Análisis Ley del Montes | Justicia y política, ¿quién podrá salvarlas?

Los escándalos de corrupción tienen a la clase política y a la Administración de Justicia contra las cuerdas, y quienes dicen combatirla se valen de las malas prácticas que critican.

POR: OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

Por cuenta de la corrupción creciente y desbordada, a los políticos cada día los quieren menos. Y la razón para ello es bastante simple: todos los señalan de ser los culpables de que dicho fenómeno haya crecido de forma exponencial en el mundo en general y en Colombia en particular. No hay corrupción sin políticos y no hay político que no sea corrupto. Esa parece ser la premisa que se impone por estos tiempos en todas partes.

Pero el hecho de que la inmensa mayoría de las personas crea que el maridaje perverso de políticos y corrupción es el gran responsable de la crisis actual, no quiere decir que no haya políticos honestos, ni que no exista corrupción sin políticos. Los grandes escándalos recientes del mundo y de Colombia tienen como protagonistas a prósperos empresarios y prestigiosas multinacionales. En Colombia habría que citar a manera de ejemplo los casos de Interbolsa, Salucoop y Odebrecht, que tuvieron como protagonistas a “gente bien” de Bogotá , o altos ejecutivos de Brasil con músculo suficiente para tocar y abrir puertas en campañas presidenciales o en entidades del Gobierno.

Aunque el pulpo gigantesco de Odebrecht puso sus tentáculos en casi todas las campañas presidenciales, tanto en 2010 como en 2014, al tiempo que financió a varios congresistas, el presidente Santos declaró por televisión que desconocía del ingreso de esos dineros a sus huestes: “Me acabo de enterar”, sostuvo en tono vehemente.

La mezcla de políticos y corrupción ha terminado por crear un ambiente pesimista generalizado, que ha llevado a la crispación del estado de ánimo de los colombianos, cuya indignación y rabia se manifiesta en diversos canales, especialmente en las redes sociales, que terminaron convertidas en el escenario perfecto para expresar la inconformidad y el rechazo de quienes se sienten excluidos y maltratados. Todo ello ante la pasividad de los medios masivos de comunicación, que son señalados de prestarse para el juego de los políticos y de los corruptos. O de los políticos corruptos, considerados  -como no- el eje del mal nacional.

Esta ola de “indignación social” no se da solo en Colombia. Es un fenómeno mundial. Donald Trump ganó en Estados Unidos cabalgando sobre el lomo de los medios de comunicación tradicionales y sobre un establishment que no supo cómo contrarrestar su astuta ofensiva. Trump disparó con regadera y pocos lograron sobrevivir a su ataque frontal. Toda la estrategia la arropó con la sábana gruesa del nacionalismo y ello arrojó como resultado final su llegada triunfante a la Casa Blanca.

En el caso colombiano existe un componente adicional que poco contribuye a entender mejor el problema: una Justicia cuestionada y cada día más desprestigiada, empezando por las altas cortes, que terminaron cooptadas por el Ejecutivo, o en manos de magistrados desvergonzados y avarientos que convirtieron la tristemente célebre figura de la “puerta giratoria” en su juguete preferido. Otros fueron más allá: no sólo saltaron de una Corte a otra, sino que salieron del Congreso de la República y cruzaron la Plaza de Bolívar para ponerse la toga y el birrete.

Hoy asistimos en Colombia a una Justicia politizada y a una política judicializada, cuyo efecto nocivo no es otro que la postración de la Administración de Justicia, cuyos fallos o sentencias son objeto de mofas y burlas. El descreimiento en sus decisiones es generalizado. Prueba de ello es la reciente condena a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cerebros del fraude al Fondo Premium en 2012 -que ascendió a los 350 mil millones de pesos- quienes fueron sentenciados a pagar una multa irrisoria -dada la cuantía del fraude- y a cinco años de “prisión domiciliaria”.

A nadie le cabe en la cabeza que quienes estuvieron al frente del mayor descalabro bursátil de los últimos años en el país, que significó la quiebra de cientos de personas y decenas de empresas, se vayan tranquilos para sus casas a rascarse sus barrigas, mientras que quien se robó dos cajitas de Caldo Maggi en un supermercado fuera condenado a una pena similar, pero sin el beneficio de la casa por cárcel, puesto que ni siquiera casa tiene.

La mala hora de la Justicia, aunque un poco más reciente que la de la Política, también lleva varios años. Y lo que es peor: está lejos de terminar. Antes porque los “magistrados malos” se encargaron de neutralizar a los “magistrados buenos”, hasta el punto de que el país debió esperar hasta un año para conocer la elección de uno o dos togados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, la Administración de Justicia estaba -o está- manga por hombro. Hoy son los “magistrados buenos” los que pusieron el freno de mano, con el fin de que los “magistrados malos” no sigan imponiendo sus recomendados. Se trata de una guerra de poderes intestina, cuyas consecuencias las pagamos todos los colombianos, que somos quienes aspiramos a contar con una Justicia eficiente y oportuna, pero -sobre todo- justa. ¿Qué hacer ante este panorama desalentador? ¿Qué está pasando en las altas cortes? ¿La crisis nacional es culpa solo de los políticos?

