Corte Constitucional condiciona la Justicia Especial para la Paz

El alto tribunal, al estudiar el acto legislativo 01 de 2017, declaró que, en general, se trata de un mecanismo de justicia transicional que se ajusta a la Constitucional. Sin embargo, hizo varias aclaraciones sobre su contenido con respecto a temas como la justicia indígena, la selección de tutelas y la participación de expertos internacionales en la JEP.

Bogotá, 14 de noviembre_ RAM_ Con una votación de siete a favor y cero en contra, la Corte Constitucional dio vía libre a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sin embargo, este alto tribunal estableció algunas modificaciones y condicionamientos.

Tras una semana de debate la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó por fin la decisión de darle vía libre al Acto Legislativo 01 de 2017, el cual creó la Justicia Especial para la Paz.

Sin embargo, la corporación judicial hizo serios ajustes al considerar que si bien es necesaria para el efectivo cumplimiento del acuerdo de paz, existen artículos que debían ser modificados para darle mayor legitimidad.

Entre los ajustes que la Corte hizo al acto legislativo están la extradición a reincidentes de las Farc, se condiciona la polémica participación en política de las Farc, se establece que terceros o civiles investigados por hechos relacionados al conflicto armado solo irán a la JEP de forma voluntaria y finalmente se modifica el tiempo de duración de la Jurisdicción Especial de Paz.

Participación en Política

Este es uno de los puntos más esperados por el Gobierno, el Congreso, las Farc e incluso la recién creada Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales, dado a que es el punto crucial para que excombatientes puedan participar en las elecciones del próximo año.

En el Acto legislativo se plantea que exintegrantes de las Farc, podrán participar en cargos de elección popular porque se suspenden las condenas que tienen por delitos graves.

No obstante, y pese a que los magistrados determinaron que sí pueden participar en elecciones, estos fijaron condicionamientos tales como acreditar sometimiento y comparecencia ante la JEP y acreditar pertenencia al proceso de paz.

Advierte la Corte además que si exintegrantes de las Farc llegan a faltar al compromiso de verdad y reparar a las víctimas, perderían el cargo por el cual fueron elegidos.

El objetivo, es que las Farc cumplan con la reparación de las víctimas.

Extradición

El alto tribunal también tocó un punto esencial de la JEP, que se refiere a la figura de la extradición, si bien le da su visto bueno, advierte que aquellos exguerrilleros que lleguen a reincidir o a incumplir con la Justicia Especial para la Paz, podrán ser extraditados.

Terceros civiles solo irán de forma voluntaria a la JEP

La Corte Constitucional determinó que los magistrados de la JEP no podrán obligar a comparecer ante el Tribunal de Paz a terceros o civiles investigados por hechos relacionados al conflicto armado, sino que serán ellos quién de forma voluntaria, decidan si quieren asistir a ella.

Se amplía plazo de la de JEP

Si bien, la jurisdicción especial de paz se creó por un tiempo máximo de 10 años prorrogable a 5 años más, la Corte decidió ampliarla a un máximo de 20 años.

Se limita la participación de Magistrados extranjeros

En este punto la Corte Constitucional determinó que contrario a lo establecido en la JEP, los magistrados extranjeros no podrán participar en las salas en las que se tomen decisiones frente a los procesos que adelante el de Tribunal de Paz.

Tutelas

La Corte Constitucional decidió anular el artículo que habla sobre las tutelas contra decisiones que expida la JEP. Determinó que deben ser ellos quienes sigan siendo el máximo órgano de cierre de tutelas contra sentencias judiciales.

Argumentó que ese artículo sustituía la constitución.

Sanciones

Finalmente, la Corte Constitucional dejó intacto otro punto clave del acuerdo de paz, es el tema de las sanciones a exintegrantes de las Farc.

Se dejó en firme que las restricciones efectivas de la libertad serán de 5 a 8 años para quienes cuenten la verdad y reparen a las víctimas.

La decisión

El siguiente es el texto de la decisión de la Corte:

Declarar la EXEQUIBLIDAD del Acto Legislativo 01 de 2017, en los términos del capítulo de conclusiones de la parte motiva de esta providencia, con excepción de los siguientes apartes normativos, que se declaran INEXEQUIBLES:

– El inciso sexto del artículo transitorio 5o del artículo 1o.

– La expresión “remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes”, contenida en el parágrafo 1o del artículo transitorio 5o del artículo 1o.

