ANÁLISIS LEY DEL MONTES: Colombia, una democracia hereditaria

Por Oscar Montes

A partir del próximo año seguirán en el Congreso los mismos con las mismas y tendremos parlamentarios en cuerpo ajeno • Volverán las listas negras de aspirantes.

En las elecciones presidenciales de 1974 Colombia entró al ‘Récord Guinness’ de la política mundial por cuenta de un hecho singular: por primera vez en la historia tres hijos de ex presidentes disputaban la Presidencia de la República. Se trataba de Alfonso López Michelsen, Álvaro Gómez Hurtado y María Eugenia Rojas de Moreno. El primero era hijo de Alfonso López Pumarejo, el segundo de Laureano Gómez y la tercera de Gustavo Rojas Pinilla, quienes en algún momento ocuparon el Solio de Bolívar.

Curiosamente, durante la campaña –la primera que se celebraba después del llamado Frente Nacional– todos los candidatos señalaban a sus oponentes de disfrutar del privilegio de pertenecer a una familia poderosa y de disfrutar de la condición de ser hijo o hija de un ex presidente. A la postre ganó López, a quien el columnista Lukas Caballero ‘Klin’ bautizó como “El hijo del Ejecutivo”.

Aunque el hecho de tener de forma simultánea a tres hijos de ex presidentes aspirando a la jefatura del Estado es sin duda muy llamativo, lo cierto es que Colombia se ha caracterizado por una especie de “rotación familiar” en los cargos de elección popular, lo que ha llevado a la opinión pública a considerar -no sin una buena dosis de razón- que presidentes y congresistas terminan siendo “los mismos con las mismas”.

Ni siquiera los procesos penales han servido para depurar las listas de los clanes familiares dedicados al ejercicio de la política. Todo lo contrario: con el proceso 8.000 y con la llamada ‘parapolítica’, se incrementó el fenómeno de inscribir en las listas para el Congreso de la República a algún miembro de una familia para que suceda a quien está preso por haber cometido un delito, o es investigado por la Fiscalía o la Corte Suprema, por haber incurrido en una ilegalidad.

La justificación de esa modalidad está contemplada en el mismo Código Penal, que establece que la responsabilidad por este tipo de delitos es individual, lo que significa la no existencia de los llamados “delitos de sangre”. En plata blanca ello significa que ninguna persona responderá penalmente por delitos cometidos por un familiar, llámese esposo o esposa, padres, hermanos, primos, sobrinos, entre otros.

Pero esta especie de “democracia hereditaria” no es un fenómeno que se presenta solo en clanes políticos cuestionados. También ocurre en las “mejores familias”, cuyos miembros carecen de antecedentes penales, donde los votos -como los apellidos- pasan de generación en generación.

Es decir, el hecho de “blindar el ejercicio de la política” solo para un grupo muy selecto de personas ocurre tanto con los “malos” como con los “buenos”. Tanto en quienes son señalados de corruptos como en quienes se consideran impolutos, en los indecentes como en los decentes. Es en últimas un modo de hacer política excluyente y perverso que atenta contra la transparencia del ejercicio de la política, pues margina a un amplio sector de la población que no tiene el “privilegio” de pertenecer a una familia o a una rosca política.

La inscripción de las listas de los candidatos al Congreso de la República el próximo año -luego de ser avalados por los partidos y movimientos- reafirmó la tesis de que Colombia es una especie de “democracia hereditaria”, que deja por fuera del juego electoral a quienes no pertenezcan a los clanes políticos, independiente de si algunos de sus miembros están presos, son investigados o simplemente son señalados de haber incurrido en actividades delictivas. Veamos algunos casos en varios partidos:

 

Ante la grave crisis que atraviesa el partido del presidente Juan Manuel Santos -que ni siquiera tendrá candidato presidencial- sus dos mayores electores -los senadores Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile- echaron mano de familiares para tratar de salvar sus curules en cuerpo ajeno. En efecto, Ñoño llevará a su hermano Julio Elías Vidal a la Cámara de Representantes, mientras que Musa postuló a su hermano Johnny Besaile Fayad para el Senado. Tanto Ñoño como Musa están presos por los escándalos de Odebrecht y el llamado ‘cartel de la toga’. Eduardo José Tous -actual cámara de Ñoño- tratará de pasar al Senado. Mientras tanto, Erasmo Zuleta Bechara, hijo de Mara Bechara, cuyo nombre aparece en las investigaciones por el llamado “robo a las regalías de Córdoba”, aspira llegar a la Cámara de Representantes, al igual que Jorge Burgos Lugo, señalado de ser heredero político de Zulema Jattin, investigada por la parapolítica. También hace parte de la lista del partido Andrés García Zuccardi, sobrino de Álvaro “el Gordo García”, condenado por la masacre de Macayepo, Sucre; e hijo de la ex senadora Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica. Otros nombres que figuran en la lista de La U son: Juan Felipe Lemos Uribe (sobrino del ex senador Mario Uribe, condenado por parapolítica) y Sandra Villadiego (esposa de Miguel Ángel Rangel, condenado por parapolítica).

