Análisis Ley del Montes | ¿Tiene Maduro los días contados en Miraflores?

POR: OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

Un triunfo aplastante de la oposición en el Plebiscito de hoy contra la Constituyente convocada por Maduro, podría convertirse en el comienzo del fin del régimen chavista.

Hoy los venezolanos definen su suerte. Así se simple y así de contundente. En efecto, el Plebiscito que se llevará a cabo contra Nicolás Maduro y contra su iniciativa de convocar una Constituyente que legitime el régimen chavista en el vecino país, podría convertirse en el punto de quiebre y el comienzo del fin de la llamada Revolución del Siglo XXI. La consulta popular es una de las últimas herramientas que le quedan a la Asamblea Nacional (AN) -de mayoría opositora- ante la despiadada arremetida de Maduro y sus aliados políticos, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su propósito de anular sus funciones y desconocer su competencia.

El Plebiscito ha sido convocado por la AN y cuenta con el pleno respaldo de la Mesa de Unidad Nacional (MUD), conformada por los movimientos y partidos opositores al régimen chavista. El soporte legal de la consulta popular radica en el Artículo 5 de la Constitución de Venezuela, que dice: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley; e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

El Plebiscito cuenta con el respaldo masivo de los venezolanos, tanto los que residen en ese país como los que viven en el exterior. También es apoyada por los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, afirmó horas antes de que se habiliten los puntos de votación, que “el Plebiscito puede detener el colapso institucional de Venezuela. La Asamblea Nacional es el último poder legítimo elegido por el pueblo, mientras que la Asamblea Constituyente, convocada por Maduro para el próximo 30 de Julio, no tiene bases legales en la Constitución”.

“La Constituyente -sostuvo Almagro- ha sido impuesta por decreto por Maduro, sin la gente y en contra de la gente, anteponiendo la voluntad de la dictadura a la voluntad popular, expresada por sufragio universal y directo. Este régimen ha dejado de aparentar ser una democracia, como solía ser. Se ha consolidado como una dictadura, donde su legitimidad pretende ahora ser constitucionalizada”.

La dirigente política María Corina Machado, una de las más destacadas opositoras al régimen chavista y vocera del movimiento Vente Venezuela, confía en un triunfo demoledor de quienes se oponen a la Constituyente. “No vamos a aceptar negociación alguna que implique la permanencia de Maduro y de su sistema mafioso en el poder”, declaró Machado horas antes del Plebiscito.

Después de más de cien días de protestas masivas en las calles de Caracas y en las principales ciudades del país, que han dejado 97 muertos, más de 15 mil heridos y 4 mil detenidos, en su mayoría estudiantes, la crisis social, política y económica tiene a Venezuela a punto de colapsar. El país es hoy un barril de pólvora con la mecha encendida. De la manera cómo manejen Maduro y sus aliados políticos la situación dependerá el desenlace que tenga la grave crisis.

La oposición venezolana -sin mayores recursos legales, distintos al Plebiscito de hoy- le apuesta a las protestas multitudinarias -a la calle, como lo recomendó el líder opositor recientemente liberado, Leopoldo López- y a una mayor presión internacional, que obligue a Maduro a negociar su salida y crear un “gobierno de transición de unidad nacional”, que ponga fin a la masacre generalizada por parte de las Fuerza Armadas y de Policía y convoque a elecciones para restablecer el orden constitucional que se ha visto quebrantado, según la fiscal general, Luisa Ortega, antigua aliada de Maduro y hoy una de sus más radicales opositoras.

¿Qué se juega Venezuela hoy? ¿Qué pasa con un triunfo contundente de la oposición? ¿Qué salidas le quedan a Maduro, en caso de una aplastante derrota? ¿Habrá Constituyente en Venezuela?

¿Cuál es el verdadero alcance del Plebiscito?

La apuesta de la oposición venezolana es la convertir el Plebiscito de hoy en un hecho político sin antecedentes, que se traduzca en la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. Punto. Para ello se requiere que más de 10 millones de venezolanos voten de manera afirmativa el rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, así como la exigencia a las Fuerzas Armadas para que defiendan la Constitución y respalden a la Asamblea Nacional y también aprueben la renovación de los poderes públicos, la realización de elecciones y la conformación  de un nuevo gobierno. Si votan afirmativamente y de manera aplastante las anteriores tres preguntas, entonces habrán producido el hecho político que llevaría al chavismo a dar un paso al costado y de esta forma Venezuela podría recuperar sus valores democráticos perdidos. En otras palabras, el Plebiscito es en plata blanca “un acto de desobediencia civil” contra Maduro y sus aliados, entre ellos Diosdado Cabello, uno de los chavistas más radicales y repudiados. La oposición alega su legítimo derecho a “rebelarse” contra un “gobierno autoritario”, como está contemplado en el Artículo 350 de la Constitución. El resultado del Plebiscito no tiene poder vinculante -de ahí la apuesta al triunfo contundente, que se traduzca en un hecho político- pero si serviría para evidenciar el rechazo a la Constituyente de Maduro, que según encuestas es superior al 70 por ciento.  A mayor votación, menos respaldo a la Constituyente y -claro- a su mentor, Maduro.

