Análisis Ley del Montes | Cinco tareas urgentes del próximo Presidente

Por: Oscar Montes

@LeydelMontes

Reformas política y judicial, corrupción, Venezuela y posconflicto están en primera fila de la agenda.

La telenovela presidencial de Juan Manuel Santos Calderón está llegando a su fin, después de ocho años de estar al aire con muy bajos niveles de audiencia, en especial por cuenta de sus relaciones tormentosas con las Farc, que terminaron con la firma del acuerdo de paz que puso fin a un conflicto  de más de 50 años.

La negociación con las Farc le ha salido costosa a Santos, quien ha tenido que gobernar con una opinión pública en contra y con una oposición recalcitrante que desconoce todos y cada uno de sus logros. La férrea oposición interna contrasta con el reconocimiento que recibe por parte de la comunidad internacional, que se muestra generosa en extremo, hasta el punto de otorgarle el Premio Nobel de Paz por su negociación con las Farc.

El fin de la telenovela de Santos ha llevado a los colombianos a comenzar a estudiar con mucho cuidado las ofertas y promesas de quienes aspiran a sucederlo en la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de Agosto. Algunos de los protagonistas de la nueva telenovela nacional han sido actores secundarios en los dos mandatos de Santos, empezando por su vicepresidente Germán Vargas Lleras y su contraparte en la mesa de diálogos de La Habana, alias ‘Timochenko’, jefe de las Farc, para solo citar a dos de los más de 50 aspirantes a ser protagonistas de la próxima telenovela presidencial.

Pero independiente de quién sea el nuevo inquilino o la nueva inquilina de la Casa de Nariño, lo cierto es que hay unas tareas urgentes que deben ser asumidas por el sucesor de Santos, quien dedicó todas sus energías a la negociación con las Farc y por cuenta de ello, descuidó o abandonó frentes fundamentales para la buena marcha del Estado. Pese a los anuncios oficiales que dicen lo contrario, lo cierto es que la gestión de Santos en esos frentes es deficitaria.

Estas tareas urgentes no tienen que ver con grandes reformas estructurales, ni tampoco con iniciativas revolucionarias que impliquen inversiones multimillonarias para su implementación, ni mucho menos con la creación de nuevas entidades, con más burocracia y más contratos ruinosos, como podría pensarse. La mayoría de ellas se pueden sacar adelante con un poco de sentido común, pero -sobre todo- con mucha voluntad política.

Sin duda la tareas urgentes que tendrá que sacar adelante el nuevo presidente o presidenta, contarán con el pleno respaldo de la inmensa mayoría de los colombianos, quienes hoy padecen las graves consecuencias del desgobierno y la corrupción rampantes en la actualidad. Es decir, son tareas que debe realizar el sucesor de Santos, sea de derecha, izquierda o de centro, pues carecen de ideología o de color político. Veamos cuáles son las cinco más urgentes que le esperan al nuevo Presidente a partir del próximo 7 de Agosto.

Acabar con el nepotismo político y las curules vitalicias

Colombia requiere con urgencia una reforma política que acabe con buena parte de los males que la agobian. Dicha reforma debe incluir una drástica reducción đel número de congresistas, así como la disminución de su salario, puesto que 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, cada uno devengando más de 335 millones de pesos al año, no tiene ninguna justificación. Eso sin contar con la frondosa nómina de asesores, consultores y escoltas de todos ellos.

La verdad es que son muchos congresistas y es mucha plata. A eso tenemos que sumarle otras gabelas, como viáticos por viajes oficiales, tiquetes aéreos y celulares gratis. El sostenimiento anual del Congreso nos vale a los colombianos unos 150.000 millones de pesos. Pero la reforma política debe ir mucho más allá: debe acabar con el ‘nepotismo político’, que lleva a las esposas, hijos, sobrinos y cuñados a ‘heredar las curules’ de sus parientes. Es así como tenemos un Congreso lleno de esposas e hijos de ‘parapolíticos’, que despachan en cuerpo ajeno.

El asunto es tan grave que hasta la ‘viuda’ de alias ‘Tirofijo’, de las Farc, ya tiene curul asegurada para el 2018 por cuenta de ser la mujer del ‘camarada jefe’. Es una vergüenza total esta especie de ‘democracia hereditaria’ que tenemos en Colombia. Pero hay más: la nueva reforma política deberá eliminar la reelección indefinida de congresistas y tendrá que acabar con las ‘curules vitalicias’, como sucede con la de Roberto Gerlein, que acaba de inscribirse desde su casa para un nuevo período. Lo que un congresista no hizo en tres periodos no lo hará en cinco, ni en ocho, ni en diez. Punto.

Contrario a lo que se piensa, la permanencia de un parlamentario por más de tres períodos consecutivos no es motivo de orgullo, sino de sospecha. La curul le brinda el poder que le garantiza la impunidad. Así de simple.

Eliminar la función electoral de las altas cortes

El nuevo presidente o presidenta de la República deberá meterle muela a la reforma judicial estructural que tantas veces se ha aplazado. Tendrá que ponerle el cascabel al gato de las altas cortes, sin ningún temor. Ya está bueno de magistrados chantajistas, que abusan de su cargo para condenar inocentes y absolver culpables. Ese tráfico de procesos y expedientes debe acabarse. El llamado ‘cartel de la toga’ es la peor deshonra en toda la historia de la administración de Justicia del país.

