La Ley del ‘Montes’ | Una poderosa red criminal

POR: OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

¿Cómo operaba la organización que desde la propia Corte Suprema extorsionaba a congresistas y de la que harían parte ex presidentes del alto tribunal, abogados y funcionarios de la Fiscalía General?

Por estos días circula en las redes sociales un video que muestra al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos, quien con tono aplomado y sereno se refiere a los comentarios que se escuchaban en círculos del poder en Bogotá acerca de la posibilidad de investigar a los magistrados de las altas cortes, que lucían blindados contra todo tipo de indagación o averiguación en su contra.

Bustos se refería al Tribunal de Aforados, figura que hacía parte de la Reforma Judicial, que estaba siendo estudiada y discutida por el Congreso de la República y que a la postre fue hundida por la Corte Constitucional.

“Uno se pregunta –dice Bustos a sus colegas magistrados– por qué en estos momentos nació la idea tan puntual de investigar y juzgar a los magistrados de alta corte. Yo escucho en las noticias, incluso a varios representantes, senadores, periodistas, ministros y exministros decir: es que nunca hemos visto a un magistrado rindiendo indagatoria. Es que los magistrados no tienen ni Dios ni Ley. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es que acaso los magistrados existe evidencia, o existen fundamentos probatorios de que están cometiendo delitos? Yo podría perfectamente decirle a toda la ciudadanía, y casi que esto constituye un reto, que si tiene pruebas contra un magistrado de la Corte, que es lo que me concierne a mí, yo sería el primero en denunciar esa conducta delictiva”.

El video del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia tomó vigencia en estos días, cuando el senador del Partido de La U Musa Besaile señaló a Bustos de ser el destinatario final de 2.000 millones de pesos que habría pagado al entonces abogado litigante Luis Gustavo Moreno para evitar una orden de captura que habría sido expedida en su contra entre los años 2014 y 2015, en los tiempos de la parapolítica. El senador cordobés afirmó ante la Corte Suprema que inicialmente la suma pedida por Moreno habría sido de 6.000 millones de pesos, pero que al final “negoció” los 2.000 que pagó.

De acuerdo con Musa Besaile, el dinero solicitado por Moreno –después nombrado y destituido fiscal Anticorrupción por Néstor Humberto Martínez Neira– tendría como finalidad extorsionarlo con el fin de evitar su detención. Bustos y Moreno harían parte –junto con el también ex presidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte– de una red de magistrados y abogados encargados de extorsionar a congresistas y excongresistas a cambio de favorecerlos en sus decisiones judiciales.

Moreno fue destituido por el propio Martínez Neira, luego de comprobarse que extorsionaba al ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, para no continuar con las investigaciones que su despacho llevaba a cabo en su contra. Junto a Moreno cayó su socio, el abogado Leonardo Pinilla. Lyons se encuentra en Estados Unidos, donde negocia su colaboración a la justicia a cambio de una rebaja de penas.

Por cuenta de los ex presidentes de la Corte Suprema José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, así como del ex fiscal Anticorrupción Moreno y su socio Pinilla, el alto tribunal está viviendo sus peores días en su más que centenaria existencia. Las declaraciones del senador Besaile en las que denuncia la supuesta extorsión por parte de la “banda criminal de los magistrados”, pusieron a temblar los cimientos del alto tribunal.

Los adjetivos se agotan para tratar de describir las náuseas que produce el testimonio del senador cordobés cuando se refiere a la manera cómo fue objeto de la extorsión por parte de la organización criminal.

El relato muestra el comportamiento de una poderosa red enquistada en el corazón mismo de la Corte Suprema cuya finalidad no era otra que la del enriquecimiento ilícito por parte de quienes convirtieron la extorsión en su más poderosa y peligrosa herramienta. En el caso de Musa Besaile quedó demostrado que logró salirse de un delito cometiendo otro. Es decir, al pagar los 2.000 millones de pesos se salvó de verse vinculado a la parapolítica, pero incurrió en cohecho, pues habría pagado a un funcionario judicial para no ser capturado.

Si lo que Musa Besaile contó a la Corte Suprema es cierto, entonces estamos en presencia de un horripilante hecho que tiene que ver con la conformación de una poderosa red criminal, que tendría como cabecillas a los togados Bustos y Ricaurte, así como abogados y funcionarios y ex funcionarios de la Fiscalía General. Es decir, una vergüenza sin antecedentes en la historia de la Rama Judicial colombiana.

¡Qué tristeza y qué dolor, el tener que ver a dos ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia envueltos en semejante escándalo!

El magistrado Malo

En el escándalo de la Corte Suprema se ha ventilado el nombre de Ruth Marina Díaz, por haber compartido oficina con Francisco Ricaurte y Gustavo Moreno, así como con José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino. Todos ellos –menos Moreno– fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Pero el nombre de otro magistrado que también es mencionado con mucha frecuencia es el del cartagenero Gustavo Malo Fernández, quien también estaría comprometido en la trama de corrupción que se investiga.

La orden de captura y la investigación que sirvió para extorsionar a Musa Besaile es de un proceso que él maneja. También tuvo a su cargo el proceso contra el ex senador conservador de Córdoba Julio Manzur. Un ex magistrado auxiliar suyo declarará esta semana sobre pormenores de la presunta extorsión al senador Besaile, asunto que puede comprometer a Malo. A ello se suma que uno de los posibles extorsionistas es su gran amigo Francisco Ricaurte, mientras que José Leonidas Bustos es muy cercano a ambos.

