Fajardo: un político acorralado por las investigaciones

Por: Gustavo Rugeles

Es investigado por la Fiscalía, la Procuraduría, y la Corte Suprema de Justicia por varios casos de presunta corrupción

La Fiscalía y la Procuraduría tienen la lupa sobre el exgobernador que dejó al departamento “camino a la bancarrota”, como aseguró el gobernador Luis Pérez

Sergio Fajardo Valderrama lleva la delantera en algunas encuestas de opinión y es consentido por los directores de la “gran prensa bogotana”; no es vano, invirtió cerca de $196.000 millones (USD $69 millones) en pauta destinada a los grandes medios pagada con los impuestos de la ciudadanía.

Pero una cosa es lo que ha logrado en el corazón de la prensa y otra frente las autoridades. El exgobernador, quien comparte con los senadores Claudia López y Jorge Robledo la bandera “anticorrupción”, es investigado por la Fiscalía, la Procuraduría, y la Corte Suprema de Justicia por varios casos de presunta corrupción durante su ejercicio como gobernador de Antioquia.

El pasado 16 de mayo la investigadora de la Fiscalía, Clara Lucía Mora, le solicitó a la Secretaría de Planeación de la Gobernación remitir copia de la justificación tecnifica y los estudios previos de un contrato suscrito por el entonces gobernador Fajardo. La investigadora delegada ante la Corte Suprema buscaba las evidencias de una posible “indebida inversión de recursos provenientes de las regalías”.

El tema es gordo. A Fajardo no lo investigan por pequeñeces. Hay evidencias de posibles actos de corrupción en todo el plan de contratación de recursos viales denominado: ‘circuitos viales fase I’ que comprometen la suma de $142.435 millones y que se invirtieron en las nueve subregiones del departamento de Antioquia.

El caso más complicado que está en manos de la Fiscalía Octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia por la obra del viaducto de la vía La Ceja -Abejorral el cual se contrató mediante la figura de urgencia manifiesta con la firma Ingecom SAS por valor de $5.640 millones con un plazo de ejecución de siete meses. La Fiscalía y la Procuraduría investigan por qué a este contrato se le realizaron siete adiciones sin que al parecer exista una justificación técnica y que llevaron a que la obra pasara a costar $37 mil millones.

No es el único caso pero si uno de los más graves por los que, si la justicia hace su trabajo sin temor a las presiones, estaría llamando en los próximos días al precandidato a la Presidencia a responder por la contratación de un departamento ”camino a la bancarrota” como sostuvo el gobernador Luis Pérez el día de su posesión.

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