¿Hay razones para el optimismo?

Por: Gloria Zamora Patiño

La conferencia sobre el cambio climático realizada en Alemania la semana anterior, volvió  a poner las alarmas sobre el incremento en el 2017 de las emisiones de carbono en el mundo. Dos años después de la conferencia de Paris en 2015, que coincidió con el mayor incremento de estas emisiones proveniente de la energía generada por combustibles fósiles, el escepticismo se paseó por los corrillos en Bonn, y fueron mentes científicas de amplio reconocimiento en distintos puntos del mundo, las que llamaron la atención afirmando que ya corremos en contra del tiempo, que estamos perdiendo la batalla. De entre ellos, el más escéptico es James Hansen, conocido como el padre de la ciencia del cambio climático, quien cual profeta hace 30 años, ponía el dedo hacia la industria del petróleo, el gas y el carbón, como responsables del aumento de las temperaturas en el último siglo.

El punto más alto alcanzado en el 2015, se atribuye al incremento en el uso del carbón, principal fuente de emisiones de dióxido de carbono, por lo que este año se planteaba como un imperativo la eliminación de este combustible fósil como fuente de energía. Pues bien, en esta reunión de las partes se avanzó en un acuerdo al cual adscribieron en principio más de 20 países, que se comprometen a no usarlo más para generar energía, lo cual eleva las posibilidades de ser eficaces en los propósitos fijados.

Los costos sociales, ambientales, culturales, y en la salud especialmente, generados por la exploración y explotación del carbón son bien conocidos en nuestro país; un buen ejemplo lo constituye la Drummod y Cerrejón que han solicitado y logrado, licencia para intervenir los acuíferos de la zona y desviar ríos; han impactado negativamente la salud humana, principalmente con enfermedades respiratorias; han contaminado las playas; practican la tercerización laboral por la cual han sido sancionados; generan contaminación de aguas, aire, cobertura vegetal, fauna; desconocen el derecho fundamental de las comunidades indígenas a la consulta previa y al consentimiento libre e informado, como lo ha señalado la corte constitucional.

El comportamiento del gobierno central y las entidades concernidas en el tema ha sido evidentemente incoherente con los intereses nacionales. El impuesto al carbono establecido en Colombia recientemente, que encarece los combustibles líquidos y gravó el gas natural, excluyó al carbón que es el más contaminante.

Adicionalmente un concepto de la DIAN de 2005, acogiendo la preocupación del entonces  presidente de la república, para cautivar la inversión extranjera en la explotación de recursos naturales no renovables, le permitía a la industria extractiva privada descontar los pagos que hicieran por regalías de la base para liquidar el impuesto de renta. Esto significó que estas grandes empresas se apropiaran entre 2005 y 2015 de $13,1 billones de pesos que debían engrosar el Presupuesto de la Nación.

Necesario reconocer la iniciativa exitosa de algunos congresistas y académicos, que demandaron esta medida ante el Consejo de Estado, con el objeto de que compañías trasnacionales privadas no siguieran gozando de esta exención tributaria, cuyo monto bien podría cubrir los $13,2 billones que la Misión para la Transformación del Campo, estima como la deuda social con el sector rural.

También en los debates en Bonn se plantea como central, un tema que nos interpela, cual  es la deforestación: “Los bosques son un embudo que absorbe el 30 % del dióxido de carbono que los humanos ponemos en las atmósfera cada año. Conservarlos implica cumplir un tercio de los Acuerdos de París”, asegura la profesora Lawrence,  estudiosa de los bosques y profesora de la Universidad de Virginia.  Por ello este tema se ha integrado a las estrategias de lucha contra el cambio global del clima.

Colombia se ha comprometido a detener la deforestación, con el apoyo de recursos internacionales, al igual que los demás países de la cuenca amazónica.  Los propietarios de los territorios indígenas presentes en la conferencia han insistido en que son barreras de contención a la deforestación, y argumentan que en la Amazonia, la mitad del carbono forestal está almacenada en resguardos, de acuerdo con una investigación publicada recientemente en la revista Science, por lo cual reclaman de los estados garantías para el ejercicio de  sus funciones como autoridad ambiental.

Sin embargo se prenden las alarmas con los datos proporcionados hace unos meses por el IDEAM, según el cual la deforestación aumentó un 44 % con relación al año anterior, explicada por factores tales como la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, los proyectos  de infraestructura vial, la minería legal e ilegal. Las alertas tempranas de deforestación emitidas por este organismo, señalan que más del 60% de la tala de bosque ocurre en la región amazónica. No se tiene aún una lectura rigurosa sobre este aumento desmesurado, pero muchos lo atribuyen a las expectativas que despiertan los programas institucionales en el llamado posconflicto, así como la presencia de nuevos actores que amplían la frontera agrícola.

Y al gobierno colombiano que hizo los compromisos de reducción de emisiones de carbono en el marco del Acuerdo de Paris, quién lo ronda? Porque una cosa es el discurso ambientalista y otro es el alcance  de las realizaciones y el cumplimiento de los compromisos. Que no pase como con el decreto de autoridad ambiental indígena que después de ser concertado durante meses este año, contando con el compromiso por parte del ministro del ramo de firmarlo, se echaron para atrás y devolvieron la película al punto inicial, muy seguramente por las presiones de los sectores minero y petrolero, tanto nacional como internacional, que perciben que esta norma añadiría un estorbo más a sus pretensiones de acceso a los recursos existentes en territorios indígenas.

Colombia adquirió frente al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el compromiso de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030.  Cómo se planea lograr este objetivo? De qué manera los sectores sociales organizados están ejerciendo monitoreo a estos planes? Cómo se van a invertir los recursos provenientes del impuesto a la liberación del carbono? Cómo se garantiza una información pública, oportuna y veraz sobre la implementación de los compromisos?

Con las nuevas condiciones que colocan a los más grandes compradores del carbón extraído en Colombia, del lado de los que buscan eliminarlo como fuente de energía, tendremos que pensar en transformar el modelo de desarrollo que sigue lamentando la reducción de la renta minera, pensar en desarrollar las locomotoras en otros sectores que generen más empleo, menos evasiones, tengan más sostenibilidad ambiental y respeten las decisiones que desde la llamada sociedad civil se toman para preservar los derechos de las generaciones del hoy y el mañana, a una vida digna, un ambiente sano, y a la preservación de los recursos que como el agua y el aire limpio garantizan la pervivencia de los que vienen detrás de nosotros.

Como dirían las abuelas falta mucha tela por cortar para vencer el pesimismo que nos invade; sin embargo queremos seguir esperanzados en que la poderosa industria de la energía fósil cumpla con las cuotas de reducción a que se comprometieron ellos y los gobiernos, siendo que los primeros han mostrado estar por encima de los intereses nacionales y con la capacidad de manejar cual titiriteros a los gobiernos y sus políticas de desarrollo y de captación de inversiones. La historia es pródiga en ejemplos que dan la razón a quienes así lo afirman y será la que nos muestre si abrimos o no un espacio al optimismo.

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