Análisis Ley del Montes: Santos Vs Uribe, duelo de titanes

Por Oscar Montes

@LeydelMontes

Después de librar la primera batalla durante el proceso de paz con las Farc, ahora miden fuerzas por cuenta de la corrupción, que los salpica a ambos.

La guerra declarada entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, no da tregua. Todo lo contrario: cada día arrecia más. Quienes han tratado de tender puentes para propiciar un nuevo acercamiento han fracasado en el intento. Ni el mismísimo papa Francisco pudo hacer el milagro de reconciliarlos. “Aproximación no habrá y mucho menos nueva amistad”, me respondió de forma tajante un allegado a ambos, quien -como muchos otros amigos comunes- también tiró la toalla en esa misión.

Del distanciamiento -¿la enemistad?- entre Santos y Uribe las grandes ganadoras han sido -hasta ahora- las Farc, que supieron sacar provecho de un gobierno debilitado, cuya generosidad no tuvo límites, hasta el punto de que hoy los propios negociadores de La Habana reclaman en foros académicos lo que no exigieron en la mesa de negociación.

Las consecuencias de esa debilidad oficial apenas comenzamos a padecerlas los colombianos. El mejor ejemplo -pero no el único- de la laxitud del Gobierno con las Farc es el caso de los menores reclutados a la fuerza por ese grupo guerrillero, quienes -pese al compromiso adquirido en La Habana- siguen aún en las filas guerrilleras.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señalado por los jefes de las Farc como “enemigo de la negociación”, por denunciar el incumplimiento de lo pactado en La Habana, afirmó que “la entrega de todos los menores reclutados debió quedar estipulada en los acuerdos finales con las Farc”.

El propio gobierno, en cabeza del presidente Santos, parece querer enmendar la tarea, mediante la exigencia de la devolución de los menores en poder de las Farc, aunque sólo se refirió a aquellos “menores de 15 años”.

Resulta increíble que ante la gravedad de los hechos, pues el reclutamiento de menores es un crimen de lesa humanidad, ninguno de los negociadores del Gobierno, haya exigido la liberación de todos los menores, como condición “sine qua non” para continuar con la negociación en La Habana.

Ahora – por cuenta de la corrupción – se abrió un nuevo capítulo del duelo de titanes, entre Santos y Uribe. A juzgar por los primeros anuncios, la apuesta es por probar cuál de los dos gobiernos ha sido el más corrupto. O el menos corrupto, depende desde la orilla que se mire el asunto. Santos dice que fue Uribe y Uribe sostiene que el más corrupto es Santos. Puede que ambos tengan razón.

La primera ficha del rompecabezas que cayó a la mesa fue la de la multinacional brasileña Odebrecht, cuyos máximos directivos – incluyendo a su presidente Marcelo Odebrecht – están presos en Brasil, condenados por corrupción.

Hoy – por boca de los propios implicados – se sabe que los tentáculos de la multinacional llegaron a todos los países de América Latina, incluyendo – claro– a Colombia, donde la Fiscalía General investiga, fundamentalmente, dos multimillonarios contratos: concesión Ruta del Sol II y recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. En ambos tuvieron participación funcionarios de los dos gobiernos.

En sus indagaciones preliminares la Fiscalía General vinculó penalmente al proceso a un ex viceministro de Transporte y a un exsenador de la República: Gabriel García Morales y Otto Bula, respectivamente. Ambos se encuentran detenidos y en trance de buscar acuerdos para lograr beneficios a cambio de colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Al referirse a quien fuera su ex viceministro de Transporte, Uribe sostuvo que llegó al cargo por su excelente hoja de vida y por recomendación de quienes conocían su trayectoria. También sostuvo que se sentía “traicionado” por García, a quien en su momento calificó como un funcionario “impoluto”.

Esa misma palabra fue la que utilizó el pasado viernes el presidente Santos, cuando salió en defensa de sus exministras, Cecilia Álvarez y Gina Parody, de las acusaciones proferidas por senadores del Centro Democrático, quienes sostienen que ellas se habrían beneficiado de la construcción de un tramo de la transversal Ocaña-Gamarra.

La Fiscalía General investiga si la adjudicación de la obra, así como la modificación del contrato original, mediante un otrosí, fue producto del pago por parte de Odebrecht de 4,5 millones de dólares en sobornos a distintos funcionarios del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través del ex senador Bula.

La obra benefició a la familia de la exministra de Educación, Gina Parody, compañera sentimental de la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, quien habría participado en la adjudicación del contrato. Así lo denunció el Centro Democrático, que sigue las orientaciones del expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, antiguo jefe de Álvarez y padrino político de Parody, cuando ésta empezó en la política.

Al defender a Parody y a Álvarez, el presidente Santos se valió de una de las principales armas de Uribe: la red social Twitter. El viernes pasado, Santos escribió en su cuenta: “Qué tristeza ver al Centro Democrático matoneando a dos exministras, esas sí impolutas”.

En su alegato, Santos incurrió en el mismo pecado que le achaca a Uribe: meterse en los terrenos del Poder Judicial y no respetar el debido proceso, que establece todas las garantías de la plena defensa.

Además, ejerció presión sobre el Fiscal General, quien está al frente de las investigaciones por los sobornos de Odebrecht. Se trata -sin duda- de una intervención abusiva y torpe por parte del Presidente.