– La expresión “Cuando se requiera la intervención de los juristas extranjeros, éstos

participarán en los debates de la Sección en la que se hubiera requerido su intervención, en las mismas condiciones que los magistrados, pero sin derecho de voto”, contenida en el inciso 2o del artículo transitorio 7o del artículo 1o.

– La expresión “Cuando se requiera la intervención de los juristas extranjeros, éstos participarán en los debates de la Sala en la que hubiera requerido su intervención, en las mismas condiciones que los magistrados, pero sin derecho de voto”, contenida en el inciso 3o del artículo transitorio 7o del artículo 1o.

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– La expresión “de conformidad con las siguientes reglas:”, contenida en el inciso 3o del artículo transitorio 8o del artículo 1o.

– El inciso 4o del artículo transitorio 8o del artículo 1o.

– El inciso 5o del artículo transitorio 8o del artículo 1o, con excepción de la expresión “Las sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional”, que se declara EXEQUIBLE.

– El artículo transitorio 9o del artículo 1o.

– Las expresiones “a solicitud de alguno de los magistrados de la sección que conozca del caso” y “que el magistrado establezca”, contenidas en el inciso 2o del artículo transitorio 12o del artículo 1o.

– La expresión “Una comisión integrada por un magistrado de cada sala y un magistrado de cada Sección del Tribunal para la Paz que será elegida conforme al reglamento de la JEP, adoptará las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la ley.”, contenida en el primer inciso del artículo transitorio 14o del artículo 1o.

– Los incisos 2o y 3o del artículo transitorio 16o del artículo 1o.

2.

1.

Síntesis de la providencia A. Competencia de la Corte

Este Tribunal se declaró competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017 (en adelante, el “AL 01/17”), en virtud de lo dispuesto en el literal k) del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016, el cual establece un control automático y único de constitucionalidad, en relación con los actos legislativos adoptados en desarrollo del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, con posterioridad a su entrada en vigencia.

B. Examen de procedimiento de formación del AL 01/17

Trámite legislativo

2. Inicialmente, la Corte advirtió que en el proceso de formación del AL 01/17, se cumplió con la totalidad de los requisitos previstos en la Constitución Política, en el Acto Legislativo 01 de 2016 y en el Reglamento del Congreso para una iniciativa de esta naturaleza, pues (i) se radicó de forma exclusiva por el Gobierno Nacional; (ii) se efectuó su publicación oficial, antes de darle curso en la instancia respectiva; (iii) se asignó su conocimiento a las Comisiones Primeras Constitucionales, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, como autoridades competentes para dar primer debate; (iv) se acumularon las iniciativas radicadas por el Gobierno en el momento procesal dispuesto para ello; (v) se designaron conforme al reglamento los ponentes encargados de coordinar el debate y la aprobación de la iniciativa; (vi) se tramitó el proyecto en una sola vuelta de cuatro debates desarrollados de la siguiente manera: (a) un primer debate en las respectivas comisiones competentes, y (b) un segundo debate en la plenaria de cada una de las dos cámaras; (vii) se elaboraron y publicaron –tanto en comisiones como en plenarias– los informes de ponencia para dar curso a la iniciativa; (viii) se verificó el cumplimiento del requisito del anuncio previo, en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corte; (ix) se constató que toda

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votación dirigida a la aprobación del acto legislativo cumplió con el quórum y la mayoría absoluta requerida; (x) se evidenció que la votación fue nominal y pública, en un solo momento y conforme a la exigencia –todavía vigente– de que toda proposición debía contar con el aval del Gobierno; (xi) se realizó la publicación oficial del texto aprobado en cada instancia legislativa; (xii) se acreditó que el tránsito entre comisiones y plenarias, y luego entre cámaras, se ajustó al término de ocho días previsto para el efecto; (xiii) se cumplió con los requisitos que rigen la fase de conciliación, tanto en lo referente a su forma de integración, como en lo que atañe a la aprobación del informe y a los límites materiales que determinan su competencia; (xiv) se comprobó que la totalidad de los artículos que integran el acto legislativo fueron aprobados acorde con las exigencias de los principios de consecutividad e identidad flexible; (xv) se verificó el uso de la formula sacramental dispuesta para acompañar el título de los proyectos tramitados por vía del procedimiento especia previsto en el A.L. 01 de 2016; y (xiv) se acreditó que el acto legislativo sometido a control fue promulgado, entró en vigencia y se remitió en debida forma a la Corte.

La Corte determinó, sin embargo, que el inciso segundo del artículo 9o debe declararse inexequible por desconocimiento del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas.

