Alerta temprana sobre la paz transformadora

Por: Gloria Zamora Patiño

La alerta temprana es un mecanismo que se activa para señalar el alto riesgo en que se encuentra una comunidad, prevenir graves violaciones de derechos humanos y entre otros, estimular la acción oportuna del estado frente a las amenazas de violaciones masivas de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

A casi un año de haberse firmado el acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC, nos parece que esta figura es adecuada para llamar la atención respecto  del actual estado de la implementación de los compromisos suscritos y  para permanecer vigilantes ante la repetición de condiciones y hechos criminales que tanto dolor trajeron a distintos sectores sociales.  La paz tan esperada y reclamada principalmente por los sectores más afectados por el conflicto, podría estar en grave riesgo y corresponde señalarlo,  so pena de reproducir la indolencia e insolidaridad que caracteriza a la sociedad colombiana en el transcurso de varias décadas de guerra interna.

Ninguna negociación nos podría garantizar unos acuerdos perfectos. Y de esto debemos ser concientes todos los sectores de la llamada sociedad civil. Son los acuerdos que tenemos y su implementación no está ni estará libre de tropiezos. Pero no podemos cruzarnos de brazos porque ya un actor depuso las armas. Eso solo debería satisfacer a unos cuantos que resultan gananciosos con solo este punto cumplido. Quienes pensamos que esta es una oportunidad única para transformar muchas condiciones estructurales que alimentaron el conflicto,  debemos empeñarnos  en que las partes cumplan los acuerdos que apenas empiezan a desarrollarse y que los sectores sociales mayoritarios más afectados reclaman.

En el cuarto informe de del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) entregado hace casi dos semanas, se concluye que apenas el 18% de lo pactado se ha cumplido, cuando ya nos asomamos al año de haberse firmado los acuerdos del teatro Colón que incorporaron muchas de las sugerencias propuestas por los sectores que votaron el No en el plebiscito.

No existe esa convicción ni compromiso en los poderes públicos. No son el Congreso ni el Gobierno los dinamizadores del cumplimiento de los compromisos pactados. Al contrario, su desidia frente a su implementación es ostentosa. No estamos frente a un congreso de la paz y la reconciliación cuando la vía rápida se convirtió en el más tortuguesco de los procedimientos y apenas faltando un mes para darla por terminada sigue enredada en las apetencias burocráticas partidistas. Lejos estamos de un poder ejecutivo comprometido con la implementación de los acuerdos cuando más lo mueven las amenazas de descertificación de Trump que el cumplimiento de las concertaciones colectivas ya suscritas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, o cuando nada se avanza en la reforma rural integral.

No pienso por supuesto que la paz sea un resultado inmediato de la firma de los acuerdos.  Tendrán que pasar un par de generaciones para hablar de una paz adjetivada, es decir estable y duradera. Pero en el momento en que estamos, deberíamos estar varios pasos más adelante para ir consolidando esta fase que prefiero llamar de pos-acuerdos.  Aunque respetuosa  de la libertad de pensamiento, encuentro  inaudito que  existan voces que se levanten gozosas por este precario balance  que  nos hace pensar en la eventualidad de que retrocedamos en la obligación del Estado de garantizar el derecho a la paz, y en el compromiso ciudadano de consolidarla.

Mientras quienes vivimos en los centros urbanos con mayor acceso a servicios y bienes públicos, no miremos a la Colombia rural profundamente marcada por la desigualdad y la inequidad, no habrá opciones reales de paz. Si quienes vivimos con las ventajas del mundo moderno que nos permite acceder a un regular sistema de salud y a una mediana educación, no cultivamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro, estaremos cada vez más lejos de andar caminos de una paz que transforme esas condiciones de desigualdad e inequidad.  Si no nos hacemos concientes que esa Colombia postergada en el ejercicio de sus derechos fue la que votó mayoritariamente  por la terminación del conflicto armado y a nosotros nos corresponde escucharlos, difícilmente tendremos el valor civil para romper con la indolencia y seguiremos repitiendo la larga cadena de indiferencia permisiva frente a la discriminación, la exclusión y la corrupción.

Mirar la implementación de los acuerdos con una mente estrecha es pegar gritos por los costos del llamado posconflicto que a nadie se le puede ocurrir que valga unos pocos pesos, en lugar de concentrarse en cómo poner en marcha mecanismos eficientes de control frente a la ejecución de esos recursos.  La guerra nos costó un enorme capital humano en valiosas vidas de compatriotas que se perdieron, además de las cifras de estudiosos que afirman que el conflicto armado, en 10 años, nos ha costado $207 billones.

Los distintos sectores sociales, económicos,  políticos y religiosos que han usufructuado el poder, algunos de los cuales han reconocido su dosis de responsabilidad, deberían reflexionar y accionar frente al muy pobre balance de implementación de los acuerdos que se entrega. A los poderes públicos hay que exigirles resultados y a los ciudadanos avanzar en la pedagogía para la paz y la reconciliación que nos permita cuestionar alternativas falaces construidas desde la mentira y el miedo, en vísperas de la contienda electoral.

 

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