¿Presidente Santos presiona a la Justicia?

Está muy bien que el presidente Santos crea en la inocencia de sus exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, denunciadas por el Centro Democrático de –al parecer– haberse beneficiado de la construcción de un tramo de la obra Ocaña-Gamarra, construido por la multinacional Odebrecht. Pero está muy mal que para defenderlas tenga que presionar a la Fiscalía General, pues quien debe determinar si las ex ministras son “impolutas” es la Justicia y no Santos. Igual pasa en el caso del ex viceministro, Gabriel García, calificado de “impoluto” por Uribe. El exfuncionario –al igual que Álvarez y Parody– deberá demostrar su inocencia en los estrados judiciales. No es Santos quien define si son inocentes o culpables, como tampoco esa es la función de Uribe. La separación de poderes es el pilar fundamental de todo sistema democrático. Santos no debe meterse en los terrenos del Poder Judicial por las mismas razones por las cuales el Poder Judicial no puede meterse en los terrenos de Santos. Punto. Igual debe ocurrir con los organismos de control, como la Procuraduría General y la Contraloría, que deberán ocuparse del asunto y pronunciarse a fondo sobre el mismo, pero con absoluta autonomía y lejos de cualquier tipo de presión por parte del Ejecutivo. Tanto Álvarez como Parody han desempeñado sus cargos con eficiencia y salieron de ellos con fama de cumplidoras de sus deberes y apenas natural que tanto el Presidente como sus excompañeros de gabinete crean en su inocencia y sean solidarios con ellas.

Gobierno: denunciar sí, pero a los demás

Hasta hace muy poco el presidente Santos pregonaba a los cuatro vientos que ninguno de sus funcionarios se había visto envuelto en escándalos de corrupción. De esta forma dejaba en evidencia sus diferencias con el gobierno de Uribe, quien tiene a más de uno de sus ex ministros en graves problemas con la Justicia. Esa es una de las razones que llevó a Santos a meter las manos en la candela por las exministras Álvarez y Parody, cuyos nombres figuran en el escándalo de Odebrecht. Pero el Presidente debió buscar una forma distinta para expresar esa solidaridad en lugar de ejercer presión sobre la Fiscalía General, cuya obligación no es otra que la de investigar todas las denuncias que recibe sobre posibles delitos. El respeto por el debido proceso rige para todos y eso incluye al Presidente. Una frase pudo permitirle a Santos expresar su respaldo a Álvarez y Parody: “Confío plenamente en ellas y espero que puedan demostrar su inocencia”. Así de simple. ¿Para que llamar matoneo a la denuncia de los senadores del Centro Democrático? ¿O es que para el Gobierno, denunciar es matonear? ¿No es acaso denunciando como se combate la corrupción, una de las banderas del Gobierno? ¿O es que sólo vale luchar contra la corrupción cuando se trata del gobierno anterior al de Santos?

¿De qué señalan a Álvarez y Parody?

La denuncia de los senadores del Centro Democrático en la Fiscalía General contra las exministras Álvarez y Parody –que desató la ira del presidente Santos– se basa en los supuestos delitos de interés indebido en la celebración de contrato y violación al régimen legal de inhabilidades. El soporte de la denuncia radica en la resolución emitida por la entonces ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, 15 días antes de abandonar el cargo. Mediante dicha resolución se autorizó la ampliación de la llamada Ruta del Sol II, hasta el tramo Ocaña-Gamarra, zona donde tiene intereses económicos la familia Parody. De acuerdo con voceros del Centro Democrático, la condición de que las ministras Álvarez y Parody sean pareja influyó en esa decisión. Tanto Álvarez como Parody sostienen que todo es producto de una persecución de Uribe, aunque todavía no se han pronunciado concretamente sobre las denuncias. “Mientras más nos persigue, más fuerte estamos. Honestas en lo público y en lo privado”, escribió Parody en su cuenta de Twitter. La violación del régimen legal y constitucional de inhabilidades, así como la celebración indebida de contratos son delitos contra la Administración Pública y cada uno de ellos tiene una pena mínima de 64 meses y una máxima de 216 meses.

Santos contra Uribe, trapitos al sol

Al posicionar la corrupción como el ‘issue’ de la campaña presidencial de 2018, tanto Santos como Uribe apuestan a encontrar la mayor cantidad de esqueletos en los armarios de su principal adversario. Y es muy probable que encuentren muchos, pues cada uno sabe dónde los escondió quien hoy figura como su principal enemigo y en el pasado reciente fungió como su principal aliado político. La lucha contra la corrupción en un país con una de las clases políticas más corruptas del mundo no resulta un negocio rentable para los políticos. Por esa vía todos pierden, aunque la opinión pública tendrá -¡por fin!- una muy buena oportunidad para conocer los secretos que tienen guardados unos de otros. Pero la lucha contra la corrupción tampoco es una buena bandera electoral, sencillamente porque los “candidatos impolutos” no tienen con quien confrontar sus propuestas. ¿O es que alguien conoce a un político corrupto que defienda la corrupción? Nadie lo hace, ni los corruptos. El nuevo capítulo del “Duelo de Titanes” Santos contra Uribe servirá -eso sí- para que ambos laven sus trapitos al sol y los colombianos sepamos qué tanta ropa sucia tiene que lavar cada uno de ellos. Y eso no es poco.

TOMADO DE EL HERALDO

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