C. Requisitos especiales de competencia

– Análisis de conexidad

3. De igual manera, este Tribunal también constató que se observó de forma satisfactoria los requisitos especiales de competencia previstos en el Acto Legislativo 01 de 2016, referentes a los criterios de habilitación competencial, habilitación temporal y conexidad, en la medida en que la reforma sometida a control responde a los propósitos de facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final, se expidió dentro del período de vigencia del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz y fue promovido –como ya se dijo– a iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional.

– Examen sobre vicios competenciales por sustitución de la Constitución

  1. Señaló la Corte que el escrutinio judicial del AL 01/17 comprende adicionalmente un análisis competencial, que tiene por objeto valorar el ejercicio de las atribuciones normativas del Congreso de la República para reformar el ordenamiento superior. Así, en la medida en que no es procedente su revisión material, el análisis se enfocó únicamente en determinar si el constituyente secundario se excedió en el ejercicio de sus atribuciones para reformar o modificar la Constitución, al suprimir, eliminar o sustituir alguno de sus elementos definitorios.
  2. Para la Corte, el anterior análisis debe realizarse teniendo en cuenta que el AL 01/17 creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como instrumento de justicia transicional, que, de manera expresa, se centra en la consideración de las víctimas y está orientado a contribuir a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación, el juzgamiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y de las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyen al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido; a la búsqueda de las personas desaparecidas; a la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros, así como a garantizar la no repetición. Para la Corte, la respuesta que una sociedad escoja dar a la criminalidad sistemática depende de una gran variedad de factores políticos, jurídicos y culturales. Destacó que, desde el punto de vista jurídico, lo más importante, es que, ante la gravedad

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de los crímenes cometidos, la transición hacia la paz se haga dentro del amplio marco de posibilidades con que cuenta el Estado para cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar tales conductas.

Estándares y metodología del juicio de sustitución del AL 01/17

  1. Respecto de los vicios competenciales derivados de una posible sustitución de la Constitución, la Corte precisó que la paz fue asumida como uno de los principales propósitos constituyentes y, en esa medida, el rigor del juicio de sustitución de las reformas adoptadas por el Congreso en contextos de transición dirigidos a su realización, debe atenuarse, aminorarse o moderarse de manera que sea posible, con ese propósito, introducir modificaciones -incluso profundas- al ordenamiento constitucional. En esa dirección, señaló la Corte, resultaría incompatible con los fundamentos del Texto Superior interpretar las normas que establecen competencias para su reforma de manera que impidan la adopción de instrumentos transicionales dirigidos a la búsqueda de la paz.
  2. Conforme a ello advirtió (i) que debían tenerse en cuenta los requerimientos generales del juicio de sustitución relativos, entre otras cosas, a la identificación de los ejes definitorios de la Carta a partir de una lectura completa, sistemática y transversal de la misma, así como a la improcedencia de confundir los ejes definitorios con manifestaciones específicas y accidentales de los mismos. En adición a ello, sostuvo (ii) que es también necesario reconocer que al juzgar los límites competenciales del Congreso en contextos de transición hacia la paz, debe reconocerse una extendida atribución para emprender reformas que, en otros contextos, no estarían comprendidos por el poder de revisión constitucional asignado al Congreso. Así, en este contexto, la Corte entiende que la resistencia al cambio que detentan las normas constitucionales en pro de la garantía de la integridad del orden constitucional que esta debe guardar, se flexibiliza con una dosis de adaptabilidad que asegure la validez de reformas más amplias que las que pueden darse en tiempos ordinarios, tal y como lo ha sostenido en las sentencias C-579 de 2013 y C-699 de 2016.
  3. Con fundamento en esa consideración la Corte identificó los ejes definitorios de la Constitución que, considerando el contenido del AL 01/17, podrían resultar relevantes:
    1. (i)  Deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al DIH y de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
    2. (ii)  El principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos al poder.

    (iii)

    (iv)

    .

(v) El principio democrático, el principio de legalidad, el derecho al debido proceso, y en

particular, la garantía del juez natural.

