Una brecha que no se cierra

Por: Gloria Zamora Patiño

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y este año se conmemora además diez años de haber sido adoptada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece un amplio abanico de derechos sociales, económicos y culturales que deben ser respetados por los Estados, las empresas y otros actores.

Lastimosamente el balance de esta década no es muy positivo, de acuerdo con líderes y autoridades  indígenas de la región americana, que identificaron los desafíos y obstáculos que aún persisten aunque señalaron algunos pocos avances.  En la misma dirección, un informe de expertos de naciones unidas entregado ayer, corrobora lo dicho cuando manifiestan que “los Estados deben convertir sus palabras en acción y poner fin a la discriminación, la exclusión y la falta de protección que sufren estas comunidades”.

En el caso de Colombia podemos identificar la enorme brecha existente entre lo que se firma y lo que se cumple, entre lo que se concierta y lo que se implementa realmente, entre lo que reconoce la ley y lo que desconocen los funcionarios públicos y actores privados. Y esto es extensivo a los derechos sobre sus territorios, sobre sus gobiernos propios,  los derechos a la salud, la educación, la cultura y sus propias concepciones y modos de vida.

Hace varios años se dice que más de 7 de cada 10 niños indígenas sufre de desnutrición crónica y que comparado con la población nacional, un niño indígena tiene 24 veces mayor riesgo de morir por desnutrición.  El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas para la población indígena es de 57% frente a un promedio nacional de 27%. La Defensoría del Pueblo reporta que el 48,5% de las muertes infantiles por enfermedad diarreica aguda (EDA) a nivel nacional corresponden a población indígena, explicada por la baja cobertura de agua potable y dificultades en el saneamiento básico, en los sistemas alimentarios y de atención en salud.

Mientras que la tasa nacional de analfabetismo es de 7.4%, en los indígenas es de 28.6%.  Por tasas de cobertura, de cada 100 niños indígenas entre 6 y 10 años, solo 61 asisten a programas de educación básica primaria (promedio nacional: 93), y de cada 100 adolescentes entre 11 y 16 años sólo 34 asisten a programas de educación secundaria (promedio nacional: 61). El suicidio de niños y adolescentes indígenas  se ha incrementado, atribuible a la pérdida de referentes culturales y a la falta de oportunidades de vida digna.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, entre enero del 2015 y  febrero del presente año 2017, cada hora un indígena fue víctima de desplazamiento forzado; cada día 4 indígenas fueron confinados; cada mes 39 líderes y autoridades indígenas fueron amenazados y 84 indígenas fueron asesinados en este periodo.

Colombia tiene 32 pueblos con menos de 500 habitantes y 10 con menos de 100 personas, amenazados por la extinción física y cultural. Desde el 2009, la Corte Constitucional le ordenó al Estado proteger a 35 pueblos que consideró en grave riesgo de exterminio por el conflicto armado, y 8 años después no se ha implementado ningún Plan de Salvaguarda ordenado por el alto tribunal.

Desde años atrás distintas voces los califican como “terratenientes” callando que solo el 2.5% de sus territorios tiene usos agrícolas, y el resto son áreas de conservación y protección que se mantienen así debido a su modo de vida, con pocas emisiones de carbón y con un manejo sostenible y sustentable de los recursos.  Les dicen que son “palos en la rueda del desarrollo” cuando exigen que se respete el derecho a ser consultados y a consentir de manera previa, libre e informada, sobre políticas públicas, medidas legislativas o administrativas, proyectos y/o megaproyectos, programas, u otro, que afecte sus territorios y forma de vida. Siguen enfrentando el racismo y la discriminación cuando se les señala como “atrasados”, incapaces de entender que el modelo de desarrollo imperante y la ganancia monetaria inmediata están por encima de la preservación y protección de la vida en sus distintas manifestaciones.

Los indígenas llamaron siempre a la solución negociada del conflicto, a la reconciliación nacional y a ser reconocidos como actores de paz. Estuvieron al lado de los sectores que se pronunciaron y votaron por la finalización del conflicto armado con uno de sus actores más protagónicos y que habían vulnerado sus derechos en sus territorios. Sin embargo en muchas regiones siguen sufriendo graves afectaciones por la guerra en la que persisten los grupos armados ilegales herederos del paramilitarismo y otros grupos insurgentes. Continúan siendo víctimas de asesinatos, desplazamientos forzados, confinamiento, amenazas de muerte en sus territorios ubicados en el Cauca, Nariño, Chocó, Cesar, Meta, Putumayo, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada.

Tal vez sea la hora de que el gobierno nacional acoja la recomendación que hace años le hiciera el Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, e invite al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio a fin de establecer cuál es la situación de los pueblos indígenas que se encuentran amenazados con el exterminio cultural y/o físico, que a estas alturas ya se acercan a los 50, casi la mitad de dichos pueblos que constituyen la diversidad étnica y cultural de nuestro país.

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