La reforma que asusta

La propuesta de reforma electoral gusta poco en el estamento político y la gente no la entiende, pero es más necesaria que nunca después de lo de Odebrecht.

Por Carlos Obregón

De las reformas que aún están pendientes de llegar al Congreso, la electoral y política que acaba de presentar a manera de propuesta la Misión Electoral Especial (MEE) ha caído mal no por impopular –como puede ser una reforma tributaria o una pensional—sino por ser avezada. O para decirlo de otra manera, por tocar demasiados intereses al mismo tiempo, pero porque además no fue hecha por políticos.

La propuesta de la MEE es un mandato de los acuerdos de La Habana para que un grupo de expertos planteara una reforma para “asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral;modernizar y hacer más transparente el sistema electoral; dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia”.

En esencia, desde el punto de vista de la organización del sistema, mantiene las funciones de la Registraduría, que seguiría organizando las elecciones; deja vivo el Consejo Electoral que mantendría sus tareas de convocar elecciones, realizar los escrutinios y mantener el control sobre el funcionamiento de los partidos, incluida su financiación, y crea la Corte Electoral que atendería las demandas de nulidad de elecciones, definiría la pérdida de investidura y la pérdida del cargo y decidiría las sanciones disciplinarias de los elegidos por votación cuando impliquen la separación del cargo. Este parece ser un punto controversial por al menos dos razones: le quita funciones a la Sala Electoral del Consejo de Estado y deja al Consejo Electoral sin la poderosa herramienta de decidir sobre la pérdida y suspensión de la personería jurídica de los partidos y movimientos y las organizaciones políticas, y las decisiones sobre el derecho de presentar candidatos. Sobre esto último, parece un contrasentido que un organismo elegido por los partidos en el Congreso sea a la vez juez y parte.

Pero además, la propuesta de la MEE le mete mano a la forma de hacer política. Plantea listas cerradas y únicas de los partidos –algo así como el fin de las empresas electorales que montan costosas campañas nacionales financiadas por contratistas— con un Senado nacional de 100 y unos 200 representantes a la Cámara donde se combinarían una lista departamental de cada partido, cerrada y bloqueada, y otra uninominal con candidatos de cada partido para que los municipios diferentes a la capital tengan opción de elegir. En todo caso ningún departamento tendría menos de tres representantes. Esto último abre la competencia al interior de cada departamento y aumenta la participación regional en un país donde la representación política por número de habitantes apenas supera los 100.000, menos que Ecuador y Perú.

Los partidos actuales, grandes y pequeños, tienen sus reparos y la propuesta de la MEE les da argumentos para que la ataquen: los pequeños darán la pelea para que les bajen el porcentaje de votos mínimos para poder tener representación en el Congreso; los grandes se opondrán a las listas cerradas con el argumento de que es regresar a la dictadura del bolígrafo desde Bogotá y de paso defenderán a morir su injerencia en la elección del Consejo Electoral cuyos integrantes serían ternados por las cortes y el gobierno; la oposición uribista la descalificará por tener origen en los acuerdos con las Farc y el Consejo de Estado intentará ponerle palos en la rueda.

Con todo lo bueno y lo malo, la reforma de los técnicos merece el debate político sincero que reclamó hace poco el ministro Juan Fernando Cristo. Dejarla de lado sería subestimarla como lo advierte el politólogo Yann Basset y llevarla al Congreso sin consensos es dejar que corra el riesgo de que se desnaturalice como pasó con la reforma de equilibrio de poderes.

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