9. Adicionalmente, la Corte entendió que toda vez que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene su centro de gravedad en buscar una respuesta integral a las víctimas, es fundamental entender que los beneficios, derechos y garantías del sistema como un todo, consagrados en el AL 01/17, no pueden entenderse de manera absoluta, sino que cada uno de los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías está sujeta a la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de todas las

La independencia judicial, como expresión del principio de separación de poderes, como

garantía de la imparcialidad y neutralidad de los operadores de justicia en la resolución

de conflictos, y como instrumento para la realización de derechos fundamentales.

la supremacía de la Constitución como fundamento de los sistemas y procedimientos de

aseguramiento de la Carta Política como norma de normas

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obligaciones derivadas del Acuerdo Final y en particular, del cumplimiento de las siguientes condicionalidades (en adelante, el “Régimen de Condicionalidad”):

  1. (i)  Dejación de armas;
  2. (ii)  Obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporacióna la vida civil de forma integral;
  3. (iii)  Obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo del artículotransitorio 5o del artículo 1o del A.L. 01 de 2017.
  4. (iv)  Garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos, o delitos deejecución permanente, después del primero (1o) de diciembre de 2016, en particular, conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de producción de los cultivos de uso ilícito y sus derivados;
  5. (v)  Contribuir a la reparación de las víctimas, y en particular a decir la verdad en relación con los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos; y
  6. (vi)  Entregar los menores de edad, en particular las obligaciones específicas establecidas en el numeral 3.2.2.5 del Acuerdo Final.

En otras palabras, el incumplimiento por parte de los excombatientes a cualquiera de las condiciones del mencionado Sistema o a cualquiera de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz, tendrá como efecto, de conformidad con el A.L. 1 de 2017, la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso. Dicho cumplimiento será verificado, caso por caso y de manera rigurosa, por la Jurisdicción Especial para la Paz.

  1. A continuación se exponen las razones que explican las inexequibilidades que se declaran en la parte resolutiva, así como los elementos que supeditan la constitucionalidad de algunos de los apartes normativos del A.L. 01 de 2017.
  2. En el inciso cuarto del artículo transitorio 5o del artículo 1o, la Corte determinó que respecto de los delitos de ejecución permanente, cuando la JEP determine que se han incumplido las condiciones del sistema, de conformidad con el A.L. 01 de 2017 y de la Ley Estatutaria que lo desarrolle, el proceso se remitirá a la jurisdicción ordinaria, y quedará sujeto a las condiciones sustantivas y procesales de la misma.
  3. La expresión “remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes” ̧ contenida en el parágrafo 1 del artículo transitorio 5 del artículo 1, en la medida en que las normas contenidas en el parágrafo 1 del artículo transitorio 5 afectan, de manera ex post, el fuero presidencial, al atribuir una competencia investigativa a instancias distintas a las contempladas en la Constitución, y en la medida en que con ello se anula la garantía del juez natural, se declarará la inexequibilidad de la mencionada expresión, entendiendo que el efecto jurídico de esta declaratoria de inexequibilidad debe ser la remisión automática al órgano competentes, una vez en la Jurisdicción Especial para la Paz obre información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República. Así mismo, indicó la Corte que como garantías institucionales deben respetarse todos los fueros constitucionales. Esta garantía no se predica del fuero penal militar previsto en el artículo 221 de la C.P. así como del previsto para generales y almirantes en el art. 235 num. 5 de la C.P., en la medida en que su situación se encuentra expresamente regulada en el capítulo VII del Título Transitorio del artículo 1 del AL 01/17.
  4. El parágrafo 2o del artículo transitorio 5 del artículo 1: Dicho artículo dispone que el Secretario Ejecutivo y el Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz o la instancia de gobierno que estos definan, ejercerán de manera exclusiva todas las funciones asignadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Al respecto, advirtió la Corte que, en

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tanto servidores públicos, deben actuar de conformidad con los principios que orientan la función pública y, en particular, aquellos que se desprenden de los artículos 6 y 209 de la Constitución. Conforme a lo anterior, indicó la Corte que el Secretario Ejecutivo se encuentra sometido al régimen ordinario de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal. De esta manera, se asegura la existencia de controles judiciales y administrativos para evitar la arbitrariedad y garantizar el imperio del derecho. Puntualizó además la Corte que la expresión “todas” alude a la autonomía administrativa de la JEP, y remite a aquellas que sean compatibles con su régimen especial.

Así mismo señaló que las funciones de gobierno corresponden al Presidente de la JEP o a la instancia de gobierno de la JEP que se defina por sus magistrados, y al secretario ejecutivo las funciones de administración y gestión de los recursos de la misma bajo la orientación de presidencia o de la instancia de gobierno de la JEP. El legislador definirá el régimen aplicable al cargo de secretario ejecutivo en materia de empleo. Finalmente, las funciones jurisdiccionales atribuidas por excepción al secretario ejecutivo, solo regirán hasta cuando empiece a funcionar la JEP.

