Por Esteban Salazar
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), grosso modo, es el mecanismo de justicia alternativa acordado en el proceso de paz de la Habana entre el Gobierno nacional y las FARC-EP para alcanzar un punto medio entre víctimas y victimarios, que pueda dar fin al conflicto armado con esta guerrilla.
Sin lugar a dudas, hablar de puntos medios de justicia en un país acostumbrado a los extremos de las decisiones judiciales, causa polémica y disgusto. Personas condenadas a largas penas de privación de la libertad por cometer delitos menores, en comparación con el hampa de cuello blanco que termina en sus mansiones o fincas por cárcel, es apenas una muestra de las asimetrías en la justicia colombiana.
Recientemente, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, los cerebros del multimillonario descalabro de Interbolsa, fueron condenados a solo cinco años de cárcel y recibieron el beneficio de prisión domiciliaria. Una condena que pareciera ser exclusiva de un país que está acostumbrado a ser laxo con los ladrones de cuello blanco; pero que al final, no dista de las impuestas en Estados Unidos a los responsables de la crisis financiera mundial del 2008: nulas o insignificantes. Una realidad en la que algunos grandes empresarios pueden robar a sus anchas y recibir beneficios jurídicos importantes sin reparar a las víctimas.
Esa era una de las grandes preocupaciones de los empresarios partícipes y financiadores del conflicto armado en la JEP. Su juzgamiento debía estar a la medida del sastre político al que también han financiado para formular leyes en el Congreso de la República. Un juzgamiento basado en la impunidad del rico, a costillas de los pobres. Una impunidad más allá de las mentiras uribistas, en la que los grandes “señores de la guerra” arrasan tierras, financian campañas de izquierda y de derecha, guerrilla o paramilitares, esa misma que es dueña de las grandes maquinarias y medios de comunicación que desinforman para llevar la gente verraca a la calle. No importa el medio, lo que importa es obtener el mayor beneficio para sí en consecuencia de la manipulación de los estratos medios y bajos. Porque como leía hace unos días “no hay mejor producto del capitalismo que el pobre de derecha”.
Y es que no hay cosa más indignante que ver una persona que vive del salario mínimo saliendo a defender al terrateniente, al señor de la guerra. Defendiendo al que le quita sus derechos, al que le oprime y al que le gusta su corrupción y no la de los demás.
Es también el que le parece justo como quedó la JEP para aquellos terceros y señores de la guerra. Reza el Artículo transitorio 16, conciliado en Cámara de Representantes y en Senado, de la Competencia sobre terceros en la JEP que “Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen, siempre que cumplan con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición”. Es decir, que en la interpretación, todos los financiadores y responsables de delitos de lesa humanidad “podrán” acogerse voluntariamente por su participación en el conflicto armado; mientras que, el ejército nacional y las FARC-EP deberán hacerlo en el marco de la obligatoriedad.
Si bien el punto medio de justicia es buscar un mecanismo alternativo para que se termine el conflicto armado y, en efecto, el ejército y las FARC-EP cumplen ¿Cuándo se van a desarmar los señores de la guerra? ¿Cuándo dejaremos de ser inversión y rendimientos para la muerte?
La JEP puedo haber quedado mucho mejor. Los mecanismos transitorios de justicia en los conflictos armados alrededor del mundo deberían acoger a todos los actores involucrados en el meollo del asunto. Porque justamente como quedó la JEP, va a permitir que algunos actores involucrados entren obligatoriamente y otros voluntariamente. Sobre todo, cuando se ha expuesto que la justicia ordinaria tampoco es la panacea jurídica, y que sus fallas estructurales son permisivas con los grandes empresarios y políticos corruptos, en donde los ladrones de cuello blanco siguen campantes y ante el más mínimo atisbo de amenaza a sus intereses, apelan a la violencia. Al peor estilo de los asesinatos generalizados a líderes y lideresas sociales en las regiones del país, donde estos grupos económicos ven amenazados sus feudos ante el fin del conflicto armado.
No es equiparable el trato que reciben en la justicia ordinaria los guerrilleros de las FARC-EP y los militares en los fueros especiales, en comparación con las prebendas de los ladrones de cuello blanco, y de quienes financian y promueven el conflicto. Así como tampoco será equiparable la responsabilidad que están asumiendo, con toda dignidad, los militares y guerrilleros en la JEP; mientras que, el poder económico detrás del conflicto, puede hacerlo de forma voluntaria con el miedo de las huestes políticas que promueven sus mismos engendros.
Esteban Salazar es investigador académico en la Fundación Paz & Reconciliación