El proceso que el senador Ashton habría frenado con $1.200 millones

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El doloroso capítulo del paramilitarismo en el Atlántico en los primeros años de este siglo revivió fugazmente este viernes por cuenta de lo que la Fiscalía denominó la “organización criminal” que encabezaban los ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.

Toda aquella escena se dio en la audiencia contra el exmagistrado Ricaurte en la fría sala de un juzgado del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no muy lejos de las elegantes salas del Palacio de Justicia capitalino, donde las altas cortes tienen su asiento.

Fue allí, en un recinto de lo más normal, donde se hizo alusión al caso por ‘parapolítica’ que ese alto tribunal lleva desde 2012 en contra del senador Álvaro Ashton, quienegún el ente investigador– habría acordado pagarle a dicha “organización” $1.200 millones para lograr, sin éxito, que se archivara, por lo que se optó por dilatarlo.

El senador Álvaro Ashton, hablando en plenaria.
El senador Álvaro Ashton, hablando en plenaria.

El soberbio ‘Jorge 40’

Los hechos tuvieron lugar aproximadamente entre 2003 y 2006, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo –Jorge 40– expandían sus tentáculos por la Región Caribe y escribían las oscuras páginas de su incursión en Atlántico, de las que apenas se conocen detalles porque Tovar –condenado a más de 16 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico– ha mantenido un silencio arrogante.

“Era el más político de los jefes paramilitares. Tenía una fuerte ambición política y por eso nunca delató a sus socios políticos a los que apoyó durante su estancia en el grupo ilegal armado. A esto súmele su inflexibilidad para reconocer errores y el considerarse un ‘mesías’. Todo da para que no dé su brazo a torcer con las autoridades estadounidenses”, dice de él un abogado que lo trató, consultado por la revista Semana.

Señala el portal especializado Verdad Abierta que así como se negó a colaborar con las investigaciones de Justicia y Paz, Jorge 40 no quiso comparecer ante la Corte Suprema para señalar a quienes fueron sus aliados en la política. Pese a su desmovilización, fue excluido de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz en 2015 al negarse a asistir a 48 diligencias de versión libre.

“Las declaraciones de algunos exparamilitares que estuvieron bajo su mando han dado testimonios que sirvieron para condenar al gobernador de Magdalena Trino Luna Correa, el exalcalde Francisco Zúñiga y el exsenador Dieb Maloof. No ocurrió lo mismo con las investigaciones en contra de políticos del Atlántico que hoy tienen asiento en el Congreso, como el senador Álvaro Ashton y el representante a la Cámara Luis Eduardo Diazgranados, entre otros”, destacó.

De la Cámara al Senado

Justo para 2002, el entonces representante a la Cámara por Atlántico, el liberal Álvaro Ashton Giraldo ganaba su reelección con la votación más alta del Departamento y del país, con 73.542 votos. Antes de entrar al Congreso de la mano del senador José Name Terán, tuvo una destacada trayectoria en la Universidad del Atlántico de la que llegó a ser vicerrector y rector.

De allí se graduó de economista y contador público, con tesis laureada y meritoria, respectivamente. Antes fue galardonado con el premio ‘Mejor Bachiller Coltejer’ tras sus estudios en el Colegio Oriental de Santo Tomás.

En 2006 dio el salto al Senado, aunque ya en contraposición al cacique Name –quien resolvió dejar el liberalismo e irse para La U–. No obtuvo la abultada votación de antes (alrededor de 37.804 sufragios), pero logró entrar por la puerta grande a la Cámara alta, donde siempre se ha destacado en las comisiones de presupuesto. De hecho, Ashton es hoy su vicepresidente.

Pesquisa en la Suprema

Su caso ante la Justicia es uno de los pocos que arroja luces sobre lo ocurrido con la ‘parapolítica’ en Atlántico. La investigación contra Ashton en la Corte se inició en 2012, luego de que Édgar Ignacio Fierro –Don Antonio– y Mario Rafael Marenco –el Gordo– lo señalaran de tener nexos con el frente ‘José Pablo Díaz’ de las AUC, que operaba en Atlántico.

Según Verdad Abierta, Marenco –segundo de este frente– manifestó que cuando los paramilitares llegaron al Atlántico, él contactó a políticos tradicionales del departamento. Luego de varias reuniones con dirigentes, los ‘paras’ consiguieron en el 2003 el control del Concejo y la Alcaldía de Soledad.

En una audiencia de marzo del 2014 una magistrada de Justicia y Paz de Bogotá le recriminó a ‘Don Antonio’ que “no sepamos a fondo quiénes fueron los políticos y los funcionarios públicos que apoyaron a las AUC en Atlántico”.

‘Don Antonio’ ha dicho invariablemente que esta información solo la conocen Jorge 40 y Carlos Mario García –Gonzalo– jefe político de las AUC en Barranquilla y prófugo de la justicia.

Plan Caribe

Ashton, según el testimonio, recibió respaldo de las AUC por el denominado ‘Plan Caribe’, liderado por Rodrigo Tovar Pupo –Jorge 40– que consistió en que el ex alcalde de Barranquilla Guillermo Hoenisgberg apoyaría a candidatos al Congreso con respaldo de los paramilitares.

A pesar de estar en pleno proceso de desmovilización, dicho plan fue creado por Jorge 40, Carlos Mario García –‘el Médico’– y ‘Don Antonio’ para seguir teniendo aliados políticos de la región de cara a las legislativas de 2006.