  1. Las expresiones contenidas en los incisos 2 y 3 del artículo transitorio 7 del artículo 1 del AL 01/17, que se declaran inexequibles, prevén que en el Tribunal de Paz y en las salas de la JEP intervendrán juristas expertos extranjeros, y que tales juristas, cuando se requiera su intervención, participarán en los debates respectivos en las mismas condiciones de los magistrados, aunque sin voto. Sobre el particular, la Corte consideró que la habilitación examinada constituye una regulación que resulta contraria a los principios de autonomía, independencia e imparcialidad que rigen la administración de justicia y a las garantías que los materializan, puesto que confiere una competencia para incidir en el trámite de adopción de decisiones de la JEP a juristas extranjeros que no son responsables en modo alguno de sus decisiones. Ello no se opone, naturalmente, a que los mismos participen en los procesos correspondientes con el objeto de aportar sus opiniones expertas como amicus curiae.
  2. En relación con las expresiones declaradas inexequibles contenidas en los incisos 3, 4 y 5 del artículo transitorio 8 del artículo 1 del AL 01/17, se encontró que las modificaciones al régimen de selección y revisión por la Corte Constitucional de las sentencias de tutela en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, hacen inoperante el control constitucional y establecen una suerte de intangibilidad de las decisiones judiciales de la JEP, anulando con ello tanto la supremacía de la Carta Política dentro del ordenamiento jurídico, como el sistema de frenos y contrapesos al poder. Esto, en la medida en que, por un lado, la selección de los fallos por parte de la Corte Constitución requiere de la aprobación de la misma JEP, a través de los magistrados que integran la respectiva sala de selección, y en la medida en que, por otro lado, las potestades de la Corte en la revisión de los fallos son meramente indicativas. De este modo, bajo este modelo la Jurisdicción Especial para la Paz mantiene integralmente el control de sus decisiones judiciales, pues en el único dispositivo procesal mediante el cual pueden ser controvertidos sus fallos, a saber, la acción de tutela, la selección y revisión por parte de la Corte Constitucional queda supeditado a la voluntad de la propia JEP, con lo cual no solo se desactiva el sistema de controles inter-orgánicos, sino que también se elimina la garantía procesal que ampara la supremacía constitucional. Aclaró la Corte que la mencionada inexequibilidad significa que la selección y la revisión de las sentencias de tutela contra las providencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, se sujetarán a las reglas generales establecidas en la Constitución y la ley.
  3. El artículo transitorio 9 del artículo 1 del AL 01/17: Manifestó la Corte que el régimen en materia de resolución de conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial para la Paz y cualquier otra jurisdicción, incluyendo la indígena, sustituye la independencia judicial. En efecto, las reglas establecidas en el artículo transitorio 9 del artículo 1 del mencionado Acto

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Legislativo suponen que la resolución del conflicto de competencias queda radicado en el Presidente de una de las jurisdicciones, en este caso el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Al respecto, afirmó la Corte que ello se opone radicalmente a la imparcialidad, elemento constitutivo de la separación de poderes, en tanto elimina la posibilidad de que una autoridad judicial imparcial resuelva la controversia, en un asunto importante para víctimas y procesados. Por lo demás, señaló la Corte que la declaratoria de inexequibilidad de la mencionada disposición, se da en el entendido de que los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial para la Paz y las demás jurisdicciones se resuelven mediante los mecanismos generales dispuestos en la Constitución y la ley.

