Combatir las mafias que trafican con el hambre de los niños es una prioridad nacional.
POR JUAN LOZANO
¿Quién puede ser más cruel, más asesino, más criminal que aquel empresario próspero o aquel político influyente que les roba la comida a niños que mueren de hambre? ¿Quién puede ser más cobarde y despreciable que el funcionario público que les hace el juego a esas mafias?
¿Qué régimen puede ser más pestilente que aquel que acepte que el hambre de los niños haga parte del tráfico de cuotas burocráticas y repartijas de poder para comprar congresistas, diputados o concejales? ¿A qué horas se anestesió este país frente a estos padecimientos de los niños, convertidos en mercancía a la hora de confeccionar licitaciones envenenadas para adjudicar contratos multimillonarios a estos desalmados?
Por eso resulta tan valerosa e importante la determinación de la ministra Gina Parody, tras investigaciones conducidas por su propio despacho, de hablar de frente y formular, con nombres propios y telarañas empresariales en la mano, las denuncias ante la opinión pública y la Fiscalía para que se adelanten los procesos penales correspondientes.
La información detallada que entregó el viernes la Ministra sobre La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander representa un gran avance, al igual que el compromiso del Contralor y la decisión de la Fiscalía para proceder con celeridad, como ya lo ha hecho tras otras denuncias valientes formuladas por Cristina Plazas, directora del ICBF, que arrojan 20 capturas y un exdirector regional en la cárcel. Ojalá vengan más condenas.
Que cada niño que muere de hambre es asesinado y que la masacre del hambre responde a un mecanismo criminal, lo dijo el suizo Jean Ziegler, exrelator de la ONU para el derecho a la alimentación, en entrevista para el diario ‘El Mundo’. Por eso los pasos corajudos dados para procesar a estos peligrosos delincuentes son trascendentales… pero no son suficientes, pues hay una falla atroz del sistema en su conjunto. ¿Qué hacer?
Primero. Se debe definir una política integral de alimentación infantil que acabe con el caos favorecedor de corrupción en programas dispersos que tienen componentes nutricionales, como por ejemplo el PAE, del Ministerio de Educación; los hogares de bienestar, del ICBF, los refrigerios escolares de centenares de municipios y departamentos o los compromisos de familias en acción del ultrapolitizado Departamento de Prosperidad Social. Por eso resultan interesantes las ideas de la ministra Parody para estructurar una coordinación de Estado ante tanta rueda suelta.
Segundo. Se debe tipificar un delito especial con condenas mucho más severas que lleguen hasta cadena perpetua, como merecen también los violadores y asesinos de niños. Las mafias del hambre no son simples bandas de corruptos. Son, como se desprende de la teoría de Ziegler, asesinos o torturadores de niños que cuando no los matan los condenan para el resto de su vida, con las secuelas inhabilitantes de la desnutrición.
Tercero. Se debe definir una isla de integridad frente a la alimentación escolar, con pactos de integridad y veeduría ciudadana descentralizada que sirvan para impedir que los políticos o los bandidos determinen la adjudicación de contratos, como lo sugiere Rudolf Hommes.
Cuarto. Se debe compartir toda la información relevante de estas redes para que Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Dian, Uiaf y Supersociedades, entre otras entidades, estimulen la denuncia ciudadana y actúen frente a estas marañas criminales bloqueándoles toda reencarnación ilícita para perseverar en sus delitos.
Quinto. Se debe inscribir la alimentación infantil dentro de un plan nacional de oportunidades que restablezca la equidad en el partidor de la vida y que, con la plata que hoy se roban estos criminales, les permita a todos los niños de Colombia desplegar alas inmensas para ser felices y conquistar sus sueños.