Corte Suprema de Justicia pide celeridad en procesos contra exmagistrados

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La Corte Suprema de Justicia anunció que la Sala de Casación Penal adelanta la clasificación de los expedientes en que participó como abogado defensor Luis Gustavo Moreno Rivera, para divulgar y dar a conocer en los próximos días a la opinión nacional el material público que haya en ellos.

Al mismo tiempo, el alto tribunal notificó que las decisiones, acciones y actuaciones judiciales no cobijadas por reserva legal, referidas a los procesos adelantados contra las personas mencionadas en la señalada red de corrupción, están a disposición del escrutinio público en su portal web.

Los pronunciamientos los hizo la Corte Suprema en un comunicado en el cual pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad los procesos pertinentes, de cara a la ciudadanía y en medio de la transparencia que permita la legislación vigente, así como imponer “sin contemplaciones de ninguna índole” las sanciones a los implicados — los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte–de llegarse a comprobarse su responsabilidad.

Como lo hemos información oportuna y ampliamente aquí en la web de Radio Santa Fe, el Fiscal general reveló unos audios suministrados por la justicia de los Estados Unidos en los cuales se ponen en evidencia componendas corruptas entre los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino con el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno y el abogado Luis Pinilla.

El fiscal estableció que entre estas personas se habría orquestado una red de corrupción para beneficiar a aforados con investigaciones en la Corte, entre ellos los senadores Musa Besaile, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos.

Las interceptaciones se realizaron en el seguimiento que se le hizo al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

De acuerdo con los audios, la red de corrupción habría acordado pagos entre $1.500 y $3.000 millones para cambiar las decisiones de los magistrados.

Al respecto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, hace las siguiente precisiones en el comunicado:

Frente al episodio que involucra los nombres de tres exintegrantes de la corporación en presuntos actos de corrupción, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia expresa absoluta confianza en la labor que viene cumpliendo la Sala de Casación Penal y el sistema judicial en general en la lucha contra este flagelo y las múltiples formas de criminalidad que amenazan la coexistencia democrática en nuestro país.

El descubrimiento de estos posibles actos delictivos, y los expedientes ya abiertos para llegar al fondo de la verdad, prueban la solidez de las instituciones jurídicas colombianas. Recuerda que los magistrados de los altos tribunales están sometidos, como todos los ciudadanos, al imperio de la ley. Así lo muestran también, en los diversos ámbitos del poder público, los cientos de sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia contra altos funcionarios del Estado durante los últimos 25 años.

Las decisiones, acciones y actuaciones judiciales no cobijadas por reserva legal, referidas a los procesos adelantados contra las personas mencionadas en la señalada red de corrupción, están a disposición del escrutinio público en el portal web www.cortesuprema.gov.co.

La Sala de Casación Penal adelanta en este momento la clasificación de los expedientes en que participó como abogado defensor el señor Luis Gustavo Moreno Rivera, para divulgar y dar a conocer en los próximos días a la opinión nacional el material público que haya en ellos.

Por tratarse de circunstancias excepcionales que ocasionan fuerte impacto en la credibilidad de la justicia, esta corporación solicita respetuosamente a las autoridades competentes – Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y Fiscalía General de la Nación– adelantar con celeridad los procesos pertinentes, de cara a la ciudadanía y en medio de la transparencia que permita la legislación vigente. Sin contemplaciones de ninguna índole, los implicados deben recibir las sanciones que amerita la gravedad de las conductas denunciadas, de llegar a comprobarse su responsabilidad.

En este delicado momento, la Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la ciudadanía, a los actores sociales y a los líderes de las instituciones públicas y privadas para que, en esfuerzo común, salvaguardemos la integridad institucional. Los poderes públicos, los organismos de control y la sociedad civil tenemos la gran responsabilidad histórica de defender lo construido en democracia y consolidar las conquistas del Estado social de derecho trazado por la Constitución Política de 1991.

La Corte deplora las sombras de duda que las recientes revelaciones provocan en el imaginario social, respecto a una justicia que por cerca de dos siglos ha trabajado en la construcción del Estado democrático colombiano, con integridad y hasta el sacrificio de la vida de sus propios jueces. Pero, en esta oportunidad, la acción institucional también debe seguir. La justicia, y la Corte Suprema en particular, ha desempeñado, ejerce y seguirá cumpliendo un rol protagónico en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en todas sus manifestaciones. Fin del comunicado.

El miércoles la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció la asignación del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa para adelantar la indagación respecto a los hechos que involucran la posible conducta delictiva de los tres congresistas mencionados en las conversaciones grabadas el pasado mes de junio, en desarrollo de la actividades investigativas coordinadas entre autoridades colombianas y norteamericanas.

Al magistrado Hernández Barbosa, señaló, le corresponde evaluar enseguida los documentos recibidos de la Fiscalía General de la Nación y trazar la estrategia investigativa e impulsar el procedimiento a que haya lugar.

De otro lado, confirmó que los nueve magistrados de la Sala de Casación Penal, determinaron de forma unánime, remitir la misma documentación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que se adelante la indagación pertinente respecto a los exmagistrados José Leonidas Bustos Martínez y Francisco Javier Ricaurte Gómez.

Previamente, el martes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia fijó su posición sobre los hechos, así:

Que en la fecha, el señor Fiscal General de la Nación le ha entregado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia un documento en el cual aparece consignada la reproducción de unas conversaciones grabadas en Miami (Estados Unidos) en junio del presente año, las cuales se consiguieron como producto de una labor investigativa coordinada entre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Que en consideración a que las personas que intervienen en esas conversaciones le atribuyen conductas de corrupción a los ex Magistrados de la Corte Suprema de Justicia JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ y FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ, posiblemente cometidas durante el ejercicio de sus cargos y en relación con los mismos, la Sala de Casación Penal remitirá de inmediato dicho documento, para la investigación penal correspondiente, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

De la investigación penal en contra de los Congresistas vinculados a los actos de corrupción atribuidos a los ex Magistrados, que aparecen citados en la documentación recibida del despacho del señor Fiscal General de la Nación, se ocupará inmediatamente una Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención a la gravedad que revisten esos hechos, le pide respetuosamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor.

Le hacemos saber a la Comisión de Acusaciones, igualmente, que estaremos prestos a colaborar en la investigación a su cargo con toda la información que estime necesaria.

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