  1. El inciso final del artículo transitorio 10 del AL 01/17: La Corte precisó que en relación con los listados de los combatientes a los que se refiere el inciso final del artículo 10 transitorio, debe adelantarse un procedimiento de revisión y verificación por parte del Gobierno Nacional, en los términos del inciso 1 del artículo 5 del Acto Legislativo, esto es, de conformidad con los principios de buena fe y de confianza legítima.
  2. El inciso 2o del artículo transitorio 12 del artículo 1 del AL 01/17: La regla que establece en el artículo 12 las condiciones de participación del Procurador General de la Nación -sus delegados o agentes- en las diligencias que se adelantan ante la JEP y, en particular, la que señala que ello procederá a solicitud de los magistrados de la sección que conozca del caso, sustituye el compromiso del Estado Social y Democrático de Derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas. En efecto, su participación en los procesos constituye una garantía central e imprescindible para la protección de los derechos de las víctimas no solo con fundamento en lo dispuesto en la disposición examinada, sino también considerando las funciones atribuidas al procurador en los numerales 2 y 7 del artículo 277 de la Constitución. Se afecta una garantía central de representación y defensa de las víctimas sin que se evidencie un mecanismo específico que pueda sustituirla. En estos casos, podrá el Procurador General de la Nación de manera discrecional priorizar su intervención respecto de los crímenes más graves. En este orden de ideas, las potestades de intervención de la Procuraduría General de la Nación en los procesos que se surten en la Jurisdicción Especial para la Paz, se deben ejercer en los términos que de manera general establece la Carta Política, esto es, de manera discrecional, y atendiendo a los fines y objetivos en función de los cuales se prevén estas funciones relacionadas con la defensa de las víctimas y del orden jurídico.
  3. El artículo 14 transitorio del artículo 1 del AL 01/17: Dicho artículo define un régimen sancionatorio para los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente, se crea una comisión integrada por un magistrado de cada Sala y un magistrado de cada Sección del tribunal para la Paz que será elegida conforme al reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para adoptar las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la ley. La referida regla, contenida en el inciso 1 del artículo transitorio 14 del artículo 1, anula el principio de separación de poderes, al hacer coincidir la instancia sancionatoria con la instancia potencialmente sancionada, y suprime tanto la garantía de imparcialidad, en tanto se radica el poder disciplinario en los mismos operadores jurídicos disciplinados, como las garantías de independencia, en la medida en que los juegos de mayorías que se configuran bajo este modelo impiden a los magistrados disidentes y minoritarios ejercer su rol, por la amenaza, de origen institucional, de una sanción cuya imposición es determinada por sus propios pares.Así mismo señaló la Corte que el último inciso del artículo transitorio 14 del artículo 1o no se opone a la imparcialidad del juez en el proceso penal, en la medida en que la sujeción a las causales de impedimento definidas en la ley comporta la posibilidad de que los magistrados sean recusados por tales causales.

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  1. En cuanto al artículo 15 transitorio del artículo 1 del mencionado Acto Legislativo: Observó la Corte que el diseño institucional establecido en el AL 01/17 no regula con claridad el tiempo de existencia de los órganos de transición, para que éstos cumplan sus objetivos misionales dentro de estos límites y, en esa medida, establece un esquema abierto e indeterminado de plazos para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo anterior, dada la naturaleza transicional de dicha Jurisdicción, la prorroga allí prevista, cuya adopción corresponde a la ley estatutaria, solo podrá hacerse por una vez, por cinco años, de modo que, de conformidad con el acto legislativo, su vigencia no podrá ser por un término superior a veinte (20) años.
  2. Los incisos 2 y 3 del artículo transitorio 16 del artículo 1 del AL 01/17. Encontró la Corte que el acceso forzoso de los no combatientes en el conflicto armado a la Jurisdicción Especial para la Paz y al tratamiento especial correspondiente, anula la garantía del juez natural y el principio de legalidad. Con respecto a lo primero, la Corte señaló que si bien, dentro del principio de juez natural es posible crear tribunales especiales, y hacer cambios de competencia, el acceso forzoso de terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública a la JEP, implicaría radicar en un órgano jurisdiccional autónomo, configurado a partir de unos particulares objetivos, la competencia para juzgar los delitos y las demás infracciones relacionadas con el conflicto armado cometidas con anterioridad a su creación, a partir de principios y reglas ajenas a las que irradiaron el diseño de la jurisdicción en la Constitución de 1991, tanto en su conformación como en su estructura y funcionamiento, y que además, en relación con tales terceros, puede no satisfacer las garantías de independencia interna y externa y de imparcialidad. Ello, en la medida en que la Jurisdicción Especial para la Paz fue concebida en el marco de un proceso de negociación entre el gobierno nacional y uno de los combatientes en el conflicto armado, con el propósito, precisamente, de permitir la finalización del conflicto y la reincorporación del referido grupo a la vida civil. Se trata entonces de una jurisdicción ad hoc creada con posterioridad a los hechos que serán objeto del juzgamiento, y que, por las reglas con las cuales fue concebida, y en función, precisamente, de su carácter transicional, ofrece amplias garantías para los combatientes en el conflicto armado, los cuales, por consiguiente, quedan sometidos a ella, al paso que los civiles y los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública, solo accederán a esa instancia voluntariamente, en función de las ventajas que puedan obtener como contrapartida a su decisión de aportar verdad, reparación y garantías de no repetición.Asimismo, en la medida en que el régimen punitivo al que se encuentran sometidos los terceros civiles que acceden a la JEP no se encuentra determinado en el mismo Acto Legislativo, y que incluso en algunos aspectos es distinto y eventualmente más desventajoso que el previsto para los combatientes en el conflicto, tal como ocurre con las reglas relativas a la procedencia de la amnistía, del indulto y de la renuncia a la persecución penal, a la responsabilidad patrimonial frente a las víctimas o a las inhabilidades generadas por las condenas, concluye la Corte que la imposición forzosa de este régimen transgrede el principio de legalidad. Precisa la Corte que la oportunidad y las condiciones para acogerse a la JEP deben regularse por el legislador en atención al momento en el que el tercero sea o haya sido formalmente vinculado por la jurisdicción penal ordinaria a un proceso por una conducta punible de competencia de la JEP, con tratamiento diferenciado en función de la oportunidad y del grado de reconocimiento de verdad y de responsabilidad.Destacó la Corte, por otro lado, que el acceso voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz no genera ningún espacio de impunidad, ya que la regulación que se declara inexequible se refiere, no a la responsabilidad penal de estas personas, ni a su deber de colaborar con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, sino a la jurisdicción y al régimen jurídico al que se encuentran sometidas, de modo que el efecto jurídico de la