Las altas cortes deben depurarse o cerrarse. Si no son capaces de autoreformarse, como exige la crisis actual, entonces deberán clausurarse para dar origen a unas cortes dignas y merecedoras del respeto y la admiración nacional. Pero hay más: la reforma estructural de la Justicia debe acabar con la función electoral de las altas cortes, que terminó prostituyendo la administración de Justicia. Los magistrados no están para elegir ni para ternar a futuros procuradores o contralores, entre otros. Están para administrar justicia con imparcialidad y transparencia.

Ningún togado podrá repartir hojas de vida de parientes y recomendados. Nadie menor de 50 años, que no tenga la experticia profesional suficiente, podrá llegar al cargo de magistrado de alta corte y su postulación estará a cargo de un comité de primerísimo nivel, compuesto por las facultades de Derecho de las mejores universidades del país.

Reducir la corrupción a su mínima expresión

Aunque nos cueste admitirlo, hay que reconocer que el ex presidente Turbay tenía razón: la corrupción no hay que acabarla, sino llevarla a su mínima expresión. Pero para ello la lucha contra la corrupción no puede convertirse en bandera electoral, sino en propósito nacional. No hay corrupción buena, como tampoco hay crimen bueno. Hay corrupción y hay corruptos. Así de simple. La lucha contra la corrupción hay que despojarla de ropajes partidistas o políticos que lleven a unas personas a señalar a los demás de corruptos, pero a desconocer a los corruptos de su propio partido.

La corrupción es el cáncer nacional y buena parte de las escandalosas cifras de inequidad que hoy tenemos, tienen su origen en el saqueo de las arcas del Estado. Las penas contra quienes incurren en prácticas corruptas -sea del sector público o privado- deben incrementarse de manera extraordinaria. Colombia pierde todos los años 50 billones de pesos por corrupción. ¡50 billones de pesos! ¿Cuántas escuelas y hospitales se podrían construir con esa plata? ¿Cuántos niños podrían alimentarse con ese dinero? ¿Cuántos puentes y carreteras podrían levantarse? El nuevo presidente o presidenta tendrá que ser implacable contra la corrupción. Ahí no puede haber términos medios, ni distingos políticos o partidistas.

Para ello deberá medir con el mismo rasero a todos, amigos y enemigos. La sanción social debe ser promovida en todos los sectores de la sociedad empezando por la familia y la escuela. Cero tolerancia con los corruptos. Si un juez corrupto absuelve, la sociedad honesta condena.

¿Qué hacer con los venezolanos?

La canciller María Ángela Holguín dijo recientemente que la presencia de los venezolanos que ingresan a Colombia huyendo de la crisis social y económica que vive su país, podría comprometer la suerte del posconflicto. Lástima que no hubiera reconocido la enorme responsabilidad del gobierno en la crisis humanitaria que se vive en las zonas de frontera, en especial en la Región Caribe. Se trata -sin duda- de una bomba de tiempo. Son miles las familias que llegan a Colombia provenientes de Venezuela.

En estos momentos la cifra se acerca a los 500.000. De ellos, más de 300.000 están de manera irregular, es decir sin documentos y sin ningún tipo de autorización. ¿Qué hacen todos ellos? Sobreviven con lo que les regalan o se ganan en actividades ilegales o informales. En Barranquilla se encuentran desperdigados por toda la ciudad, algunos venden productos en los semáforos, trabajan en labores domésticas o en centros de belleza. También ha crecido el número de mujeres dedicadas a la prostitución, actividad que ejercen en zonas específicas de la ciudad y sin ningún tipo de control.

Esta ‘tragedia humanitaria’ que viven nuestros hermanos venezolanos deberá ser atendida y solucionada de forma urgente por quien llegue a la Casa de Nariño el próximo año. Esa “pesadilla”, como la llamó Santos, deberá ser resuelta por su sucesor.

Posconflicto, más preguntas que respuestas

Justo un año después de haber firmado la paz con alias ‘Timochenko’, Juan Manuel Santos anunció que será implacable contra las disidencias de las Farc. Es decir, seguirá la guerra que creímos que se había acabado. Pero lo peor es que nadie sabe de qué disidencias habla Santos y -sobre todo- a cuántos disidentes se refiere. De ese tamaño es el caos que se vive en las zonas de concentración de los guerrilleros desmovilizados. El nuevo presidente o presidenta deberá ordenar la casa.

Y para ello deberá empezar por saber cuántos son los desmovilizados y cuántos los desertores, pues ni los propios jefes de las Farc lo saben. También ignora el Gobierno, el número de hectáreas sembradas de coca que han sido erradicadas y mucho menos conoce las que están siendo resembradas en estos momentos por los disidentes de las Farc.

¿Cuántas caletas con armas siguen enterradas? ¿Cuántos municipios, corregimientos y veredas faltan por desminar? ¿Cuántos terrenos baldíos deberán ser titulados para poderlos entregar a los campesinos? ¿Qué tratamiento deberán recibir los cultivadores de hoja de coca, que fueron obligados por las Farc poco antes de sentarse a negociar con el Gobierno en La Habana? En fin, el nuevo Jefe del Estado deberá coger este otro toro por los cachos para tratar de encausar en temas puntuales una negociación cuyas costuras quedaron tejidas de manera burda y arbitraria. Pero -sobre todo- el nuevo presidente o presidente deberá saber que la negociación con las Farc se hizo para dignificar a les víctimas del conflicto y no para favorecer a los victimarios

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