También investigan el hecho de que en poder de Yara, hija de Malo, haya sido encontrado un carné falso en momentos en que se encontraba en una instalación de la Fiscalía. Malo también deberá explicar un aparente cruce de favores entre él y Alfredo Bula, como director del Fonade. Al parecer, un yerno de Malo fue nombrado en Fonade y un familiar de Bula fue designado en la Corte Suprema. La Fiscalía también indaga por jugosos contratos de Fonade al exmagistrado Ricaurte. Se da por hecho que esta semana la Corte Suprema pedirá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue al magistrado Malo. Dentro del alto tribunal hay quienes piden su renuncia.

Investigación, en manos de un magistrado de quilates 

Nunca antes la Corte Suprema había tenido que sortear un momento más difícil. Ni siquiera en 1985 cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia a sangre y fuego. La venta de fallos y la vulgar extorsión por parte de algunos togados evidencia en esta oportunidad un “daño estructural”, que requiere casi que la reconstrucción de todo el edificio. No se trata de empañetar y resanar. Por fortuna, algunos magistrados de la Corte han dado muestras de que están dispuestos a darse la pela.

Desde que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, puso en conocimiento del alto tribunal la gravedad de los hechos, su respuesta fue inmediata. De hecho, el magistrado Antonio Hernández se apersonó del asunto y está al frente de las investigaciones sin reposo y sin pausa. Hernández llegó a la Corte Suprema en contra de la voluntad de José Leonidas Bustos, quien terminó aceptando a regañadientes su candidatura a cambio del ingreso de su ficha, José Francisco Acuña Vizcaya. Hernández, como magistrado instructor, ha actuado con celeridad y firmeza.

En la misma semana oyó a Musa Besaile, citó a Moreno y a Pinilla y a los Manzur, padre e hijo, quienes también ya se declararon víctimas de la “banda extorsionista”. Además, libró copias que tienen a un paso de la orden de captura al exmagistrado Ricaurte por parte de la Fiscalía. Para desmantelar la poderosa red es necesario rastrear todas y cada una de las investigaciones congeladas en los vericuetos de la corrupción urdida por Bustos y compañía. Consecuencia de lo anterior fue la reactivación del proceso en contra de Zulema Jattin.

El poder de Zulema Jattin

Uno de los misterios de la política en Córdoba era la indefinición del proceso de la ex representante a la Cámara Zulema Jattin Corrales por más de diez años. El pasado jueves ese misterio llegó a su fin, cuando la Corte Suprema le dictó resolución de acusación y revocó su medida de libertad provisional, que le permitió –entre otras cosas– mover las fichas de la política en Córdoba e inclusive ausentarse del país por varias semanas, pese a tener en sus tobillos un dispositivo electrónico. Contra Jattin pesan señalamientos por, al parecer, promover grupos al margen de la Ley entre 2001 y 2007.

Testimonios indican que se benefició de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al removerse todos los casos en los que habría actuado el abogado Moreno, la Corte Suprema indaga sobre un posible favorecimiento de Jattin, puesto que Moreno fue su abogado. Otra ficha política de Jattin –una de las primeras ‘santistas’ de la Región Caribe– es Luis Miguel Pico, su asesor cuando ella fue congresista, quien se desempeñó como director de Asuntos Políticos de la Casa de Nariño. De ahí pasó al viceministerio de Agricultura. Jattin –hija de Francisco Jattin (fallecido), ex presidente de la Cámara– mantiene vigencia política en Córdoba, donde logró la elección de su hermano y de su sobrina como alcaldes de Lorica en los dos últimos periodos.

Julio Manzur, ¿chivo expiatorio en caso Musa Besaile?

El nombre de Julio Manzur tuvo mucha fuerza en los 90 como líder del conservatismo en Córdoba. Durante el escándalo de la parapolítica, Manzur sorteó su vinculación al proceso, algo que no ocurrió con varios de sus paisanos y colegas. Pero en enero de 2015 –cuando la parapolítica parecía asunto del pasado– la Corte ordenó su captura y por ello pagó una pena hasta julio de 2017. La explicación que tiene Manzur y su hijo Wadith, es que todo obedeció a un plan de Luis Gustavo Moreno, quien a finales de 2014 se ofreció para arreglarle su proceso por parapolítica, que cumplía 10 años de estar abierto en la Corte Suprema. Al no acceder a la petición de Moreno –dice Wadith Manzur– entonces la Corte ordenó su captura.

De esta forma demostraría Moreno el inmenso poder que tenía en el alto tribunal, antes de llegar a la dirección de la Fiscalía Anticorrupción. La explicación del ‘carcelazo’ de Manzur sería la siguiente: dado que Manzur ya no tenía ningún poder en 2014, el mensaje era en realidad para Musa Besaile, el verdadero pez gordo, quien también estaba siendo extorsionado por Moreno. Punto. Es decir, a Manzur lo habrían utilizado como ‘chivo expiatorio’ para probar el poder que tenían Moreno, Bustos, Ricaurte y Pinilla.

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