Acumulación de acuerdos y escasez de cumplimientos

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Por: Gloria Zamora Patiño Octubre 25 de 2017

La existencia del conflicto armado interno sirvió durante décadas como justificación del recorte a los recursos de inversión social y de la inexistencia de presupuestos para dar pronta respuesta a las demandas sociales. Surge entonces la certeza de que firmado el acuerdo para la terminación del conflicto armado, el gobierno nacional podía empeñarse en responder a los compromisos que ha firmado a lo largo de varios años. Organizaciones sindicales, agrarias, autoridades de pueblos indios y comunidades negras, sacaron de sus gavetas los papeles firmados por varios presidentes de la república y los ministros de turno desde finales del siglo pasado. Porque en efecto, estos son incumplimientos acumulados que no han sido tenidos en cuenta a la hora de asignar presupuestos año a año o de hacer adecuaciones interinstitucionales que asuman su cuota de responsabilidad en la implementación coordinada de los pactos firmados.

La palabra empeñada no ha tenido peso ni ha comprometido a los gobiernos, y la reacción de las comunidades cuando alcanzan un punto crítico de indignación, es la salida a la calle y a las carreteras en ejercicio de su legítimo derecho a la protesta. A esto responde el gobierno, como si se tratara de un guión ya conocido, con la amenaza de no permitir las tomas de hecho y las ocupaciones multitudinarias de rigor.

Estamos frente a un incumplimiento sistemático y continuado de decenas de pactos entre gobiernos y sectores sociales, a los cuales se sumó el acuerdo para la terminación del conflicto. Para mencionar solo algunos datos: la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas evalúa el estado de cumplimiento de los acuerdos con el gobierno en el marco del plan nacional de desarrollo en apenas un 7%, sin mencionar los acuerdos regionales que no muestran resultados diferentes; voceros de Dignidad Agropecuaria han manifestado que el Gobierno no resuelve nada, pone fechas y no las cumplen; el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz, en reciente informe revela que en el primer año solo se ha cumplido el 18% de lo pactado, señalando que la mayoría de los incumplimientos son responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso.

A casi un año de suscrito el acuerdo final los sectores sociales comprometidos con el proceso de paz, esperanzados en que se superaran cuellos de botella de los muchos pactos firmados e incumplidos, y se abriera caminos para la solución de problemas estructurales, están llegando a la convicción de que el tiempo corre en contra de la

implementación de los acuerdos por vía rápida y que el estado y los poderes públicos tampoco se están sujetando a lo pactado.

Así lo han manifestado en relación con varios puntos, entre ellos la reforma rural integral, la erradicación concertada y sustitución de los cultivos de uso ilícito, las garantías para la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la lucha contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Pareciera que con deponer las armas muchos consideran ya agotado el proceso y los acuerdos de paz, y todos se van a sus casas como si nada hubiera pasado ni nada tuviera que cambiar.

Existen entonces razones de más para que los grupos humanos que soportan los más altos índices de pobreza, el recorte de la participación en asuntos propios y públicos, la ausencia de un presupuesto con enfoque de derechos, la desidia y desarticulación de las entidades, la corrupción de funcionarios públicos, entre otros, salgan a manifestarse, a hacerse escuchar, por cuanto se ha agotado la paciencia reciclada a lo largo de muchos años en que los gobernantes han dado la espalda después de firmar para no cumplir.

Como muchos de los gobiernos anteriores, Santos se posesionó en su primer mandato asegurando que esperaba no tener que salir a las carreteras a solucionar las demandas de los indios, por cuanto su gobierno iba a estar en total disponibilidad de garantizar derechos colectivos, consultar y concertar. Esto no ha sucedido y se repite la movilización masiva de campesinos, comunidades indias y negras que no encuentran respuestas a sus exigencias de cumplimiento. A nadie le puede caber en la cabeza que los ministros firmen compromisos que implican asignación de presupuestos y no sepan cuál es el procedimiento para materializar los acuerdos. Ya esa excusa no sirve.

Y esto se sigue evidenciando en los puntos del acuerdo de paz que ya debieran tener un buen trecho andado, como en el punto de la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, caso en el cual llegaron primero las fuerzas del ESMAD y del ejército, antes que las instituciones que concertaron los pactos de erradicación voluntaria, que según voceros del gobierno suman casi 25.000. Así no se gana la confianza de los cultivadores y por el contrario se pierde credibilidad. No es posible que a la amenaza del señor Trump de descertificar a Colombia, le siga un cambio radical en lo que se supone debería ser el nuevo tratamiento al problema de los cultivos de uso ilícito, para darle vuelta en pocas semanas a las cifras. Más dignidad nacional y ejercicio de la soberanía se requiere.

Pero también es imperativo que el estado colombiano, si es consecuente con su interés y deber de crear condiciones que permitan avanzar en procesos de reconciliación y paz integral, se ponga en los zapatos de los “otros” que han soportado en sus hombros los mayores estragos de la guerra interna, y busque en un diálogo honesto y auténtico, las

alternativas reales para cumplir con lo prometido por esta administración y sus antecesores.

Es imperativo que los poderes públicos asuman su obligación de garantizar y proteger los derechos ciudadanos, sobretodo de los más discriminados, o seguiremos cargando con el lastre de un estado excluyente, inequitativo y al servicio de los poderes económico y político. Es necesario que los poderosos sectores económicos se toquen y propongan también soluciones en la misma dirección, y no solo pensando en la rentabilidad a ultranza de los negocios, o les resultará más oneroso generar ganancias en medio de otras guerras.

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