fuera ni siquiera el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes quien aseguró que uno de los grandes retos para combatir la corrupción está en la colaboración del sector privado y generar grandes cambios en beneficio del país.

Dejé para último el comienzo del título de la columna, para hacer una pregunta: ¿Qué piensan los colombianos de la gran burla hecha a la justicia colombiana cuando un falso fiscal pidió la libertad del líder camionero Pedro Aguilar y la juez del caso cayó en sus redes y dio la orden de libertad?

José Edilberto Prada se presentó tranquilamente al juzgado para participar en una audiencia en donde tranquilamente dijo “su señoría, la Fiscalía no se opone porque no hay maniobras dilatorias de la defensa y los requerimientos del artículo 308 así lo establece”, Prada Barbosa no se cambió el nombre para esta afirmación y utilizó su nombre de pila en el fraude.

Aguilar recobró la libertad y salió a volar pero fue recapturado en la ciudad de Cali y comenzaron a aparecer nombres de quienes serían los culpables y patrocinadores de esta gran mentira y fue así como Diana Milena Zárate, abogada defensora de Pedro Aguilar se declaró inocente, lo mismo que el falso fiscal, pero las investigaciones llegaron hasta encontrar un abogado de quien dicen fue el que orquestó todo este fraude, Pablo Enrique Muñoz, quien parece además fue quien se presentó como abogado titular en la audiencia de Aguilar el pasado 15 de marzo en el complejo de Paloquemao en la que pidió la libertad del líder camionero.

El falso fiscal, según se ha podido saber hizo todo por ganarse 2 millones de pesos y un vestido de paño; no importa lo que haya ganado, sino cómo se orquestó este gran fraude y burla a la justicia colombiana.

Esto demuestra que es necesario que desde el Congreso de la República se estudie una ley por medio de la cual se reforme en su totalidad la justicia que en gran parte ha tenido sus altas y sus bajas en los últimos años.

Han sido muchos los inocentes condenados y muchos los delincuentes dejados en libertad, dejando un manto de inseguridad y desconfianza en los colombianos que ya no creen mucho en la justicia y en la decisión de los jueces; cuando la Policía detiene a los delincuentes, muchas veces en flagrancia y son dejados en libertad y es por ello que a veces el ciudadano de a pie toma a la justicia por su mano, complicando cada día más la situación de seguridad en el territorio colombiano.

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