ONU advierte que ley de amnistía y Justicia para la Paz podrían caerse en la Corte Constitucional

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que las leyes de amnistía e indulto y la Jurisdicción Especial para la Paz, aprobadas en el Congreso de la República para la implementación del acuerdo final con las Farc, se pueden caer en la Corte Constitucional por beneficiar a agentes a los que ya se les han ejecutado sentencias por delitos de lesa humanidad.

“La ley de amnistía debe ser bien limitada en razón de los estándares internacionales; las personas que pueden tener amnistía bajo la normas internacionales son bien claras: aquellas con cargos de rebelión y cargos conexos“, afirmó el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland.

Pero, dijo Howland, “esta ley de amnistía está mezclando viarias cosas, mete a gente que ya tiene investigaciones y sentencias por crímenes contra los Derechos Humanos. Estas personas deben tener otra ley para poder establecer las condiciones de sometimiento a una Jurisdicción Especial para la Paz“, añadió.

Howland indicó que existe otro grupo como el de los movimientos sociales que tampoco debe estar dentro de la ley de amnistía y, por el contrario, debe estar regido por una norma diferente.

“Los movimientos sociales no deben estar dentro de la ley de amnistía, ellos los están investigando de ser miembros de las Farc, pero en realidad no lo son y ellos no deben tener ningún interés en ingresar a las zonas veredales“, indicó.

Según el informe, “el Alto Comisionado de Naciones Unidas lamenta que, en un Estado de derecho, no se haya asignado a una entidad independiente e imparcial, sin ninguna relación con los posibles beneficiarios, la tarea de postular los funcionarios públicos que serán considerados para la libertad condicional“.

“Además, la ley no establece criterios objetivos y basados en derechos para evaluar la elegibilidad. Tampoco establece un sistema efectivo para el seguimiento y control de los miles de posibles beneficiarios, con el fin de evitar la obstrucción de la justicia y la intimidación de las víctimas y los testigos“, agrega el informe.

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