Ley del Montes: Cinco preguntas para los jefes de las Farc

Deben responder por el número de milicianos que hacen parte de la organización, el armamento que aún sigue en su poder y por los disidentes.

Por Oscar Montes

Mientras los acuerdos políticos firmados en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc siguen su trámite en el Congreso, para luego empezar a implementarlos –algo que no debe tener mayores inconvenientes, más allá de una demora por la falta de la firma de algún burócrata– sería bueno que los jefes de las Farc –ahora en plan de vedettes mediáticos– respondieran algunas preguntas relacionadas con su naturaleza y comportamiento como ejército irregular.

Dichos cuestionamientos debieron ser planteados y resueltos en la mesa de negociación de La Habana, algo que por desgracia no ocurrió y por eso hoy el país está en vilo presenciando cómo un grupo guerrillero con hombres armados hace política, sin que nadie del Gobierno con quien negoció se atreva a cuestionar dicho comportamiento a todas luces ilegal.

El único que alzó tímidamente la voz fue el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, cuando tuvo conocimiento de que en La Guajira, los comandantes de las Farc habían llamado a concejales y alcaldes del Departamento para pedirles cuentas sobre sus planes de inversión y desarrollo de obras. Semejante arbitrariedad fue justificada por los voceros de las Farc con el peregrino argumento de que lo hacían porque el “Gobierno no había cumplido con lo pactado”, sobre la adecuación de los terrenos donde deberían permanecer los guerrilleros antes de reintegrarse a la vida civil. Al parecer, la ‘mostrada de dientes’ funcionó, porque desde entonces Jaramillo optó por el silencio absoluto.

En Antioquia ya había pasado algo similar, cuando el gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, como primera autoridad del Departamento, quiso ingresar a la zona reservada para la permanencia de los guerrilleros armados en trance de desmovilización. No pudo hacerlo. Le negaron el acceso a ese territorio, porque –según está establecido en los acuerdos de La Habana– los únicos que pueden autorizar el ingreso de autoridades civiles a los campamentos –así sea la máxima autoridad del Departamento– son los mismos guerrilleros.

Es decir, se trata de territorios vedados para todos aquellos que no cuenten con la aprobación de las Farc, como ocurrió con el gobernador Pérez. En plata blanca ello significa –ni más ni menos– que las Farc cuentan con zonas en las que pueden hacer lo que les dé la gana y nadie puede pedirles cuentas. Esa es la razón por la cual nadie en el Gobierno está en capacidad de informarle al país en estos momentos qué está pasando en las zonas asignadas a las Farc, al parecer, por un tiempo definido y limitado, pero que podría extenderse de manera indefinida, pues Timochenko y Márquez alegan que mientras el Gobierno no cumpla, los guerrilleros podrán quedarse allí el tiempo que a bien tengan.

Nadie les pide cuentas a las Farc. Ni el presidente de la República –que es el Jefe del Estado y encarna la Unidad de la Nación– ni los organismos internacionales, ni la Cancillería, que les permite que se pronuncien sobre los asuntos internos de otros países, como sucede con Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro acaba de recibir el espaldarazo de Timochenko, Márquez y compañía. Cuando el entonces vicepresidente, Germán Vargas Lleras, se atrevió a cuestionar a Maduro, la canciller María Ángela Holguín le hizo un severo llamado de atención. Pero cuando los jefes guerrilleros se declaran seguidores incondicionales de Maduro y respaldan abiertamente todos sus abusos, la canciller Holguín ni siquiera se atreve a decir esta boca es mía.

El propio Santos fue víctima del chantaje de Maduro, cuando se atrevió –tímidamente– a cuestionar los abusos del régimen chavista en Venezuela. “Santos, tú mejor quédate callado, porque si sigues hablando, voy a contar todos los secretos de la negociación con las Farc”. Y Santos se quedó callado. Santos cedió al chantaje de Maduro. Santos buscó refugio debajo de la mesa. Por eso su silencio es cómplice de la masacre que comete Maduro todos días en Venezuela contra la oposición. El régimen chavista asesina todos los días a estudiantes y opositores, y Santos, como casi todos los gobiernos de América Latina, guarda silencio.