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declaratoria de inexequibilidad de los incisos 2 y 3 del artículo transitorio 16 es que los terceros civiles se encuentran sujetos en principio, al juez natural y al régimen jurídico general determinado en la Constitución Política y la legislación ordinaria, régimen que, por lo demás, es más estricto que el contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2017. Dado que los criterios de priorización y de selección son inherentes a un sistema de justicia transicional, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación adoptarán las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas en los procesos ante la jurisdicción ordinaria.

  1. El artículo 17 transitorio del artículo 1 del mencionado Acto Legislativo, que se refiere al tratamiento diferenciado para los agentes del Estado, debe entenderse que dichos agentes que no hacen parte de la fuerza pública, se encuentran sometidos al mismo régimen de los terceros civiles, por lo cual, el acceso de los mismos a la Jurisdicción Especial para la Paz también es voluntario, y se regirán por lo previsto en el inciso 1o del artículo transitorio 16o del artículo 1o del AL 01/17.
  2. Observó la Corte que el artículo transitorio 20o del artículo 1o del Acto Legislativo 01 de 2017, contiene reglas cuyo objeto es garantizar el tránsito de los integrantes de las FARC-EP, organización armada ilegal que suscribió el acuerdo de paz con el Gobierno, a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político-.El inciso primero dispone que las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz no inhabilitarán para la participación en política ni limitarán el ejercicio de ninguno de los derechos constitutivos de la misma.El parágrafo de dicho artículo dispone, por su parte, que las condenas que se hubieren impuesto por la justicia ordinaria o disciplinaria a personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, por delitos atribuidos a la competencia del Tribunal para la Paz, quedarán suspendidas para efectos de reincorporación, hasta que sean tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz de conformidad con sus competencias.

    Teniendo en cuenta los límites competenciales del Congreso en materia de implementación del Acuerdo Final mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz, la Corte Concluye que: i) resulta inexequible, a la luz del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y de los principios de condicionalidad y finalidad, la aplicación del inciso primero del artículo transitorio 20 a los sancionados que no contribuyan a la consecución de los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, mediante el reconocimiento de verdad plena sobre lo ocurrido y de responsabilidad por su participación en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual quienes sean objeto de las sanciones ordinarias a que se refiere el Acuerdo no serán beneficiarios de la regla sobre inhabilidades del inciso primero y ii) En relación con el parágrafo del artículo transitorio 20, el efecto suspensivo de las condenas para efectos de reincorporación, hace referencia a la suspensión -a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2017-, de los efectos de las condenas que se hubieren impuesto por la justicia ordinaria o disciplinaria a los integrantes de las FARC-EP, organización rebelde que suscribió el acuerdo de paz con el Gobierno, por los delitos atribuidos a la competencia del Tribunal para la Paz, para todos los efectos de la reincorporación a la vida económica, social y política. Constituye, en consecuencia, suspensión temporal de las inhabilidades impuestas como penas accesorias en las respectivas providencias, así como de las inhabilidades constitucionales y legales derivadas de las condenas penales y de las sanciones disciplinarias, entre ellas las inhabilidades para ser elegido, acceder al desempeño de funciones públicas y contratar con el Estado, hasta que

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dichas condenas sean tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con su competencia. La suspensión de las inhabilidades, sin embargo, se encuentra condicionada al cumplimiento progresivo y de buena fe de las obligaciones derivadas del Acuerdo y del A.L. 01 de 2017, en particular: i) dejación de las armas; ii) sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; iii) atender las obligaciones ante la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, y ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y iv) compromiso de no reincidencia. Se trata de obligaciones cuyo incumplimiento impide que las condenas suspendidas sean tratadas adecuadamente por la Jurisdicción Especial para la Paz.