Cumbre en Palacio para vetar nombres

Uno de los grandes y graves problemas que lastran de corrupción el prestigio de la Administración de Justicia es el carrusel de favores cruzados entre los organismos de control y las altas cortes en las que sus nombramientos tienen origen pleno o relativo. Alejandro Ordóñez cooptó parte del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia a punta de puestos. Por eso fue destituido, pues esa fue la razón por la que el Consejo de Estado anuló su reelección. Pero -por desgracia- las malas mañas siguen: en la reciente cumbre de la Casa de Nariño, a la que asistieron el presidente de la República, Juan Manuel Santos; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el contralor general, Edgardo Maya Villazón; y el procurador general, Fernando Carrillo, habrían sido varios los nombres de aspirantes a la Corte Constitucional que resultaron vetados. El Fiscal Martínez Neira tendría candidato propio en las ternas de Presidencia y tiene a Álvaro Motta como su candidato en las de la Suprema. Pero el contralor Maya Villazón no se queda atrás: Diana Fajardo es su candidata. Y hasta él magistrado Alberto Rojas tiene su propio candidato: Alejandro Ramelli, su magistrado auxiliar. De manera que poca independencia tendrán quienes lleguen a las altas cortes con la muleta del padrino. El espectáculo es triste y lamentable, pues los “espadachines de la Justicia” y “cruzados contra la corrupción”, se valen de las mismas prácticas que dicen combatir. ¡Apague y vámonos!

Altas cortes: ¿batalla fundamental o batalla campal?

A las voces que desde los medios de comunicación clamamos porque la Corte Suprema integre en el menor tiempo posible las ternas que le corresponden para terminar de conformar la Corte Constitucional, la respuesta que recibimos es que tengamos calma y que no hay afán. Magistrados del alto tribunal sostienen que “lo importante no es que se integren las ternas, sino que se integren bien”. Es decir, la batalla que se libra en la Suprema es entre unos magistrados que quieren que las ternas se integren bien y otros que pretenden que se integren mal. De acuerdo con fuentes muy allegadas a la Corte Suprema, con quienes hablé, las mayorías pretenden imponer a Carlos Ardila Ballesteros, Martha Isabel Castañeda, Wilson Ruiz, Diego Ardila y Alejandro Ramelli, entre otros. Para los “magistrados buenos”, estos aspirantes carecen de las calidades para acceder al alto tribunal. “Sería una vergüenza -sostuvo un ex magistrado de la Corte Suprema- que la decana de las altas cortes -que libró batallas contra el narcoterrorismo, contra la narcopolítica y la parapolítica, termine integrando ternas compuestas por políticos profesionales y por juristas de dudoso apadrinamiento”. Mientras ese pleito a muerte entre “buenos” y “malos” se dirime, la Administración de Justicia cada día aumenta su desprestigio.

Corte Constitucional, ¿lucha de poderes o poderes para luchar?

El país recuerda la más reciente lucha de poderes en la Corte Suprema de Justicia. Ocurrió cuando el alto tribunal paralizó por año y medio la elección del Fiscal General, hasta tanto no escogieran a Luis Gabriel Miranda como magistrado de la Sala Laboral. A la postre lo eligieron con apenas 14 votos. Mientras los magistrados “buenos” y “malos” se enfrentaban a muerte en la Suprema, el país estaba en vilo esperando que eligieran el Fiscal General. En ese momento quedó claro cuáles son las prioridades de la altas cortes, cuando se trata de elegir a sus magistrados. El hecho de que Miranda haya resultado buen magistrado no excusa las maniobras de sus poderosos amigos. Ahora los “magistrados buenos” señalan a los “magistrados malos” de haber enterrado la Reforma a la Justicia, cuando introdujeron la ampliación de su periodo a 12 años. “Son los mismos -dicen amigos de los ‘buenos’- que ahora pretenden adueñarse de la Corte Constitucional y seguir con mayorías absolutas en la Suprema”. La pelea es, pues, a muerte. ¿Qué está en juego? Nada más y nada menos que: la elección de un magistrado de la Sala Civil, así como la Secretaría General, pero -sobre todo- la elección de 12 magistrados adicionales que se acaban de crear por un único periodo de ocho años para la Sala Laboral. Ahí es donde está la bolita.

¿Hasta ahora se enteraron de los efectos de la JEP?

Al igual que Santos con los dineros de Odebrecht que habrían ingresado a su campaña, los magistrados de las altas cortes andan en las mismas con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pues sólo hasta ahora se vienen a enterar del monstruo con competencias omnímodas que les crearon en sus narices entre Santos y las FARC. Pero ya es tarde. El gol olímpico se lo dejaron meter, por andar comprando peleas entre ellos y por andar conspirando unos contra otros. Punto. Ya la Ley fue aprobada, ya fueron designados los delegados que nombraran a esos “Supramagistrados” y ya prendió motores esa máquina que se encargará de triturarles sus competencias. Como en el bolero: Ya es tarde, corazón, no llores más… Ahora deberá cada una de las especialidades -Civil, Constitucional, Administrativa y Penal- construir una Jurisprudencia sólida que desde la legitimidad se imponga del Fast Track de la Justicia Especial para la paz, que crearon por encima de los más de 120 años de casación de la Corte Suprema y los 200 años del Consejo de Estado.

 

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