Pero el hecho de que nadie les pida cuentas a las Farc no quiere decir que las Farc no tengan que entregar cuentas. Si alguien debe rendir cuentas son los jefes de las Farc. Su cinismo –como el de alias Jesús Santricht al negar el reclutamiento de menores en una entrevista radial– no les servirá para evadir sus responsabilidades. El hecho de que ahora algunos periodistas los entrevisten con el mismo rigor con que le preguntan a Marbelle por su nuevo amor, o a Amparo Grisales por su supuesto affaire con Pipe Bueno, no significa que Santricht y compañía no deban informar sobre los miles de niños y niñas que fueron arrebatados a sus padres para obligarlos a ingresar a las Farc.

Los jefes de las Farc tienen tiempo y plata para concebir y pagar una campaña masiva de emisión de cuñas en las redes sociales sobre su visión de los diversos temas de la actualidad nacional, como la corrupción y el desempleo, pero no tiene ni tiempo ni plata para responder qué pasó con los menores reclutados, ni para aportar un solo peso al costoso programa de desminado. Para eso no tienen ni tiempo ni plata. Todo ello ante la pasividad del Gobierno y de quienes negociaron con ellos en La Habana a nombre de los colombianos.

Al parecer, a los negociadores de La Habana se les olvidó que negociaron con una organización subversiva que tenía la condición de ‘ejército irregular’, es decir de un grupo armado con una estructura de mando definida y con responsabilidades claramente establecidas. Un ‘ejército irregular’ se sostiene en las armas que portan sus combatientes. Por eso llama la atención que nadie sepa cuántas y cuáles son las que tienen las Farc en su poder. Nadie. Solo sus jefes saben cuántas son. Ninguna cifra coincide con otra. Para Santos los 700 fusiles que entregaron inicialmente a la ONU se convirtieron –por arte de birlibirloque– en 7.000. Así lo dijo sin ruborizarse y nadie preguntó de dónde sacó los otros 6.300 fusiles.

De manera que las Farc-EP deberán responder algunas preguntas, aunque a sus jefes les resulte más divertido asistir a los programas de radio y otros medios de comunicación, a hablar de rol de amantísimos esposos y abnegados padres de familia. A otros –como Márquez y Santricht– les gusta que les pregunten por sus calidades literarias como poetas. Ellos, como muchos colombianos, “también cometen versos”.

Veamos, pues, cinco preguntas que deberían responder los jefes de las Farc:

Las llamadas ‘milicias’ hacen parte de un ‘ejército irregular’. Es decir, no solo los hombres armados –combatientes– conforman la organización militar. De su estructura también hacen parte quienes no portan armas, pero son fundamentales para el sostenimiento y expansión de la misma. Por esa razón es que es necesario que en el caso de las Farc, sus milicias también se desmovilicen. No tiene ningún sentido que los combatientes se desmovilicen y pongan la cara, pero no pase lo mismo con los milicianos. Las milicias reciben la misma preparación y capacitación política y militar de los combatientes, solo que no combaten, sino que cumplen diversas funciones en los centros urbanos, como universidades, sindicatos, escuelas y otras entidades. Ellas son fundamentales para el reclutamiento de nuevos combatientes, para infiltrar instituciones del Estado, como Ejército y Policía; para obtener recursos mediante la extorsión y el secuestro, y para la adquisición de nuevo armamento, entre otras funciones. Por eso resulta inadmisible que nadie en el Gobierno sepa –porque las Farc no lo han dicho– cuántos son sus milicianos. Pero, además: ¿cuándo se van a desmovilizar y cuándo ingresarán a los campamentos establecidos?