En consonancia con lo anterior, para efectos de la inscripción de los candidatos, corresponderá al Alto Comisionado para la Paz certificar acerca de la pertenencia a las FARC- EP, organización rebelde que suscribió el acuerdo de paz con el Gobierno, y al Secretario Ejecutivo de la JEP, certificar sobre el compromiso de sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Las demás obligaciones se cumplirán en forma progresiva y en la oportunidad que corresponda, según el diseño del proceso y la entrada en funcionamiento de los diferentes componentes del Sistema. Corresponderá a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, de conformidad con el inciso quinto del artículo transitorio 1o del Acto Legislativo, verificar el cumplimiento de estas condicionalidades y adoptar las medidas de levantamiento de la suspensión en caso de incumplimiento de las mismas.

Por otra parte, en relación con el inciso primero, para la Corte la regla es clara en cuanto a las consecuencias de las sanciones de la JEP -desde el momento en que se impongan-, en materia de inhabilidades para el ejercicio del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pero deja un vacío en cuanto al cumplimiento de las sanciones, en particular en relación con la forma de resolver las incompatibilidades que pudieran presentarse entre su cumplimiento y el ejercicio simultáneo de las actividades políticas. En efecto, las sanciones, en los términos del Acuerdo Final, cumplen funciones reparadoras, restauradoras y retributivas, y comprenden restricciones efectivas de libertades y derechos durante el tiempo en que ellas se impongan, razón por la cual para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado y los derechos de las víctimas, en la providencia mediante la cual se impongan las sanciones o con posterioridad, si la JEP lo estima del caso, atendiendo a la gravedad del delito y a las circunstancias procesales, se podrán adoptar las medidas que hagan compatible el cumplimiento de tales funciones de las sanciones, en particular la restricción efectiva de la libertad, con las actividades económicas, sociales y políticas propias del proceso de reincorporación a la vida civil.

De este modo, corresponderá a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad con la participación en política de las sanciones que ella imponga a los excombatientes. A este respecto, llamó la Corte la atención sobre el hecho de que las sanciones deben estar sujetas a un estándar mínimo que permita dar cumplimiento a la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, y el de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como el derecho al debido proceso.

La Jurisdicción Especial para la Paz deberá determinar que las sanciones por los crímenes internacionales más graves, en el marco de las condiciones fijadas en el A.L. 01 de 2017, sean compatibles con los fines del derecho internacional, sin que se produzca impunidad. En este contexto, dicha Jurisdicción deberá establecer, caso por caso, sanciones que cumplan los objetivos apropiados de las penas, de la disuasión, retribución, rehabilitación y restauración. Así mismo, dicha Jurisdicción deberá determinar si las sanciones son compatibles con una intención genuina de que la persona condenada responda ante la justicia, ponderando la proporcionalidad de la sanción en relación con la gravedad del crimen,

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el grado de responsabilidad del autor, y el tipo y grado de restricción a la libertad. En últimas, una adecuada reparación a las víctimas dependerá de una implementación efectiva de las restricciones de libertades y derechos fundamentales, de un sistema riguroso de verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y de si su compatibilidad con actividades políticas, no frustra el objeto y fin de la sanción.

Finalmente, corresponderá a la mencionada Jurisdicción verificar el cumplimiento del Régimen de Condicionalidad y demás requisitos señalados en el AL 01/17, y las normas que lo reglamenten, para garantizar su permanencia, dado que ante la verificación de cualquier incumplimiento, como se mencionó anteriormente, se perderán los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías.

24. Finalmente, la Corte puntualizó que, por consideraciones de conexidad, el artículo 2o del A.L. 01 de 2017, en cuanto agrega un parágrafo al Art. 122 de la Constitución, tiene carácter transitorio, en la medida en que se predica del actual proceso de justicia transicional.

ACLARACIONES Y SALVAMENTOS DE VOTO

Manifestaron salvamento parcial de voto los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Stella Ortiz Delgado.

Aclaran el voto los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Alberto Rojas Ríos.

Reservan aclaración de voto los magistrados Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas.

 

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