Cambio Radical: curules en cuerpo ajeno

El ejercicio “cuidadoso, responsable y minucioso” de depuración de las listas de Cambio Radical dejó, sin embargo, que se colaran algunos candidatos que son señalados de prestarse como “testaferros” de políticos investigados o seriamente cuestionados. Uno de los casos más llamativos es el del ex gobernador de Santander, Richard Aguilar, hijo del coronel retirado de la Policía, Hugo Aguilar, condenado por parapolítica. En Bucaramanga se dice que su hermano Mauricio será candidato a la Gobernación de Santander. Hay más casos: Juliana Escalante -hija de la senadora Teresita García y hermana del Gordo García- aspira al Senado, al igual que el ex gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, quien es investigado por, al parecer, haber desviado recursos oficiales para campañas políticas. También están los casos de José Luis Pinedo (hijo de Miguel Pinedo, condenado por parapolítica) y Camilo Acosta (ex gobernador de Arauca, investigado por múltiples delitos), quienes aspiran a la Cámara de Representantes. El senador sucreño Antonio Guerra De la Espriella -investigado por el escándalo de Odebrecht- quiere repetir curul, mientras que el bolivarense Hernando Padaui, cercano al ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno (preso por corrupto), aspira a la Cámara de Representantes.

Lo importante es sumar votos

Los dos partidos históricos del país -Liberal y Conservador- buscan la manera de atraer la mayor la cantidad de votantes, sobre todo el liberalismo, luego del desastre de la consulta interna, que costó $40 mil millones de pesos y apenas convocó a 700.000 electores, para escoger a Humberto De la Calle como su candidato. El senador Horacio Serpa abandona su curul en el senado furioso con César Gaviria por haberlo maltratado al no ponerlo a encabezar la lista liberal, pero deja como heredero político a su hijo Horacio José Serpa. En las listas rojas y azules también se destacan otros nombres de aspirantes; como Fawzi Muvdi y Wadith Manzur, hijos de los ex senadores Pedro Muvdi y Julio Manzur, investigados por parapolítica. También aparecen en ambas listas la actual senadora Nadya Blel (hija de Vicente Blel, condenado por parapolítica), Yamina Pastana (hermana de Pedro Pastana por parapolítica), Arleth Casado (senadora liberal y esposa de Juan Manuel López, condenado por parapolítica). Hay otros partidos que también fueron generosos a la hora de repartir avales, como ocurrió con Opción Ciudadana que respaldó a Fernando Gómez Bacci, hijo del ex gobernador de La Guajira, Kiko Gómez, condenado por homicidio. Las negritudes llevan a Yahir Acuña, ex representante a la Cámara por Sucre; el movimiento Suma avaló a Daniel Garcés Carabalí, sobrino y heredero político del ex senador Juan Carlos Martínez. El Centro Democrático respalda a Luis Emilio “El Pato” Tovar, heredero político del ex gobernador de Arauca, Julio Acosta, condenado por concierto para delinquir.

Farc, partido nuevo con mañas viejas

El recién creado partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), nacido de los diálogos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc en La Habana, no solo tiene entre sus aspirantes al Congreso a ex jefes guerrilleros sobre los cuales pesan condenas que suman cientos de años, por múltiples delitos, como homicidio, secuestró y extorsión, entre otros, sino que también incurren en prácticas que reprochan en otros partidos. Entre los candidatos se destacan Luciano Marín “Iván Márquez”, tiene condenas por 132 años; Judith Simanca “Victoria Sandino”, participó en secuestros y masacres; Jorge Torres “Pablo Catatumbo”, en su contra existen más de 40 procesos; Julián Gallo “Carlos Lozada”, tiene en su contra varias condenas por distintos delitos, como secuestro y homicidio. En la lista de las Farc también se destacan la viuda de Manuel Marulanda “Tirofijo”, Jesús Santricht, Luis Alberto Albán, “Marcos Calarcá”, todos ellos reconocidos voceros de la antigua organización guerrillera. La “rosca fariana”, como ocurre con la de los partidos y movimientos políticos tradicionales y nuevos del país, no promueve nuevos liderazgos y excluye del juego político a quienes no estén en el círculo de poder de los antiguos jefes. Es decir, su discurso renovador no se traduce en un verdadero cambio en sus cuadros, ni en sus nuevos directivos.

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