En manos de la Corte

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Por Juan Lozano

En medio de esta polarización que mantiene en sus extremos a quienes ya anunciaron la llegada de Colombia al cielo y a quienes, por el contrario, creen que ya llegamos al infierno, es necesario mirar hacia la Corte Constitucional y exigir que cumpla serena y patrióticamente con su misión, sin dejarse presionar por las circunstancias, ni por las Farc, ni por Santos, ni por la oposición, ni por los ‘shows’ de Cuba, ni por lágrimas de ilusión ni por las del rencor.

La Corte tendrá que adoptar decisiones trascendentales a sabiendas de que a las Farc ya no les interesa tanto la constituyente, comoquiera que el Gobierno y las mayorías parlamentarias ya les han concedido en Cuba prácticamente todo y más de lo que pretendían en materia de reformas constitucionales.

Por eso, el anuncio de las Farc de acogerse a lo que dictamine la Corte sobre el plebiscito, más que un triunfo del Gobierno, es, en realidad, la confirmación de que los negociadores de las Farc lograron someter temprano a su contraparte en la mesa y convertirse en constituyentes de hecho, como ya lo son, modificando a su antojo y con su propia redacción la Constitución y las leyes.
Para ello, las Farc no debieron surtir ningún proceso democrático ni ganarse un solo voto. Bastaban la debilidad en la mesa de su contraparte y la silente sumisión de las mayorías parlamentarias para lograr un hecho inédito en nuestra historia: el ponente de una reforma constitucional en séptimo debate introduce un ‘mico’ con ropaje de paloma y les dice a sus colegas que lo tienen que aprobar sin cambiar ni una coma, porque así lo definieron las Farc con el Gobierno. Y retumbó el pupitrazo.

Con ese antecedente, la responsabilidad de la Corte se resume en que, con plena independencia, debe corregir el plebiscito amañado y tramposo que diseñó el Congreso de manera que su resultado pueda ser reconocido y aceptado por todos los colombianos.

Para empezar, debería la Corte exigir que el plebiscito solo se convoque una vez las Farc hayan dejado la totalidad de sus armas en manos de las Naciones Unidas y se encuentren concentradas en las zonas acordadas. A toda costa hay que evitar el proselitismo armado.

Y ojalá la Corte, en su sabiduría, restablezca las garantías democráticas que el Congreso negó. ¿Mantendrá el umbral del 13 por ciento? ¿Buscará la aplicación extensiva de la ley de garantías? ¿Impondrá alguna restricción a los funcionarios públicos en actos de entrega de viviendas, subsidios o beneficios del Gobierno? ¿Definirá algún congelamiento presupuestal? ¿Establecerá restricciones a alcaldes y gobernadores? ¿Prohibirá en algún momento la propaganda oficial y la publicidad del Gobierno? ¿Exigirá financiación para el no? ¿Habilitará el voto en blanco? ¿Restringirá la ‘mermelada’ plebiscitaria?

Y si la Corte tiende a desechar los argumentos orientados a tumbar el plebiscito, ¿no debería antes de proferir su fallo conocer en su totalidad el contenido de los acuerdos? ¿Todo vale? Aún no sabemos cómo se van a elegir los magistrados de la justicia transicional, ni sabemos cómo se va a desmontar el narcotráfico, ni cómo evitar el reciclaje de brazaletes con el Eln y las ‘bacrim’, ni cómo van a aportar su narcodinero para reparar víctimas, ni cómo van a regresar los menores reclutados criminalmente ni cuántas curules les darán en el Congreso; en fin, faltan como cuarenta corchetes aplazados.

Lo cierto es que, más allá de la inmensa desconfianza que genera el gobierno Santos en amplios sectores y de la indignación que tantas veces han generado las Farc, este proceso ha llegado a un punto inédito. Ojalá el cierre de la negociación corrija errores y sea justo, pronto, aceptable y sostenible ante Colombia y el mundo, particularmente en materia de crímenes de lesa humanidad. Amanecerá y veremos. Por lo pronto, le corresponde a la Corte convertirse en el garante de nuestro futuro. Ojalá acierte.

JUAN LOZANO

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