Una Constituyente inoportuna, ilegítima e ilegal

Al convocar una Asamblea Constituyente -en plena crisis de su gobierno y en medio de la protesta generalizada de millones de venezolanos- Maduro lo que hizo fue apagar el fuego con gasolina. La iniciativa fue interpretada de inmediato como una medida desesperada cuyo propósito es perpetuar el chavismo en el poder. La Constituyente ni siquiera fue consultada con el pueblo, pues fue convocada por decreto y en medio de frases estridentes y destempladas de Mauro, como aquella según la cual la Constituyente “salvará a Venezuela de los fascistas, los imperialistas y los violentos”. La oposición sostiene que la Constituyente de Maduro es ilegal, pero otra cosa piensa el Consejo Nacional Electoral, en cabeza de Tibisay Lucena -otra aliada incondicional de Maduro- quien no sólo le ha dado el visto bueno a la iniciativa chavista, sino que ha descalificado el Plebiscito opositor, al llamarlo “una guarimba más de la oposición”. Es decir, para Lucena la aplicación del Artículo 5 de la Constitución de Venezuela, es una “guarimba”, una barricada, contra el Gobierno. En realidad la Constituyente del próximo 30 de Julio es la apuesta de Maduro por otorgarse los pocos poderes que le hacen falta para controlar de manera absoluta a Venezuela, entre ellos el de aniquilar una Asamblea Nacional de mayoría opositora y una Fiscal General, que pasó de ser su mejor aliada a su peor enemiga.

¿Qué tan solo está Maduro?

Aunque aún tiene a su lado los poderes Judicial y Electoral, que se comportan como sus “servidores más serviles”, Maduro pierde cada día más gobernabilidad y su debilitamiento es evidente. No sólo la fiscal Ortega lo abandonó, sino que la salida de Leopoldo López -el preso político más connotado del país- de la cárcel de Ramo Verde, para que cumpla su pena en su residencia, tampoco produjo los efectos que Maduro esperaba y que eran fundamentalmente dos: “apagar la calle”, es decir, aplacar las protestas masivas; y dividir a la oposición. Nada de ello ocurrió. López ha mantenido su discurso de convocar a las manifestaciones masivas contra el Gobierno, mientras la MUD también sigue firme en su propósito de sacarlo de Miraflores. El otro soporte de Maduro son las Fuerzas Armadas, que siguen leales a su mandato, más por negocios que por patriotismo. Las Fuerzas Armadas de Venezuela son las más corruptas del Continente y las más brutales y despiadadas. Todo ello con la complacencia y la complicidad de Maduro y sus socios políticos. Las imágenes que muestran las agresiones a los opositores -casi todos estudiantes- hablan de una Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de una Policía Nacional Bolivariana (PNB), criminales, déspotas y carentes del mínimo respeto por los Derechos Humanos. Los multimillonarios negocios y la incesante violación de los Derechos Humanos de la oposición es la cobija con la que se arropan hoy Maduro y los jefes de las Fuerzas Armadas. Hay -sin embargo- un sector de las Fuerzas Armadas que no comparte ni la corrupción ni el comportamiento criminal de sus compañeros.

“Y va a caer, y va a caer, ya Maduro va a caer…”

Un triunfo aplastante de la oposición hoy debería traducirse en la salida de Maduro de la Presidencia. De hecho, esa es la aspiración de los dirigentes de la oposición, quienes consideran que una derrota inobjetable de Maduro sería la legitimación de la “Desobediencia Civil”, amparada en el artículo 350 de la Constitución. Es decir, el hecho político seria de tal magnitud que Maduro no tendría opción distinta a la de reconocer los resultados y buscar una salida política a la crisis. Salida que -necesariamente- tendría que pasar por su abandono de la Presidencia. Si Maduro se resiste a aceptar el triunfo demoledor de quienes se opone a la Constituyente, entonces la oposición convocará a la realización de un gran paro nacional, que involucre a todos los sectores productivos, así como distintas agremiaciones, la Iglesia Católica, universidades y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, para obligarlo a admitir que su permanencia en Miraflores es insostenible. A ello se sumaría la comunidad internacional, que -con contadas excepciones- sigue al margen de los acontecimientos. El caso de Colombia es particularmente llamativo: pese a las múltiples y reiteradas ofensas de Maduro contra Colombia y contra el presidente Juan Manuel Santos, sigue siendo muy tímido el rechazo de nuestro país a los abusos del presidente de Venezuela. Ni siquiera el asesinato de un compatriota en territorio colombiano, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, llevó a la Cancillería a expresar algo más que la consabida “condena” de los hechos.

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