El pacto consistía, dice el testimonio, en que Hoenisgberg –a quien la Corte pidió investigar por presuntamente recibir apoyo de las AUC en su campaña– les garantizaría a los congresistas participación burocrática en la Alcaldía a cambio de un porcentaje de la contratación de la ciudad para los ‘paras’.

Cuota en sector salud

Marenco precisó que Ashton había tenido una participación importante en contratos y cuotas burocráticas del sector salud en el Atlántico y en el Hospital Materno Infantil de Soledad.

Allí, narró, el hoy senador le recomendó a las AUC el nombre de Luis Francisco Romero como nuevo gerente del hospital. Romero era cercano a ‘el Médico’ y fue gerente del Hospital de Galapa.

“En dos ocasiones acompañé a Carlos Mario –‘el Médico’– al apartamento de Luis Francisco Romero a reunirse con Álvaro Ashton. De hecho, al principio, la cuota burocrática de Ashton en el Materno Infantil estaba por encima de todos los demás”, dijo.

Por estas declaraciones, en 2012 la Sala Penal de la Corte Suprema abrió investigación a seis congresistas, entre ellos Ashton, cuyo expediente finalmente terminó en el despacho del magistrado Gustavo Malo, pupilo de Francisco Ricaurte.

Audiencia

Según indicó la Fiscalía en la audiencia de este jueves, hubo reuniones entre Ashton y Ricaurte para frenar el proceso en 2013, para lo cual se pidieron $1.200 millones para lograr el archivo de la investigación.

No obstante, dijo el fiscal, se acordó mejor dilatar la investigación por estimar que el archivo no era probable y porque el magistrado auxiliar José Luis Reyes insistía en abrir investigación formal.

“Usted, doctor Francisco Ricaurte, instruyó a Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la forma como se repartiría la cifra acordada, recibiendo aproximadamente $400 millones provenientes de ese cobro. También recibieron dinero José Leonidas Bustos, Luis Ignacio Lyons, Gustavo Malo y el propio Moreno”, dijo el fiscal, quien agregó que del expediente desaparecieron evidencias.

Además, la “organización criminal” habría pactado que Malo pidiera la renuncia de los miembros de su despacho, lo que sucedió, pero terminó únicamente con la salida de Reyes, quien “era una piedra en el zapato”, no solo para Ashton, sino también para Musa Besaile en su caso por ‘parapolítica’.

Amigos de corazón

Reyes, quien trabajó hasta 2015 en el despacho de Malo, dijo a la Fiscalía desde Guatemala que Ashton era muy cercano al exmagistrado de ese alto tribunal Francisco Ricaurte.

“Ashton se reunía y buscaba asiduamente a Ricaurte. Por eso yo decía: a mí algo me huele mal […]. ¿Por qué si [Ricaurte] era amigo de corazón del doctor Malo, anda hablando […] con el procesado?”, dijo Reyes a una fiscal.

En otro aparte, agregó el jurista: “Malo me preguntaba […] sobre el caso de Ashton. Eso me generaba suspicacias […] yo me atrevo a decir que en ese informe se le dijo: el caso de Álvaro Ashton está para abrir investigación”.

Reyes afirmó además que Ricaurte era el “amigo de corazón” de Malo y recordó que Ricaurte le decía a

Ashton que no hablaran por teléfono y mejor se reunieran. Una precaución que evidentemente no le sirvió al ex presidente de la Corte Suprema, el primero en pisar una cárcel como reo.

Así cayeron otros enredados en la “organización criminal” de Ricaurte y Bustos

Musa Besaile: El fiscal indicó que a finales de 2014 Ricaurte ordenó a Moreno que se comunicara con el senador Musa Besaile y acordara el pago de $2.000 millones para evitar su captura en el proceso que la Corte le llevaba por ‘parapolítica’ El fiscal dijo que aquí intervino Luis Ignacio Lyons, quien se encargó que recibir parte del dinero enviado por Besaile en 2015 y entregarlo a los miembros de la organización.

Alejandro Lyons: En octubre de 2014, según la Fiscalía, el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons se comunicó con el exmagistrado Camilo Tarquino, a través de Muriel Benito, “para obtener una ayuda para que las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claro los hechos ocurridos en el tema de regalías” y por ello pagó $30 millones. No obstante, Tarquino aseguró que debía pagar $20.000 millones para solucionar “definitivamente sus problemas”.

Julio Manzur: En diciembre de 2014, un mes antes de ser capturado en el proceso por ‘parapolítica’, Julio Manzur fue informado por Luis Gustavo Moreno de que iba a ser detenido, por lo cual ofreció sus servicios de abogado por 2.000 millones de pesos, oferta que fue rechazada. Un mes después la oferta fue repetida y aceptada, un “dinero que sería destinado para la organización”, según indicó la Fiscalía.

Juan Carlos Abadía: La Fiscalía reveló un hecho desconocido: esta red también habría actuado para evitar la imputación de cargos al ex gobernador de Valle Juan Carlos Abadía, investigado por irregularidades en contratos por el fiscal Alfredo Bettin (recientemente relevado). “Usted (dijo al exmagistrado Ricaurte)y Bettín acordaron orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo –dos se alcanzaron a emitir– y evitar hacer imputaciones”.

Fonade: El fiscal dijo que entre 2014 y 2015 el magistrado Malo tuvo en su equipo a Carlos Andrés Bula, cuyo hermano Alfredo fue nombrado en 2015 como gerente de Fonade, en el que intervino “el magistrado Francisco Ricaurte. Esta entidad es reconocida como el fortín político de Musa Besaile y Bernardo Elías”. Precisó que “hay evidencia que permite inferir que (…) Fonade fue utilizado para hacer favores y comercializar puestos”.

EL HERALDO

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