Ese es el otro gran misterio de las Farc que nunca se resolvió en La Habana y que aquí en Colombia también sigue sin despejarse. Como nunca hubo entrega de armas, sino que lo que aceptó el Gobierno es que hubiera dejación de las mismas, hoy nadie sabe cuántas armas han dejado las Farc y cuántas piensan dejar. La primera entrega fue de 700 fusiles, según los delegados de la ONU. No obstante, para Santos no fueron 700 sino 7.000. A la postre, los colombianos nos quedamos sin saber las 6.300 restantes de dónde las sacó Santos. Luego el descubrimiento de una caleta por parte del Ejército llevó a los voceros de las Farc a reconocer que hay más de 900 caletas enterradas en el país, donde las Farc tienen más armamento. Así lo dio a conocer el propio Timochenko, quien –además– sostuvo que si el Gobierno no cumple, las armas seguirán sepultadas. Mientras tanto, los guerrilleros armados con fusiles y pistolas citan a las autoridades municipales y departamentales para que les rindan cuentas sobre la marcha de sus administraciones.

En La Habana, las Farc se comprometieron con el Gobierno a entregar el número de frentes disidentes, así como el de los guerrilleros que no se desmovilizarán. Esas cifras también se desconocen. Ahora hay un agravante: el número de guerrilleros que está abandonando los campamentos establecidos, ante la lentitud con que avanza el desarrollo de los acuerdos. Muchos de ellos pensaron que solo era cuestión de meses, y ante el retraso optaron por abandonar las zonas de concentración y varios de ellos fueron seducidos por otras organizaciones criminales y hoy hacen parte de sus filas. Esta última cifra también se ignora. ¿Cuántos son sus hombres –armados y milicianos–?, ¿cuánto el armamento que está en su poder?, ¿cuántos no se acogieron a la negociación y cuántos han desertado? Nadie quiere saber nada de esos asuntos engorrosos, pues todos están concentrados en el futuro político y electoral de las Farc. Y ello es un grave error. En el caso de Venezuela son los ‘milicianos’ los que hacen el trabajo sucio del régimen chavista.

Las Farc tendrían más de 900 caletas enterradas en todo el país. Allí estarían buena parte de las armas que serían dejadas en manos de la ONU, una vez el Gobierno cumpla con lo pactado en La Habana. De acuerdo con el cronograma fijado, dicho armamento ya debería estar en poder de la ONU. Pero no lo está. Las Farc consideran que no están dadas las condiciones para su dejación. No obstante, hay versiones de inteligencia militar que indican que algunas de ellas están siendo trasladas para Venezuela, ante la posibilidad de que el Ejército Nacional continúe en la búsqueda de ellas. Otras versiones indican que un buen número de ellas sería destinado para armar a las milicias chavistas, que no son otra cosa que los grupos paramilitares al servicio del régimen de Maduro. Pero, además, también existe información en el sentido de que el ingreso de armas ilegales al país se mantiene, como en los tiempos en que las Farc estaban activas. Todo ese armamento que estaría llegando al país de forma ilegal, ¿para dónde va? ¿Es para los grupos disidentes de las Farc?

Esta pregunta también tiene un complemento: ¿Y cuántos fueron devueltos a sus hogares? Nadie sabe. Otra tomadura de pelo por parte de las Farc. Punto. Ni siquiera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) –muy interesado en pelear con quienes cuestionan su ineficiencia en La Guajira– sabe cuántos menores reclutaron las Farc y cuántos han devuelto. No tiene la más remota idea de cuántos niños han devuelto las Farc y cuántos tendría que devolver. Es más: cuando a los voceros de las Farc en La Habana el Gobierno les planteó la posibilidad de que fuera el ICBF la entidad que recibiera a los menores no le pararon bola y salieron con el cuento de que no se puede hablar de reclutamiento de menores, puesto que los niños ingresaron a las Farc de forma voluntaria para buscar una mejor vida. Y al parecer, los negociadores del Gobierno les creyeron, porque nunca más volvieron a insistir en el asunto. Como el reclutamiento de menores es un grave delito y como las Farc son un ‘ejército irregular’, lo mínimo que deben hacer en entregar a los menores que aún tienen en su poder.

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